CEPO A LAS PRIVATIZACIONES

Volvió Cristina y volvió con todo: en un discurso cargado de referencias políticas picantes anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley creando la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en empresas privadas; para coordinar la estrategia a seguir en aquéllas compañías privadas en las que la ANSES tiene participación a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

En el mismo proyecto (que crearía entonces algo parecido a la SEPI española, al menos para esas participaciones estatales) se establece que para desprenderse de las participaciones accionarias del Estado en esas compañías se requeriría previa autorización del Congreso; con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. El mismo criterio había establecido en su momento la Ley 26.741 (artículo 10) al disponer la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF S.A.

Acá en el portal del FGS dentro de la página de la ANSES pueden ver el listado completo de las empresas en las que el Estado adquirió participación en los 90', cuando las AFJP financiaron a esas compañías con los aportes de los trabajadores que administraban, y a cambio adquirieron participación accionaria en ellas; la que luego pasó a la ANSES al liquidarse el sistema de jubilación privada en el 2008.

Es decir que el acceso del Estado a esas participaciones accionarias fue consecuencia de una decisión que con el tiempo se revelaría estratégica (la liquidación del sistema de capitalización o jubilación pivada), pero se encontró con activos (las acciones de ese conjunto de empresas) que las AFJP adquirieron respondiendo puramente a la lógica del mercado, cuando decidían "fondear" o financiar a determinadas compañías.

Algo que muchos omiten señalar cuando expresan preocupación por "la plata de los jubilados" (las tenencias accionarias representan el 11,3 % del FGS), y que otros -como por ejemplo la AEA, cuyas empresas "top" fueron grandes beneficiarias de esa forma de financiación en los 90', para expandir sus negocios- desearían que se vuelva a regir exclusivamente por esa lógica, la del mercado.

Por eso el proyecto anunciado por Cristina es una respuesta directa y contundente a los planteos en tal sentido de la propia AEA y del Foro de Convergencia Empresarial (planteos de los que se hizo cargo hace poco el PRO); que reclaman que el Estado venda esas acciones, y les permita recomprarlas a los accionistas mayoritarios.

Va también en paralelo y en la misma línea que marcó en su momento el DNU 441 del 2011, por el cual se eliminaron las restricciones que establecía la Ley 24.241 (que instauró el sistema de AFJP) a los derechos políticos que puede ejercer el Estado como accionista en cada empresa en la que tiene participación a través del FGS. 

Lo que nos lleva a recordar (pensando en el tránsito del proyecto por el Congreso) que el DNU 441 fue ratificado en noviembre del año pasado en Diputados conforme al trámite de la Ley 26.122, sólo con el respaldo de los votos del FPV y sus aliados; como explicaremos en detalle en otro post.

La iniciativa tiene además un claro sentido y mensaje político, que se puede inscribir sin dudas en la misma línea de la ley que estableció el mecanismo de actualización semestral de la AUH y las demás asignaciones familiares: Cristina busca blindar jurídicamente los logros del modelo; usando en plenitud la legitimidad del 54 % obtenido en las urnas, y sosteniendo la iniciativa hasta el final de su mandato. 

Sin haberlo mencionado ayer, es una respuesta a Massa y su inverosímil propuesta de financiar el 82 % para los jubilados (gasto corriente del Estado, si los hay: es el 38 % de su gasto total) con los recursos del FGS; que se compone de un stock de activos, entre ellos, las participaciones accionarias en empresas privadas a las que refiere el proyecto.

Un completo disparate por donde se lo mire, que al igual que la "genial" idea del "Grupo A" al aprobar en el 2010 el 82 % móvil -luego vetado por Cristina- de limitar las tenencias del FGS al equivalente a un año de jubilaciones y pensiones: cualquiera de las dos decisiones haría caer en picada el precio de todos los activos que hoy administra la ANSES (porque los tendría que liquidar masivamente), perjudicando así el respaldo principal de resguardo del sistema previsional.

Pero también es un mensaje hacia adentro, porque al par que ayer Cristina respaldó fuertemente a Scioli, a la fórmula presidencial y a todos los candidatos del FPV, el proyecto apunta a curarse en salud ante eventuales giros "camaleónicos" del PJ como en los 90'; hacia reformas "pro mercado". 

Los cercanos (en tiempo y espacio) ejemplos de Brasil y Grecia, con procesos políticos entrampados en políticas conciliadoras con los programas neoliberales que los llevan al fracaso, demuestran además lo agudo de la visión presidencial.

Cuando la campaña transcurre en medio de promesas y amenazas de levantar el "cepo cambiario", o presiones para que el gobierno lo haga, Cristina respondió poniéndole un cepo a futuras privatizaciones.