ACÁ EN SANTA FE EN CAMBIO, "TODO PASA"

Leíamos esta semana en Ambito que la Auditoría General de la Nación aprobó la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2013, por unanimidad de sus miembros, incluyendo al "figuretti" Despouy: "Cristina de Kirchner ya logró que el Congreso le aprobara las cuentas de inversión de 2011 y de 2012, tomando en cuenta este último período de Gobierno. Pero ayer rompió un récord: la Auditoría General le aprobó las cuentas de 2013 por unanimidad. Es decir, hasta los auditores que representan a la oposición en ese cuerpo, Horacio Pernasetti, Alejandro Nieva y el propio Leandro Despouy, presidente del cuerpo, votaron a favor del dictamen del oficialismo ratificando lo actuado por el Gobierno en materia de ejecución presupuestaria en 2013. La votación a favor dio 7 a 0.

No hubo disidencias en cuanto al manejo de la deuda, déficit o reasignaciones presupuestarias. Se trata de un récord: es la primera vez en la historia, desde que se analizan las cuentas de inversión, que un año es aprobado por unanimidad.

Lo exigió también Néstor Kirchner en 2007 y logró irse de la presidencia con todas sus cuentas de inversión aprobadas. Dentro de esos números estaba incluida la salida del default y la renegociación de la deuda."

Lo primero que vemos acá es que con los gastos del Estado nacional pasa lo mismo que con las denuncias de fraude que hace la oposición (ver al respecto acá): chamuyan mucho en los medios (en especial Despouy), pero no donde y cuando corresponde; es decir cuando hay que ir a los papeles, y poner el gancho. 

Que el Congreso considere la Cuenta de Inversión no es ni más ni menos que cumplir con lo que dice la Constitución en su artículo 75 inciso 8); y supone además que se dé un debate al respecto, aun cuando el que gobierna imponga su mayoría, como debe ser por otra parte. Y ese debate implica a su vez una oportunidad para discutir públicamente como gasta el Estado "la plata de nuestros impuestos".

En la muy republicana y ejemplar provincia "normal" de Santa Fe -en cambio- las cosas son bastante distinas, como varias veces hemos explicado en éste blog; la última de ellas acá. 

La Constitución de la provincia establece en su artículo 55 inciso 9) que le corresponde a la Legislatura "aprobar o desechar anualmente la Cuenta de Inversión", es decir exactamente lo mismo que establece la Constitución nacional para el Congreso.

La Cuenta (elaborada por la Contaduría General de la provincia) la debe remitir el Gobernador a la Legislatura cada año (artículo 72 inciso 9), y debe ser previamente dictaminada por el Tribunal de Cuentas (artículo 81 cuarto párrafo)

Pero hecha la ley (o la Constitución) hecha la trampa: el artículo 96 de la Ley 12.510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado) establece lo siguiente: "Las Cuentas de Inversión que fueran remitidas por el Poder Ejecutivo y sobre las cuales la Honorable Legislatura no se hubiese pronunciado dentro de los dos períodos de sesiones ordinarias consecutivos incluyendo el de su presentación, se considerarán aprobadas.".

Es decir que si pasa un tiempo determinado sin que la Legislatura se pronuncie sobre la Cuenta, se considera aprobada; un mecanismo de "blanqueo" de todos los gastos que se contrapone con el texto expreso de la Constitución de la provincia (que supone un pronunciamiento expreso de la Legislatura, aprobándola o desechándola); y con la prohibición de las sanciones "fictas" que establece el artículo 82 de la Constitución nacional.

Este mecanismo fue introducido de contrabando en la Ley 12.510 por su autor intelectual (Mercier, ex ministro de Reutemann y frustrado candidato a volver con Del Sel), pero fue sostenido y usufructuado por el socialismo, desde que el Frente Progresista Cívico y Social gobierna Santa Fe.

Todas las Cuentas de Inversión correspondientes a los cuatro años de mandato de Hermes Binner y al primer año del mandato de Bonfatti (en éste caso quedan poco mas de dos meses para que venza también el plazo correspondiente a la del 2013, y quede aprobada) jamás fueron discutidas en la legislatura, y por ende quedaron aprobadas por el mero transcurso del tiempo; sin debate público alguno. 

Del mismo modo que quedaron aprobados los pliegos de los nuevos vocales del Tribunal de Cuentas, (tal como lo marcaba acá Barricada) aunque en éste caso apelando a una cláusula constitucional que lo permite; pero que tampoco el socialismo cuestiona ni plantea reformar: muy por el contrario, lo ha utilizado hasta el cansancio; para todas las designaciones que requieren acuerdo legislativo, incluyendo las de la justicia. 

Oscuridad y falta de debate para el manejo de los fondos públicos, y lo mismo para la designación de los encargados de controlar como se manejan: ejemplos a tener en cuenta para cuando aparecen ciertos meadores de agua bendita a pontificar sobre honestidad, decencia y transparencia republicanas.