EXTORSIONES Y APRIETES

Cuando se indaga sobre las razones de los gobernadores del PJ o buena parte de ellos para apoyar los proyectos del gobierno en el Congreso, la excusa que aparece con más frecuencia es el apriete: estarían siendo víctimas de una maniobra extorsiva por la cual Macri los amenaza con retacearles fondos si no hacen lo que les ordena.

Lo dijo en su cuenta de Facebook una diputada entrerriana para justificar su voto a la reforma previsional, otra chubutense acaba de decir que hablaban por teléfono a su gobernador para advertirle que ella no estaba dando quórum; y algo similar dijo el ex gobernador de La Rioja, Beder Herrera, hoy diputado nacional. Lo interesante es que nadie aclara de que fondos están hablando, ni -por supuesto- denuncia el hecho a la justicia como lo que es: un delito.

Sin embargo sucede que más del 90 % largo de los fondos que por todo concepto reciben las provincias del Estado nacional son de reparto automático y no dependen de la decisión discrecional de gobierno alguno, comenzando por los más importantes de todos: la coparticipación federal. De modo que si alguien los retiene en algún punto por una orden política está cometiendo otro delito más, que se suma a la extorsión.

Cuestión distinta puede pasar con las "transferencias especiales" que sí dependen de una decisión más o menos discrecional (por ejemplo para financiar alguna obra pública), pero hasta el fondo sojero creado por Cristina con ese fin afectando el 30 % del producido de las retenciones (que dicho de pasa se achica cada vez más, y seguirá haciéndolo por los compromisos del gobierno con el "campo"), se liquida del mismo modo que la coparticipación, tal como lo establece el Decreto 206/09: diariamente, en forma automática y desde el Banco Nación a las cuentas de las provincias, conforme se acredita la recaudación de los impuestos y rubros coparticipables a la AFIP.

Otra vía posible de extorsión esa que el gobierno nacional "pise" las autorizaciones a las provincias para los pedidos de endeudamiento que hasta acá venía habilitando generosamente (y con esa excusa los gobernadores acompañaron el acuerdo con los fondos buitres en su momento); lo cual supondría a su vez que las provincias están usando ese dinero -pedido para obras de infraestructura- para gastos corrientes como pagar sueldos, y por esa razón no lo denuncian porque se expondrían. Puede pasar, pero en el conjunto de las finanzas provinciales sería marginal, tanto como otras "ayuditas" discrecionales del Estado nacional, como los ATN.

Por otra parte, el Congreso se apresta e discutir una nueva ley de responsabilidad fiscal pactada entre Macri y la mayoría de los gobernadores que no solo le pone topes al crecimiento del gasto público, sino que también limita la capacidad de las provincias de tomar deuda. Del mismo modo, el "consenso" fiscal conlleva reformas que aumentarán el déficit provincial y les harán perder recursos a las provincias, como por ejemplo rebajar progresivamente Ingresos Brutos, o eliminarlo para algunas actividades.

Que los recursos "discrecionales" para obras ya no llegarán con la fluidez que tuvieron este año electoral, basta leer el presupuesto nacional para 2018 (que los gobernadores apoyan) para saberlo: el gobierno apuesta a reducir el gasto público y controlar el déficit fiscal; y supone/espera/planea que la ejecución de la obra pública sea financiada por el sector privado a través del régimen de contratación con "participación pública privada" (PPP), que todavía está en veremos, y concentra en su mayoría proyectos en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano más próximo.

De las partidas nacionales que llegan a las provincias para atender gastos sociales, la más relevante son los gastos del sistema previsional; que se ejecutan directamente por el Estado nacional a través de la ANSES, es decir exactamente el mismo rubro que los gobernadores acordaron recortar en el consenso fiscal, y que empezará a achicarse a partir de la sanción de la reforma previsional.

Obrando de tal modo dispararon un tiro hacia su propio pie, rompiendo el pacto de gobernabilidad implícito acordado durante el kirchnerismo por el cual el Estado nacional cargaba sobre sus hombro el financiamiento y la ejecución de las políticas de protección social, para reparar en parte los estropicios hechos en los 90' no solo con políticas regresivas que destruyeron empleo y tejido productivo (las mismas en las que se insiste ahora); sino transfiriendo a las provincias las escuelas, los hospitales, los hogares de menores o de ancianos, sin los correspondientes recursos para sostenerlos.

Las explicaciones entonces a la eficacia del "apriete" habría que buscarlas por otro lado, comenzando por la escasa envergadura política de la mayoría de los gobernadores, que no están a la altura de las circunstancias: se imaginaron actores políticos principales de una escena en la que apenas son extras, con desempeño bastante deslucido, por cierto.

Hay -es cierto- casos puntuales de conflictos nacientes entre los gobernadores y sus antecesores que los propiciaron para el cargo, de los que ahora se querrían despegar: San Juan, Entre Ríos, Chaco, acaso Tucumán. Y también bastante -y más importante a nuestro criterio- de la decisión de no profundizar un perfil opositor al gobierno de Macri, para que no lo terminara capitalizando Cristina, cuyo ciclo político algunos se atrevieron a dar por terminado apenas dejó la presidencia.

Está claro que con esa estrategia lo que han conseguido -además de fortalecer la soga que algún día los ha de ahorcar, o sea Macri- es precisamente lo contrario: mientras más "colaborativos" con el gobierno nacional se muestran peor les va electoralmente (casi sin excepciones), y más se desdibujan individualmente y en conjunto, como figuras de recambio en la disputa interna del peronismo.

Restaría señalar otro factor que no debería ser dejado de lado, y es la comunión ideológica de algunos de ellos con el gobierno de Macri y sus políticas, y la convicción compartida con el presidente de que el rumbo del país es el correcto, y las reformas que intenta, las necesarias. 

Esto -que es muy claro en algunos casos, como los de Urtubey y Schiaretti- se funda en la suposición de que si por esa vía hay que pagar costos, los pagará Macri, y ellos lograrán salir indemnes, para ser alternativa en el próximo turno electoral, o parte de la mesa chica de las decisiones. Los resultados de las últimas elecciones en Salta y en Córdoba (podríamos agregar Río Negro) hablan a las claras de la estrategia no estaría siendo todo lo exitosa que pensaron.