OTRA VEZ LAS SEÑALES

Leemos que la Corte hizo suyos los argumentos de la Procuradora General para rechazar el planteo de un particular por la inconstitucionalidad de la Ley 26.425, que terminó con el sistema de las AFJP.

Y dice textualmente en un párrafo del fallo que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentación o a la inmovilidad legislativa."

Lo cual ha sido dicho innumerables veces en la jurisprudencia de la propia Corte; y es una verdad de perogrullo: de lo contrario, el Estado jamás podría modificar las leyes, porque siempre habría alguien que las cuestione porque considera que le causan un perjuicio.

Verdad de perogrullo que se podría aplicar perfectamente a la ley de medios, cuya constitucionalidad se viene discutiendo hace cuatro años por Clarín, y verdad que la propia Corte omitió decir con todas las letras en esa causa, diltando siempre que pudo una definición contundente.

Sin embargo, hacemos notar que se expidió en este caso con tan claro argumento (que estaba presente desde el principio de la causa), a casi cinco años de sancionada la ley; y a instancias de un particular que había optado por la jubilación privada, no de una AFJP.

Lo que demuestra además que -como decíamos acá- era otro bolazo que se agitó en su momento por los medios aquél de que las AFJP demandarían al Estado, y eran todos juicios perdidos.

O visto de otro lado, que la Corte sigue fiel a no tener opiniones contundentes, cuando los que litigan son grupos económicos.

Sin embargo la Corte (como siempre en los últimos tiempos) hace un esfuerzo supremo por mantener el equilibrio y en la misma reunión donde falló a favor de la estatización de las AFJP, rechazó la presentación de la ANSES en la causa que promueve Córdoba por el presunto incumplimiento del convenio para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial; para que se apartara el juez Maqueda, ex ministro del gobierno cordobés y firmante de distintos decretos vinculados al objeto de la causa, en esa condición. 

O sea: a favor del gobierno en una causa en la que la contraparte (el sistema de jubilación privada) tiene pocos adeptos (al menos en público), y sería contradictorio con los planteos de la propia Corte de ajustar los haberes de un segmento de los jubilados del sistema de reparto; en contra en una causa (la de Córdoba) que tiene alto voltaje político actual, por el enfrentamiento de De La Sota con el gobierno de Cristina; pero sin ir al fondo del asunto, y permitiéndole al cordobés seguir contando con un amigo como Maqueda, cuando haya que resolver ese fondo.

Y mandando señales hacia la causa de la ley de medios, que está estancada en la Cámara viajera: a Clarín, señalándole que el Estado puede modificar las leyes cuando lo crea conveniente; y al Estado, que eso no implica que, si esos cambios causan perjuicios, no haya que indemnizarlos; siempre que el que los invoque, los pruebe.

O si se quiere, otra vez alertando a los abogados del Grupo que se dejen de boludear con la libertad de expresión, y afinen la puntería para demostrar que la ley de medios les causa perjuicios, y calcular de cuanto serían, en el caso que no les quede más remedio que aceptarla y desinvertir.