La famosa “calidad institucional” y la
presunta corrupción son algunos de los latiguillos con los que siempre el
antiperonismo le pega al peronismo cuando éste gobierna, siendo que carga en
sus alforjas con una larga historia de esqueletos en el placard propio en esas
materias, y el macrismo no fue la excepción; ni mucho menos: sus pergaminos en
los preceden.
Aun así, el
culebrón de la pelea entre Laura Alonso y la Auditoría General de la Nación
(AGN) por el cual la primera resiste ser auditada por la segunda y todo terminó
en derivaciones judiciales, amenaza con batir los récords: los detalles del
entuerto los pueden encontrar en esta nota de Ambito Financiero, a la
cual no remitimos en mérito a la brevedad.
El asunto en sí
mismo es anecdótico, pues no hace falta ninguna auditoría (ni de la AGN ni de
nadie) para establecer que la OA y Laura Alonso no tienen nada que ver con la
lucha contra la corrupción, y sí bastante con la persecución política a los
funcionarios del anterior gobierno, y el ocultamiento sistemático de todas las
trapisondas del actual.
Sin embargo, tiene
cierto interés didáctico para enseñarnos que hay que cosas que revisar en el
futuro, y otras que no tenemos que discutir más, ni admitir que nos corran con
la vaina en algunos temas estos impresentables.
Por ejemplo poner
en discusión el modelo de control que encarna la AGN, y que fuera establecido
en la reforma constitucional de 1994 como una de las propuestas de Alfonsín en
el marco del Pacto de Olivos, con integración política más que perfil técnico:
la nota de Ambito deja claro que empezaron a investigar a la impresentable de
Alonso cuando el macrismo tenía olor a nardos y no cuando estaba en el cenit de
su poder y ella era una de las puntas de lanza de las movidas persecutorias
contra el kirchnerismo, y que ahora los radicales que fichan allí habilitaron
una auditoría amplia de la OA, para cobrarse facturas de la interna de
“Cambiemos”, en especial en Córdoba.
Si lo que se desea
verdaderamente es combatir la corrupción y ejercer controles eficaces sobre el
gobierno en todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos,
está claro que la Auditoría General de la Nación tal cual fue pensada y
funciona, no sirve para nada, y hay que replantearla; aunque eso signifique una
reforma constitucional. De lo contrario, la cosa transcurrirá por los carriles
que ha venido transitando hasta ahora.
También merece
discutirse el rol de la Oficina Anticorrupción, otro “chiche” que debemos a los
90’, la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, y los “consejos” de
las ONG’s “blancas de gente con dentadura completa y los problemas cotidianos
de la existencia resueltos”: a la fragilidad de su diseño institucional (creada
por decreto, dependiendo del Poder Ejecutivo) Macri le sumó la eliminación del
requisito de que su titular fuera abogado, para que la incalificable Alonso
pudiera ocupar el cargo. Los resultados hablan por sí mismos.
Y finalmente, que
decir del rol que le cabe a la justicia en todo esto, en este caso al crítico fuero
contencioso administrativo federal, cuya competencia central es justamente
ejercer el control judicial de los actos administrativos del gobierno: el juez
Lavié Pico es uno de los tantos de la “servilleta” macrista, que hasta acá se
prestaron a varias de las operaciones más groseramente ntijurídicas del régimen
agonizante (como por ejemplo el disparate de inventar que era necesario ser
abogado para integrar el Consejo de la Magistratura, y facilitar así que se le
birlara una banca en el organismo a la oposición), y en los estertores del
macrismo cambian de chaqueta, y se apuran a hacer los deberes con el gobierno
entrante, para reiniciar el minué que tanto les gusta bailar a nuestros
beneméritos magistrados.
No tenemos
información detallada al respecto, pero no sería de extrañar que el hombre
estuviera intentando no solo intentarse congraciarse de antemano con una nueva
administración para conseguir un ascenso o traslado, o para zafar de alguna que
otra causa en su contra en el Consejo de la Magistratura, que podría costarle
el cargo. Consejo de la Magistratura dijimos: he ahí otro prodigio surgido del
Pacto de Olivos y la reforma del 94’, que algún día habrá que desratizar.
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