No fue hace un año, sino apenas el jueves, cuando nos decían en tapa que el conflicto en la Prefectura y la Gendarmería se había desactivado con la renuncia del hermano de Nilda Garré a su cargo en el Ministerio de Seguridad.
Tardaron apenas dos días en evaluar que otro elemento combustible tenían a la mano, que tuviera el mismo potencial inflamable que un cuasi motín de las fuerzas de seguridad, y llegaron a la conclusión que mucho no había.
Entonces lo ponen a Mariano Obarrio (el experto en las primicias del día después de que la noticia es conocida por todo el mundo), a decir en ésta nota que la Gendarmería y la Prefectura volvieron a sus puestos y cuarteles por la promesa del gobierno de nuevos aumentos de sueldos, pero como ésta no se cumpliría, en cualquier momento el conflicto puede volver, y el polvorín por fin estallar.
Y por si fuera poco, sabedores quizás del coeficiente intelectual promedio de los cacerolos lectores de La Nación (al fin y al cabo, desilusionados con los prefectos y gendarmes porque abortaron la chirinada), el editor (¿Escribano?) les explica lo que deben entender de la nota:
Sencillito, para que casi hasta una señora gorda del barrio Norte lo pueda entender: juntás en una misma oración "gobierno", "látigo", "sanciones" y un par de cuestiones sobre cuanto debe ser el sueldo de un gendarme y ya está: si no tenés otro fragote en marcha (con el eventual apoyo de las FFAA), al menos te tiene que alcanzar para avivar el fuego del cacerolazo del 8N.
Que como bien sabemos no es por el dólar, sino por la dignidad salarial de los gendarmes y prefectos; y así fue siempre, desde el principio.
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