RIESGOS DEL TRABAJO: EL CONTEXTO

Como en éste blog lo prometido es deuda, y habiendo analizado acá los aspectos técnicos puntuales de la ley sobre riesgos del trabajo que aprobó anoche el Congreso, corresponde completar el análisis refiriéndonos al contexto político.

Desde que la justicia (incluyendo a la Corte renovada por Kirchner) comenzó a cuestionar algunos artículos de la Ley 24.557, tanto el gobierno de Néstor como el Cristina trataron de acercar posiciones entre los gremios y las entidades empresarias para lograr una revisión integral del sistema, con el mayor acuerdo posible entre las partes.

Tras ocho años las negociaciones fracasaron, sobre todo porque los empresarios ponían el acento en la famosa “industria del juicio”, e insistían en defender artículos de la ley que habían sido cuestionados por la justicia; sobre lo cual el gobierno nada podía hacer.

En el medio de todo eso ocurrió el conflicto con Moyano, lo que deja una moraleja para el propio Moyano: dentro del dispositivo político del kirchnerismo consiguió muchas cosas, tanto para los trabajadores en general, como para los que él representa y -por qué no- para el mismo. Fuera, enfrente y sobreactuando el rol opositor (con extremos farsescos), la cosecha en lo sindical es hasta ahora más bien pobre (sin él cerraron sin problemas las paritarias y el Consejo del Salario), y en lo político inexistente.

Lo que no quita el hecho de que el gobierno (a la hora de reformar el régimen vigente de riesgos del trabajo) terminó optando por la “ley corta” (enfocada en la cuestión de las indemnizaciones), fundamentalmente para atender a los reclamos empresarios, sobredimensionando la importancia de la llamada industria del juicio (que existe): si se repara en que llegan a los tribunales reclamando indemnizaciones mayores unos 80.000 trabajadores sobre una fuerza laboral registrada (empleo formal) de unos 8,7 millones (es decir, menos del 1 %), y ese total, casi la mitad por reclamos denegados por enfermedades profesionales no listadas, se tendrá una perspectiva más clara del problema.

Claro que alguien podría decir (desde el gobierno): cedamos en esto justamente porque es poco significativo numéricamente en el contexto de las relaciones laborales, para mantenernos sin ceder en otras cuestiones más troncales y que afectan a todos los trabajadores, como la plena vigencia de las paritarias o la convocatoria al Consejo del Salario; pero eso en todo caso da una visión más amplia del contexto, no necesariamente una justificación.

Por no decir que, tratándose de seguros, que les pase a pocos no quiere decir que cualquier trabajador no termine siendo uno de esos pocos, por eso la necesidad de previsión y prevención.

También es cierto que el momento en el que se impulsó el proyecto no tiene que ver tanto con la realidad de un sindicalismo fragmentado (porque aunque el gobierno hubiera querido aprovecharla para lanzar el proyecto, no había ni hay ninguna garantía de que esa fragmentación no redunde en una mayor conflictividad), como con el contexto económico general: como resultado de la crisis, la relación empleo-producto está en su punto más inelástico, o dicho de otro modo: la economía –al menos hasta tanto no se recupere plenamente- tiene menos capacidad de generar nuevos empleos, y tuvieron que instrumentarse políticas contracíclicas desde el Estado, para evitar que se destruyan los existentes.

Eso determina que el mundo empresario demande “señales” a futuro y sin que esto implique convalidar ese criterio (que por ejemplo presidió las políticas flexibilizadoras en los 90’), lo cierto es que, aun equivocado o cortoplacista, es el que impera entre los hombres de negocios, que son los que tienen que generar los empleos, o sostener los creados; aunque el última instancia el gobierno lo convalida al enviar el proyecto con los alcances regulatorios acotados que se han descripto en el post anterior.

La impresión es que el gobierno -al impulsar el proyecto-, más que marcar una cambio de rumbo en la política seguida hasta acá en materia de relaciones laborales, quiso introducir una cuña política en el empresariado, granjeándose el apoyo de la industria y en especial de las Pymes industriales (en las que el tema es muy sensible), para evitar que se sumen a las impugnaciones que desde otros sectores se hacen a las políticas globales que el Estado viene encarando desde el triunfo de Cristina: control del mercado cambiario, limitaciones al giro de dividendos y utilidades, exigencias de liquidación de divisas en el país y en ciertos plazos para las exportadoras, control del comercio exterior con limitación a las importaciones.

No podemos olvidar que, mientras la nueva ley se discutía y aprobaba, estaba y está en pleno desarrollo la pelea con Clarín por la ley de medios, las presiones de Techint (el otro socio mayoritario de la AEA) para que se devalúe o aumenten tarifas (el caso de TGN), la sorda puja del gobierno con las exportadores de cereales y oleaginosas para que liquiden divisas (ayudando a recomponer las reservas del Central y eliminando tensiones sobre el tipo de cambio), con las petroleras para que informen sus planes de negocios y estructuras de costos, o con los bancos para que cumplan las nuevas regulaciones sobre destinar parte de sus carteras a préstamos para inversión.

Sin embargo no podemos desconocer que la nueva ley provee a la oposición (incluyéndolo por supuesto a Moyano) de un elemento importante para correr al gobierno por izquierda, acusándolo de favorecer intereses empresarios en desmedro de los trabajadores; argumento que tendrá tanto mayor eficacia si esta cuestión puntual del régimen de riesgos del trabajo se descontextualiza del marco general de las políticas económicas y sociales (incluso las laborales) del mismo gobierno.

No está demás recordar que dos días antes de que Diputados aprobara el proyecto, Cristina anunciaba el envío al Congreso de otro por el cual se incrementarán fuertemente las regulaciones del mercado de capitales, y de las calificadoras de riesgo; mientras se busca orientar (como se hizo antes con los bancos) las inversiones de las aseguradoras en proyectos productivos, con capacidad de generar empleo.

Y tampoco podemos dejar de señalar las incoherencias del campo opositor: la ley se sancionó en el medio de una movilización impulsada por la CTA de Micheli y la CGT de Moyano, y con el voto favorable de los diputados del PRO; siendo que en la mayoría de las áreas del Estado (de donde proviene la mayor parte de los apoyos de Micheli) rige el autoseguro y por ende no hay ART, o que el propio Moyano se fotografió con Macri, coqueteando abiertamente con la posibilidad de conformar una futura alianza política.

Más aun: hace poco tanto uno como otro recibieron a los representantes de los gendarmes en conflicto contra el gobierno nacional, y uno de los reclamos centrales que hacían era justamente contar con una ART propia (algo que hoy no tienen), mientras Moyano se peleó con Recalde (que terminó votando en contra el proyecto), para amigarse con Macri, cuyos diputados lo hicieron a favor: se ve así como la dicotomía kirchnerismo/anti-kirchnerismo atraviesa todos los temas de la política nacional, y contamina todos los debates.

Y con toda seguridad en esa misma lógica, el apoyo del PRO al proyecto (como pasó con el de los radicales y otros opositores al voto a los 16) terminará sumando gente a los cacerolazos del 8 N, entre aquellos que no se sienten representados por la oposición; y detestan todo lo que haga el gobierno, aunque desde su óptica pudiera estar bien.

Descartando desde ya que esta ley marque (como lo plantea Moyano) un cambio de rumbo general del gobierno, y dejando sentado que el proyecto tiene muchos puntos oscuros, están por verse cuáles serán los beneficios a futuro del camino que eligió Cristina (por las razones que nosotros conjeturamos, pero no tenemos la certeza que sean las reales), que compensen los costos políticos que paga el gobierno; sobre todo en el plano simbólico.

Como siempre, eso dependerá del marco global de todas las decisiones que el gobierno viene tomando (ésta y todas las demás) y de cómo afecten al conjunto de la sociedad, en especial a los sectores que conforman su propia base electoral: algo parecido a lo que ocurrió con el debate por el impuesto a las Ganancias y el mínimo no imponible.