EL PODER TRIBUNAL

Por Raúl Degrossi (*)

Jueces provinciales que resolvían cautelares de gendarmes y prefectos por miles y terminaban dictando la política salarial de las fuerzas de seguridad federales; jueces que resuelven amparos de ong’s medievales para impedir que se practiquen abortos no punibles autorizados por la ley, desoyendo los fallos de otros jueces; lucha a brazo partido para imponer un juez que falle una causa sensible para el poder económico, en la que está en juego una ley clave para la democracia: un simple repaso de los hechos más relevantes de las últimas semanas en el país nos muestra al Poder Judicial y a los jueces, en el ojo de la tormenta.

Como consecuencia del discurso mediático dominante, para el común de la gente el Poder Judicial está asociado al castigo de los delitos (con la eterna e inconducente polémica entre el garantismo y la mano dura), y la investigación de los hechos de corrupción del poder político: entre las extravagancias de Oyarbide y el socorrido latiguillo de “entran por una puerta y salen por la otra” se puede encerrar la percepción ciudadana de lo que es la justicia.

Y sin embargo es bastante más que eso: una madre separada que espera meses o años para poder cobrar su cuota alimentaria, un trabajador despedido que aguarda en vano el pago de su indemnización, u otros trabajadores que esperan la resolución de una quiebra para saber si se convertirán en sus propios patrones o afrontarán el horror del desempleo, también son la justicia; o en todo caso sus vidas también son atravesadas por las decisiones que toma o dilata el aparato judicial.

Que como es bien sabido es el menos democrático de los poderes, desde su misma formación hasta su tendencia atávica a los comportamientos corporativos; lo que no implica que sea por completo inmune a los climas sociales y los vaivenes políticos: por el contrario, los jueces suelen ser finos intérpretes de sus variaciones, no tanto para adaptarse a las demandas sociales, como para evaluar en que medida su acción los pone en condiciones de pervivir y perdurar, o conservar sus privilegios.

Cuando se reflexiona sobre la justicia desde la academia o el mundo político se pone el acento en los mecanismos de selección de los jueces, en la creencia que allí radica el principal problema que hay que resolver; estableciendo procedimientos que disminuyan la ingerencia del poder político o (suprema ilusión) la hagan desaparecer, para preservar una idea que tiene mucho de mito: la independencia del juez.

Esa idea (que fue por ejemplo la que presidió la instalación constitucional del Consejo de la Magistratura) responde a otra idea sobre las relaciones entre los individuos y el Estado y la configuración de la sociedad, idea que es por cierto bastante antigua y se remonta por lo menos al siglo XVIII: el juez sería así el supremo garante de que el Leviatán estatal no se terminará devorando a los simples ciudadanos de a pie.

Sin embargo en sociedades periféricas, fragmentadas y con altísimos niveles de desigualdad como la argentina, la experiencia histórica enseña que frente a un Estado desvencijado y colonizado por los intereses corporativos por el neoliberalismo no hay libertades, sino privilegios: vaya si no el ejemplo de Clarín y la ley de medios para entender de lo que estamos hablando.

Tomemos por caso el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: analizado desde la óptica tradicional, la renovación emprendida allí por Néstor Kirchner sería irreprochable; con candidatos potables y méritos probados (al menos para los estándares del propio sistema), y discusión pública amplia de las postulaciones, con posibilidad de cualquier ciudadano u organización de impugnar a los propuestos.

Y sin embargo esa misma Corte, conformada de ese modo prolijo e irreprochable, no parece tan dispuesta a ponerle límites con su jurisprudencia a los poderes económicos concentrados, o a ejercer en plenitud su rol de cabeza del Poder Judicial para revertir los comportamientos corporativos de larga data, como pasa con el caso de los jueces y el pago de Ganancias.

Por otro lado y por el contrario, es poco frecuente oír que se discuta -cuando se habla del Poder Judicial- sobre las concretas condiciones de accesibilidad a la justicia de aquellos que buscan la reparación de una injusticia o el reconocimiento de un derecho; accesibilidad que va desde el costo concreto del servicio de justicia (que está en relación directa a los recursos que demanda mantener una estructura corporativa con privilegios de casta en muchos casos), hasta el uso de un lenguaje deliberadamente crítptico e inaccesible para el común de las personas (lo que garantiza el monopolio de la palabra tribunalicia por los operadores calificados del sistema), o el mantenimiento de rutinas y formas de procedimiento que parecen diseñadas para procesar los conflictos sociales en tiempos incompatibles con las urgencias de la gente común, en especial de los sectores más pobres.

A la idea tradicional del rol del Poder Judicial le corresponde una idea también tradicional de lo que es un juez: una especie de autómata aplicador de las leyes, desvinculado de su sociedad y su tiempo, sin intereses personales o sectoriales concretos que lo distraigan de su misión, incapaz de tener ideas propias en política o en asunto alguno y de expresarlas, o que en todo caso mágicamente las pondría al costado al momento de dictar sentencia: un absurdo por donde se lo mire, sin anclaje alguno con la realidad.

Idea que además soslaya las concretas condiciones en que ese juez cumple su función, y lo que significa ésta en la práctica: en nuestro sistema constitucional (de control jurisdiccional o judicial difuso: todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad de las normas) la ley no es lo que los legisladores (al fin y al cabo, los representantes del pueblo, emergidos del voto ciudadano) escribieron y votaron, sino -dado un conflicto concreto que llega a la justicia- lo que los jueces dicen que es; lo que pone a las claras la trascendencia política (sí: política) de su rol.

Aspecto que los poderes corporativos tienen perfectamente en claro, y por eso operan como operan sobre los jueces y la justicia, y no nos remitamos en éste punto a lo que pasa con Clarín y la ley de medios (donde el asunto está expuesto con singular crudeza): pensemos por ejemplo en las tradicionales presiones de la Iglesia para imponer a los jueces de los tribunales de familia, o de los empresarios y los sindicatos para hacer lo propios con los juzgados laborales.

O en el tortuoso avance de las causas por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, más allá incluso de la derogación de las leyes de la impunidad; y poniendo especial énfasis en garantizar la impunidad de los propios integrantes de la casta judicial: allí está sino el caso de Otilio Romano para comprobarlo.

La que está en mora por el contrario en asumir en su plenitud estas cuestiones es la clase política, o al menos parte de ella: de hecho visto desde ésta perspectiva -al menos en mi opinión- la idea matriz del Consejo de la Magistratura es un claro retroceso democrático, en tanto no hace sino entronizar constitucionalmente el rol de los operadores privilegiados del sistema judicial (abogados y jueces) en el proceso de formación y selección de los jueces; que no es asunto exclusivo de los que transitan a diarios por los pasillos de Tribunales, sino del conjunto de la sociedad y de sus representantes.

La reforma introducida por el kirchnerismo en el 2006 (y que fuera tan criticada en su momento) apuntaba entre otras cosas a garantizar en el Consejo el predominio de los sectores representantes de los Poderes integrados por la voluntad popular, por encima de los corporativos, pero la actitud que asumieron desde entonces los opositores (en espejo con el modo en el que entienden la acción política: siguiendo los vaivenes de las lógicas corporativas) dio por tierra con la idea.

Eso sin contar que, detrás de la idea del Consejo de la Magistratura (uno de los chiches agregados por Alfonsín en el intercambio del Pacto de Olivos) haya apenas una intención subalterna de conseguir conchabos bien cotizados para algunos, como claramente pasó con el tercer senador por la minoría, o la Auditoría General de la Nación.

Eso es al menos lo que pareciera demostrar el caso santafesino (donde el Consejo funciona desde los 90’, creado por un decreto del gobernador) y la implementación de la reforma de la justicia penal votada en el 2006: tras años de predominio de las roscas internas del Poder Judicial en la cobertura de los juzgados, radicales y socialistas -llegados al poder luego de 24 años de gobierno del PJ- se avocaron con tesón a modificar las reglas de funcionamiento del Consejo para favorecer a las roscas académicas que controlan con holgura; para imponer sus propios candidatos en los cargos creados por la reforma.

Volviendo a la historia más o menos reciente del Poder Judicial de la Nación,  aun están allí los jueces nombrados por la dictadura, junto con los que surgieron de los pactos entre Alfonsín y Saadi en la restauración democrática, y los de la servilleta de Corach: un complejo caldo que no pareciera haber cambiado mucho (en nombres, en ideas, en prácticas) por la instauración del Consejo de la Magistratura.

Por el contrario, el caso Clarín y la ley de medios está revelando con toda claridad que -medido en términos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática frente a los poderes fácticos- el experimento ha sido un fracaso, aunque sería injusto cargarle la responsabilidad de no haber cumplido una finalidad que jamás se propuso.

Decía Cristina hace un tiempo -cuando enviaba el proyecto de ley de medios al Congreso- que la iniciativa suponía una prueba ácida para las instituciones de la democracia: como si no fuera poca demostración lo que pasó cuando se discutió en el Congreso, el tortuoso camino que ha seguido desde entonces en los Tribunales y en el Consejo de la Magistratura le ha dado ampliamente la razón.

(*) El título no me pertenece, se lo afané a Lucas Carrasco.