INTELIGENCIA POLICIAL

Alguno puede pensar que las palabras "inteligencia" y "policial" no pueden ir juntas en la misma frase, una al lado de la otra, pero no seamos tan malos: el post tiene que ver con la imagen que lo encabeza, extraída del proyecto de Presupuesto provincial 2013 que está colgado en la página web del gobierno de Santa Fe.  

Como pueden ver, en el Ministerio de Seguridad, y más específicamente en la órbita de la Policía de la provincia, el proyecto contempla asignarle a la fuerza de seguridad (que hoy está en el ojo de la tormenta), algo más de 2,2 millones de pesos en concepto de "Gastos reservados".

Cifra que puede parecer irrisoria dentro de un Presupuesto total que proyecta gastos del orden de los casi 40.146 millones de pesos; pero que con finalidades confusas y en las manos equivocadas, adquiere otro significación.

Como dijimos, el gasto está nomenclado bajo el apartado 3.9.2.0 del clasificador de gastos de uso en la provincia (el mismo que rige en la Nación y en la mayoría de las provincias); y acá abajo podemos ver que es lo que dice precisamente ese clasificador (aprobado por Decreto 1302/96) sobre el ítem "Gastos reservados":

De modo entonces que sólo pueden utilizar la partida "Gastos reservados" aquéllos organismos que están autorizados a realizar ese tipo de gastos en el marco de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, por lo que corresponde entonces es ver que dice esa ley, que regula el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE) y el sistema nacional de inteligencia.

La ley contempla en su artículo 2 inciso 3) a la inteligencia criminal, y la define como: "la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. ".  

Ahora bien, como alguien podría pensar que ese apartado habilitaría a las fuerzas policiales a hacer tareas de inteligencia con esa finalidad, es oportuno recordar lo que dice la misma ley en su artículo 4 inciso 1) que ningún organismo de inteligencia podrá "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.".

Vemos entonces que la ley separa claramente las funciones de inteligencia, de las específicas de policía de seguridad.; e incluso crea como organismo específico la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (artículo 6), que depende de la Secretaría de Seguridad Interior, y tiene como función la producción de inteligencia criminal (artículo 9).

Más aun, de acuerdo a la propia Ley 25.520, es la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación la que debe "Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059." (artículo 13 inciso 12).  

Y finalmente en su artículo 14 estipula claramente que el Presidente de la Nación (al que le corresponde fijar los lineamientos estratégicos y  objetivos generales de la política nacional de inteligencia, conforme al artículo 12) puede convocar a participar con carácter consultivo a un consejo interministerial "a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente. ".   

De modo entonces que todo indica que las policías provinciales (entre ellas la de Santa Fe no pueden realizar tareas de inteligencia; y en el caso específico de la inteligencia criminal, sólo pueden aportar su opinión si les es requerida a título consultivo por el Presidente de la Nación, en el marco del diseño de las políticas nacionales en la materia.

Y si la Policía no puede realizar tareas de inteligencia, no se le pueden asignar partidas en concepto de "Gastos reservados", porque lo dicen las propias normas que rigen en Santa Fe los gastos del Estado.

Sería bueno entonces saber a título de que el proyecto de Presupuesto que Bonfatti remitió a la Legislatura contempla esos $ 2.220.000; sobre todo en estos tiempos de jefes policiales presos, cúpulas que duran lo que un suspiro por estar sospechadas de vínculos con el narcotráfico o investigadas por enriquecimiento ilícito y -por qué no- porque (como se dijo acá) "el gobierno provincial vino utilizando políticamente a la fuerza policial (concretamente a la Tropa de Operaciones Especiales y a Drogas Peligrosas) para intentar por todos los medios (y con la complicidad de los periodistas obsecuentes del poder provincial) detectar causas de droga en las que pudiera (de un modo u otro) vincular con el tema al gobierno nacional; como se demostró en el caso de la famosa camioneta falsamente plotteada como del Ministerio de Alicia Kirchner.". 

O de policía que anda por ahí secuestrando militantes de organismos de derechos humanos.