ALLÁ EN LA NACIÓN Y ACÁ EN LA PROVINCIA

Allá existe un cronograma electoral preestablecido de antemano, por ley y desde hace años.

El artículo 20 de la Ley 26.571 de 2009 que estableció las PASO dice: "La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización. Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Electoral Nacional. " 

Y el artículo 53 de la Ley 19.945 fue reformado por lar Ley 25.983 en diciembre del 2004 para decir: "La convocatoria a elección de cargos nacionales será hecha por el Poder Ejecutivo nacional. La elección se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148." (las negritas son nuestras)

El 148 a su vez se remite a lo que dice el artículo 95 de la Constitución, para la elección de presidente y vice. 

O sea que allá se sabe desde hace 10 años que las generales son el cuarto domingo de octubre, y desde hace cinco años, que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son el segundo domingo de agosto; en ambos casos por leyes impulsadas por el kirchnerismo. 

Acá el cronograma electoral lo determina el gobernador de la provincia en cada oportunidad, generalmente al gusto y paladar del oficialismo de turno; y con la sola salvedad de no exceder los plazos previstos por el artículo 70 de la Constitución provincial, contados a partir del final del mandato del gobernador en ejercicio.

En éste caso Bonfatti -que va a ser candidato a diputado- anticipó la convocatoria de modo tal que entre el llamado y el cierre de listas median apenas 65 días, en pleno verano; y entre la elección del futuro gobernador y su asunción, mediarán seis meses (el plazo máximo permitido por la Constitución): imaginen la transición si hubiera cambio de signo político.

Allá suman cuestionamientos al nuevo juez electoral designado en la provincia de Buenos Aires porque -dicen- no habría sido designado de acuerdo a las pautas del Consejo de la Magistratura; y lanzan -como cada cuatro años- denuncias al voleo y por anticipado, de que habrá fraude electoral.

Omitiendo señalar que deben ocuparse de fiscalizar el comicio en cada mesa, y que cualquier irregularidad que se produjera en la elección y fuera eventualmente convalidada por el juez cuestionado, puede ser subsanada por la justicia; a través de la Cámara Nacional Electoral. 

Correspondiendo agregar también que es un clásico de todas las elecciones que se denuncie el fraude de antemano (para deslegitimar el resultado), pero esas denuncias nunca se concreten a posteriori de la elección donde corresponde, que es en la justicia.

Mientras tanto acá -donde gobiernan los republicanos transparentes- no existe la justicia electoral, la Secretaria Electoral es una funcionaria del Poder Ejecutivo designada por el gobernador; que además en este caso en particular carga en sus alforjas con mocos varios, desde la "migración" de electores de un distrito a otro (denunciada por la UCR), hasta fraudes en el cómputo de los votos en el escrutinio definitivo, como pasó en Tostado en las últimas elecciones provinciales.   

Y como no hay justicia electoral, hay que reclamarle al Tribunal Electoral; que se arma para cada elección, con el presidente de la Corte, un camarista y la Secretaria Electoral, designada por el gobernador.

Allá cuestionan la ley para llamar a elecciones de diputados al Parlasur porque supuestamente sería para darle fueros a Cristina, que ni siquiera ha dicho que sería candidata. Por el contrario, en el acto por el día de la democracia y los derechos humanos lo descartó.

Acá Bonfatti lanza su candidatura a diputado provincial para incidir en la interna del FPCyS, y Barletta (no nosotros: él) dice que será testimonial porque -como hizo en 1997 siendo candidato a concejal por Rosario- renunciaría una vez electo, para ser luego candidato a senador nacional. 

Allá -como se dijo- las reglas electorales son claras, están establecidas por ley y se conocen desde hace años por todos los actores políticos; incluyendo por ejemplo el acceso igualitario a la publicidad electoral gratuita para todos los partidos y candidatos, garantizada por la ley de las PASO, que no votaron cuando se discutió en el Congreso pero ahora elogian, como la panacea del sistema político argentino.

Acá acaban de aprobar -entre gallos y medianoche- una reforma electoral express para subir el piso de votos necesario para pasar de las PASO a la general; para perjudicar una probable lista de unidad de la izquierda, recordando el antecedente de la bochornosa privación de la banca a Del Frade por Proyecto Sur en 2011; justamente con la complicidad de la Secretaría Electoral y la Corte Suprema provincial.

Y en lugar de garantizar la publicidad gratuita, aprovechan para engordarle las cuentas a los medios adictos, con la chequera de la pauta oficial; con lo cual hasta la propaganda opositora, termina siendo indirectamente oficialista.

El tema es, entonces, muchachos, que no se puede andar predicando moral con la bragueta abierta; jugándola allá de apóstoles del sufragio libre, mientras acá explotan cada resquicio que les deja el régimen electoral para beneficiarse, al mejor estilo de Ruggerito o Barceló.