El 25 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de Santa
Fe. la audiencia pública convocada por el gobierno de la provincia, y a
causa de la pretensión del gobierno santafesino de aplicar un aumento en la
tarifa de electricidad del 37 %.
La audiencia comenzó en la mañana
con la exposición de los representantes de la Empresa Provincial
de la Energía, quienes
expusieron durante un plazo de cinco horas. Se reitera, cinco horas.
Recién en horas de la tarde, se dio el uso de la palabra a
los usuarios del servicio, en representación de
los cuales se habían acreditado algo más de 30 expositores.
Naturalmente, la interminable y poco técnica exposición en
relación al cuadro tarifario por parte de los miembros de la empresa, ocasionó
el retiro de mucho público y también de parte de los expositores acreditados
por parte de los usuarios.
Es más que evidente que esa inexplicable dilación en la
intervención de los voceros empresarios, fue deliberada. Así el gobierno
provincial intentó descomprimir un clima poco propicio para un nuevo aumento de
tarifas en la provincia de Santa Fe, aumentos que los santafesinos venimos
sufriendo reiteradamente desde el año 2003, aunque hasta el año 2015, el
anterior gobierno nacional no aplicara aumento alguno al precio de la
electricidad mayorista. No obstante ello, el gobierno santafesino,
sistemáticamente produjo el incremento de la tarifa de la luz eléctrica, la que
por ello hoy es una de las más caras del país.
La anodina exposición de los representantes empresarios,
nunca hizo referencia numérica en relación a los distintos componentes del
costo del servicio y su incidencia sobre la tarifa final. Ni con los costos
vigentes hasta el año 2015 con los subsidios que se otorgaban a través de
Cammesa, como tampoco luego del aumento dispuesto por el gobierno de Macri
sobre el precio de la energía mayorista.
Por supuesto que tampoco nada dijeron los voceros
empresarios en relación a que la Provincia hasta el año 2015, no abonaba al Estado Nacional la electricidad que recibía de
Cammesa (siempre al mismo
precio), mientras que aquí el gobierno provincial aumentaba la tarifa. Nunca explicaron donde fue esa enorme masa de dinero. Tampoco hicieron
referencia a la condonación de la deuda por electricidad que le hizo a la
provincia de Santa Fe el gobierno de Macri. Por el contrario, pese a los
sucesivos aumentos aplicados en la tarifa durante más de diez años y a la
condonación de la deuda por compra de energía, intentaron presentar un panorama
desolador.
Marcelo Cassin, gerente general de la
EPE ,
expresó que para el año 2017 los egresos presupuestados por la empresa ascienden a $
15.839 millones. Y que los ingresos se reducirían a $ 12.298 millones si no se
aprobara la “actualización
tarifaria solicitada”. Pero, si se aprueba el aumento, los ingresos serán
de $ 14.767 millones, entonces el déficit de la empresa se reduciría a “solo”
$1.072 millones, en lugar de un déficit de $ 3.540 millones sin los
incrementos. Algo tendrán que ver los gerenciadores nombrados en la EPE por el
gobierno provincial, para que en una empresa que ni siquiera pagaba la electricidad que
compraba mientras aumentaba las tarifas permanentemente, hoy se presente la
situación que sus gerenciadores describen.
Por su parte, el Ingeniero Raúl Stival, antes vocero de la
empresa y hoy Presidente del Directorio, solo pretendió
justificar la suba de las tarifas en la inversión prevista para 2017, que es de $ 1.213
millones. Lo que tampoco aclararon es de donde se obtendrían esos $1.213 millones
previstos para obras. ¿Estan incluídos dentro de los egresos previstos para el
año 2017 y por lo tanto forman parte del déficit calculado en $1.072
millones? ¿O además del pretendido aumento de tarifas saldrán a endeudar a la
empresa y a la provincia?
Estas preguntas quedaron sin responder a los usuarios,
mientras la Secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, se limitaba
a ser un espectador de lujo sentada al lado de los representantes empresarios.
Demás está decir que quienes hicieron uso de la palabra en representación de los usuarios, sea personalmente o representando a
asociaciones o instituciones,
mostraron el rechazo al nuevo incremento, y todos destacaban que en los últimos años en
Santa Fe se aplicaron 15 aumentos de tarifas.
Alguien remarcó por allí que en el año 2008, la
participación del Estado en el gasto total de la
EPE era del 5%;
pero ya en el año 2015 sólo fue del 1%, es decir que con presupuestos
provinciales cada vez más grandes, el
gobierno provincial invirtió en EPE cada vez menos y los usuarios pusieron cada
vez más como consecuencia de
los aumentos de tarifas.
El vicepresidente de
También dirigentes de APYME expresaron el rechazo
al aumento, y denunciaron la incertidumbre del sector por la suba de costos, la
caída del mercado interno y la constante disminución de la actividad.
Otra pregunta que nadie contestó es porqué el aumento
propuesto solo para el primer
trimestre es del 37% de
promedio, un enorme aumento que ni siquiera cubre todo el año, mientras el
presupuesto provincial estima un 17% de inflación anual.
En síntesis, una audiencia pública con demasiadas
preguntas, sin ninguna respuesta y con un gobierno santafesino que
convoca desde su complicidad con el tarifazo.
Si finalmente –como es previsible- el nuevo aumento se
aplica, ésto debería hacer reflexionar a los usuarios,
a sus organizaciones e instituciones. Habría que evaluar si
concurriendo a éstas audiencias prefabricadas y no vinculantes, no se está
contribuyendo a legitimar el enorme daño que se les ocasiona a los usuarios con
tarifas irracionales e impagables.
¿Qué ocurriría si
frente a convocatorias artificiales como ésta, se dejara en soledad a los
representantes empresarios y a los funcionarios provinciales, y se buscaran
otros canales para mostrar el rechazo social a los aumentos tarifarios?
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