Que cosa che, lo que le pasa al diario del Loco Lindo cuando tiene que tratar el tema del traslado del puerto de Santa Fe (una iniciativa que, al fin y al cabo, le valió el apodo de Loco Lindo): es como que le diera vergüencita de llamar a las cosas por su nombre, y le da vueltas y vueltas para no ir al grano.
Casi casi como si tuviera miedo que lo critiquen porque mezcla los temas de interés público con las cuestiones de negocios de los dueños del diario, algo que -como todos sabemos- permanece bien separado, y si se trata del traslado del puerto, ni hablar.
Fíjense en la imagen que ilustra el post (sacada de acá) es muy clara al respecto: "un mensaje", "una ley", "el proyecto", "una norma", "el texto legal", "la norma", "el tema", pero no sabemos cual es, hasta que no llegamos bien al final de la nota (siguiendo la flecha negra).
Decílo Loco, decílo: la ley que estás reclamando que voten los senadores es la que permitirá que la provincia tome a su cargo la deuda por 25 millones de dólares que contraerá el Ente Administrador del puerto para concretar el traslado.
Porque resulta que en 1993 por la Ley 11.011 se crearon los entes portuarios de Santa Fe y Rosario siguiendo el modelo diseñado por Cavallo con la Ley 24093: para que fueran transferidos a las provincias, éstas tenían que privatizarlos o ponerlos a cargos de "entes públicos no estatales", un engendro en el cual el Estado es el socio bobo, y la mayoría en el directorio de los entes la tienen las cámaras empresarias del sector.
Como se pensaba por entonces que todo lo privado era mejor (algo en lo que hoy todavía mucha gente cree, empezando por Víttori) y que privatizados total o parcialmente los puertos funcionarían mejor, se dispuso en la ley de creación del Ente que la provincia de Santa Fe no concurriría en su ayuda con auxilio económico, salvo autorización otorgada por ley especial.
Sucede que los entes portuarios explotan los puertos para su actividad específica (puerto), si la hay, y si no para cualquier negocio rentable; como es el caso del actual puerto de Santa Fe, que se ha convertido en un fértil semillero de negocios inmobiliarios: casino, shopping, oficinas corporativas, edificios de lujo, locales comerciales, por todo lo cual el Ente percibe ingresos (cánones, alquileres) que no son menores.
En ese mismo contexto (en el que el Estado no podía auxiliar económicamente a los Entes portuarios) se dictó la Ley 12.848 (2007), que autorizó la toma de endeudamiento para concretar el proyecto de traslado del puerto (en el 2003, con la ciudad inundada, la Ley 12.108 había autorizado endeudarse en 900.000 dólares para realizar los estudios de factibilidad): 25 millones de dólares a tomar por la provincia, con garantía de la coparticipación federal, pero que el Ente administrador del puerto le tendría que devolver religiosamente.
En su momento el propio Loco Lindo desde su diario apuraba con editoriales al gobierno de Binner, y Binner respondía al toque volviendo a mandar el proyecto a la Legislatura: acá la nota, y una semana después (con un fin de semana en el medio), acá el decreto.
Esa obligación de devolver la plata prestada (que al día de hoy representaría unos 110 millones de pesos) pasará a recaer exclusivamente sobre la provincia si la ley enviada en su momento por Binner se sanciona (y nada hace pensar que no lo será, porque ni siquiera desde el PJ la cuestionan, al menos en público), con lo cual no hará más que consolidarse el modelo del Estado bobo; en el que el Estado pone la plata y los negocios los hacen otros, porque tampoco nada hace pensar que en el nuevo puerto las cosas serán distintas que en el actual, a ese respecto.
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