NO PISAR EL PALITO

Hace rato que está bastante claro que el conflicto de los prefectos y gendarmes es bastante más que un reclamo salarial; y que hay muchos sectores interesados en que no se solucione y -por el contrario- se profundice.

Como también está claro que los motivos que lo dispararon en el caso de la Prefectura -los recortes de haberes- no existen en la Gandarmería, porque cobraron sus sueldos igual que el mes anterior, es decir sin novedades derivadas del Decreto 1307.

Del mismo modo que cualquiera sabe que se trata de fuerzas de seguridad, regidas por un principio de verticalidad (más aun en el caso de la Gendarmería, cuyos integrantes tienen estado militar a diferencia de la Prefectura), y que por ende no pueden desconocer la cadena de mandos como lo han hecho, asumiendo una sindicalización de hecho a la hora de plantear sus reclamos (en muchos casos justos).

Y como consecuencia de eso, es de cajón que el gobierno tiene todas las herramientas legales para aplicar sanciones a los prefectos y gendarmes en conflicto, desde las más leves hasta las más graves, según su grado de responsabilidad; así como que debe tratar de preservar el principio de autoridad.

Todo eso es cierto, tanto como que las dimensiones estrictamente políticas del asunto, son bastante más complejas; porque se corre el riesgo de victimizar a los líderes de la protesta (el famoso efecto De Angeli durante la 125), y que otro sectores sociales empiecen a mirarla con simpatía: de hecho, en el caso de la Gendarmería, en buena parte del conurbano bonaerense, la población ha desarrollado aprecio por su tarea porque han contribuido a mejorar la seguridad en zonas conflictivas.

Todos esos factores deben ponerse en la balanza a la hora de analizar -desde el gobierno- como salir del conflicto, y si bien es cierto que la disponibilidad no es una sanción, es una clara señal hacia el interior de los reclamantes, para intentar mermar las adhesiones; o separar lo que es un reclamo de conjunto (las cuestiones salariales y laborales en general), de lo que podría ser la defensa de situaciones estrictamente personales (las de los que asumieron roles de liderazgo en la protesta); pero hay que ser inteligentes para no crear ni víctimas, ni falsos héroes.

Claro que no es fácil, porque el gobierno debe dar muestras de autoridad y de acción para encauzar el conflicto, y éste no se puede prolongar indefinidamente; mientras intenta circunscribirlo a un asunto estrictamente reivindicativo, sin tener enfrente una contraparte formalmente sindicalizada; y con un liderazgo anárquico que está siendo operado desde afuera por sectores con intereses políticos bien concretos, que no son los de los prefectos y los gendarmes.

Con sólo leer lo que dice Maza surge claro que (al menos él) tiene otro tipo de intenciones, porque plantea que existiría un acuerdo verbal para no aplicar sanciones, algo que no puede ser desmentido sino con la palabra de los funcionarios a los que involucra; y ni aun así: de hecho Schenone (el anterior director de Gendarmería) que sería uno de los que habría tomado tal compromiso, fue pasado a retiro junto con toda la cúpula de la fuerza.

El problema es que, si eso fuera así, no se entiende como el punto de que no se adopten sanciones está expresamente planteado en el petitorio que las autoridades recibieron, sin tomar ningún compromiso -al menos hasta el martes- al respecto: ¿cómo podría existir un acuerdo verbal sobre algo que se está pidiendo formalmente, y debe ser elevado a las instancias con capacidad de decisión para que lo consideren? 

Incluso ese aspecto del petitorio es (en el contexto del reclamo) más sencillo de resolver -con una especie de "amnistía administrativa" para no echar más leña al fuego-, que satisfacer en lo inmediato el reclamo salarial tal cual está planteado, o admitir la participación de representantes de los reclaman en la mesa de negociación de las escalas de sueldos.

En la génesis del conflicto (en la liquidación de haberes en la Prefectura, eventualmente en contra del sentido del decreto de Cristina) ya se verificaron impericias y probables sabotajes administrativos deliberados, desde el interior de las propias fuerzas; lo que redobla la necesidad de garantizar que todo el que actúe en representación del gobierno en éste caso (asi sean los miembros de las nuevas cúpulas de las fuerzas) lo hagan siguiendo estrictamente sus instrucciones, y respondiendo al plan político trazado.

El margen de acción del que se dispone para encarrilar el conflicto es estrecho, y no admite equivocaciones, como tampoco caer en la tentación de extremar demostraciones de autoridad que se pueden volver en contra; al menos en esta etapa de desarrollo del problema.

Suponemos que estas cosas están siendo evaluadas en profundidad, pero hay que tratar de evitar por todos los medios pisar el palito.