EL DEPORTE DE CURRAR

Como se venía anunciando desde hace varios días, finalmente apareció el DNU de Macri (uno más y van) metiendo mano en la Ley del Deporte 20.655, sancionada durante el tercer gobierno de Perón y que luego tuviera varias modificaciones; la última de ellas mediante la Ley 27.202 sancionada al final del gobierno de Cristina creando el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física.

Precisamente el nuevo decretazo (completo acá) lo disuelve junto con  la Secretaría de Deportes, creando en su reemplazo la Agencia de Deporte Nacional en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia; pero va mucho más allá de eso: en primer lugar hay una virtual intervención del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) creado en 2009 por la Ley 26.573, al disponer que la nueva Agencia pasará a instrumentar, “junto con el...  el desarrollo de programas, fomento y actividades de capacitación vinculadas al deporte de alto rendimiento deportivo.”

Pero el verdadero propósito de los cambios (como no podía ser de otro modo, tratándose de la asociación ilícita que nos gobierna), es hacer negocios: el DNU amplía las funciones que tendrá la Agencia respecto a los organismos precedentes, al darle como facultad propia la de “ Administrar los bienes bajo su jurisdicción y fijar los aranceles de los servicios que preste a terceros”.” (las negritas son nuestras); y al modificar el artículo 15 de la Ley del Deporte, establece como recursos operativos propios de la misma los ingresos provenientes de: recaudaciones que se obtengan por las actividades que se realicen en sus instalaciones, las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios, el producido total o parcial de la organización de concursos, actividades deportivas y otros eventos análogos, conforme a la modalidad en que hayan sido convenidos (¿apuestas por ejemplo?).

También pasarán a ser recursos del nuevo ente los obtenidos, por la celebración por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de contratos onerosos de concesión, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su jurisdicción o custodia, así como los fondos provenientes de la explotación de bienes muebles y de los aranceles y tasas que perciba como retribución por servicios adicionales que preste; todo lo cual supone una virtual privatización de la infraestructura deportiva pública, en beneficio de negocios privados, y la intervención de la AABE autoriza a pensar que el objetivo último es vender instalaciones, ¿acaso el precio del CENARD?.

Sin embargo, estos nuevos recursos que pueda obtener la Agencia no necesariamente estarán destinados al desarrollo del deporte: el DNU suprime la excepción establecida en la ley vigente para no transferir los recursos afectados específicamente al deporte a Rentas Generales al cierre del ejercicio. Todo sea por ayudar a Nico Dujovne a cumplir con el déficit cero comprometido con el FMI; y la recaudación de los recursos de la Agencia se destinará -en primer lugar- a los gastos de funcionamiento de la misma. 

También hay cambios en el régimen de las becas que el Estado nacional paga a los deportistas: ahora podrán ser no solo en dinero, sino también en prestaciones alimentarias, médico asistenciales, educacionales y/o en alojamiento, y si bien no elimina la Asignación Universal por Deportista creada en 2015 por la Ley 27.201, hay que recordar que desde entonces, el gobierno de Macri jamás la pagó; y además es incompatible con el pago de becas, de lo que se sigue que seguirá sin pagarla, e intentando reemplazar las becas en dinero por “becas en especie”: todo sea porque cierren las cuentas.

El DNU también mete mano en la organización de las entidades deportivas: hace desaparecer la Confederación Argentina de Deportes, y suprime la participación de los propios deportistas, técnicos y entrenadores en las asociaciones deportivas de representación nacional que introdujo la Ley 27.202 en el texto de la Ley del Deporte 20.655.

A contrapelo de las declamaciones del macrismo contra los intentos de perpetuación en el poder, elevan de una a dos reelecciones inmediatas las permitidas para los presidentes de las asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado, de las asociaciones civiles deportivas de representación nacional y superiores. ¿Qué “pollo” tendrá Macri para alguna de ellas, que estará alcanzado por la restricción vigente y no puede presentarse para otro mandato?

Finalmente el decreto mutila numerosos artículos de la Ley 20.655 y sus modificatorias (por ejemplo eliminando el Observatorio del Deporte, los Consejos Regionales, la participación de las provincias y municipios y el, capítulo sobre el deporte educativo, incorporados por la Ley 27.202), y de la Ley 27.201.

Como ven, la irrefrenable pulsión autocrática y de negocios de Macri no se detiene: donde hay una necesidad de hacer negocios, hay un decreto de necesidad y urgencia. Y al igual que todos, con una pobreza franciscana de argumentos (léanlo si no nos creen), soslayando el debate público y escapándole a la discusión en el Congreso donde ya ni siquiera tiene la certeza de contar con la oposición “amigable”.

Y -por supuesto- ocultando los verdaderos propósitos (currar) echándole la culpa a “la pesada herencia” recibida del kirchnerismo. Justo es decirlo, las advertencias sobre la inminente salida del DNU no generaron ninguna reacción en contrario, salvo la aparición en los medios de Marcos Milinkovic, el ex jugador de la selección de vóley oponiéndose y llamando a impedir que saliera. Habrá que ver que pasa ahora, que los anuncios se concretaron.