LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

domingo, 10 de diciembre de 2017

LAS MAÑAS DE GIL LAVEDRA


Leíamos días pasados en Ambito Financiero: “La resistencia de la AFIP a permitir que OP Investment se haga cargo de manera legal del exGrupo Indalo y salde el litigio por $ 8.000 millones adeudados al fisco contó con un activo protagonista cuyas gestiones permitieron en las últimas semanas que la Cámara de Casación Penal revocara dos fallos precedentes y encapsulara el caso en el fuero federal. El exdiputado Ricardo Gil Lavedra (actual coordinador del Programa Justicia 2020 que depende del Ministerio a cargo de Germán Garavano) fue contratado por Alberto Abad para llevar adelante el pleito de manera privada, pese a contar la AFIP con uno de los equipos jurídicos con mayor nivel de profesionalismo de la administración pública. 

Esto llamó la atención dentro de la propia AFIP ya que se detectaron contrataciones millonarias a Gil Lavedra, quien desempeña "ad honorem" el cargo en la cartera de Justicia, lo que le permite tener llegada directa con jueces y fiscales debido al rol institucional a cargo de un programa oficial. Bajo la descripción de "contratación de servicios profesionales", el expediente 0252543/16 le permitió embolsar al excamarista en junio del año pasado la suma de $2.178.000 pagados directamente a su nombre y bajo su número de CUIT. Esa orden de compra se complementó con una abonada el 23 de mayo de 2017 por el mismo monto ($2.178.000) en concepto de contratación de servicios bajo la orden de compra 5200002353 pagados por la AFIP, quien a lo largo del litigio ha desembolsado al menos $4 millones sin haber todavía percibido el monto reclamado por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que se le reclama a la petrolera Oil,...” (las negritas son nuestras)

Pese a que a más de uno lo pueda sorprender, esta costumbre de Gils Lavedra de acceder a contratos de su estudio jurídico con el Estado en forma directa (es decir, sin licitación pública, concurso o algo parecido), por generosos honorarios y para tareas para las que las reparticiones públicas cuentan con sus propios profesionales de carrera y planta permanente, no es nueva.

De hecho, por acá por Santa Fe lo conocimos allá por el año 2008 cuando con esa misma modalidad (contratación directa) el gobierno de Binner lo contrató por el Decreto 3165, para realizar varios juicios contra la nación, como podemos ver acá:





Tampoco sorprende que se haya asegurado cobrar sus honorarios aun cuando su cliente (el Estado) no haya satisfecho su crédito de quien debía pagarle una deuda, como pasa con la AFIP y Cristóbal López: en el caso de Santa Fe veíamos en esta entrada y en esta otra que lo contrataron (y le pagaron muy bien) para realizar juicios que jamás comenzó siquiera; pese a lo cual cobró religiosamente sus estipendios.

Y por si todo esto fuera poco y ya dentro de su cartera de clientes por fuera del Estado (el hombre como buen radical tiene tendencias presupuestívoras), recordemos que también asesoró al JP Morgan Chase...en casos en los que el banco era acusado de lavar dinero.  

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