AFUERA HAY UN PAÍS

Hace un tiempo ya viene ganando cuerpo hacia el interior del kirchnerismo (afuera ya estaba instalada hace rato) la idea de que había que dejar atrás la disputa con Clarín por la ley de medios, y pasar de pantalla, dedicarse a otra cosa.

En un sentido el razonamiento es correcto: no se puede circunscribir un proyecto político a un sólo objetivo puntual -por más importante que éste sea-, ni pretender explicar una realidad compleja a partir de un sólo factor, como es la influencia del principal multimedios del país. 

Pero así como la realidad y la historia argentinas de las últimas décadas no se pueden explicar sólo por Clarín y su influencia, tampoco se pueden entender sin ese factor.

Y aunque el tema deba ser -necesariamente- desplazado del primer lugar de la agenda política y de las preocupaciones del gobierno por otros ciertamente mucho más urgentes, tampoco debemos perder de vista que el pleito en sí ingresa en su etapa de definición, y que la decisión que finalmente tome la Corte implicará mucho más que resolver una disputa jurídica; algo que nunca fue en definitiva.

De lo contrario se caería en la misma trampa del conflicto por las retenciones móviles de la 125, cuando las patronales agropecuarias ganaron adeptos para su causa en el grueso de la sociedad haciendo carne la idea de que la oligarquía terrateniente (la clase que forjó la Argentina anterior al peronismo) había desaparecido como por arte de magia, justo en el mismo momento en que las condiciones estructurales del modelo de agronegocios eran las más propicias para que subsista y se fortalezca.

El caso de la ley de medios es todo menos una disputa jurídica, o en todo caso en ese plano los hechos concretos y el derecho aplicable están claramente expuestos hace rato, y no necesitan de una audiencia pública para ser conocidos, ni por la Corte ni por la sociedad en general.

El mapa de medios que existía al momento de sancionarse la ley (y que la motivó) sigue siendo hoy el mismo, y las normas que entran a jugar cuando el Estado quiere regular contra esa distorsión, también: no parecen cuestiones de tanta complejidad como para que la causa duerma cuatro años en los tribunales; a menos que los jueces (incluyendo a los de la Corte) especulen con la variabilidad del termómetro político, para terminar produciendo un fallo cuando las circunstancias sean las más propicias. 

Por ejemplo cuando el gobierno acaba de perder muchos votos en las elecciones, y se habla de transición y fin de ciclo.

De allí que la sentencia que finalmente termine dictando la Corte tenga un gran valor pedagógico en términos políticos, para ilustrar sobre las relaciones concretas entre el sistema institucional y los actores del poder económico; entre los cuales ciertamente hay muchos más poderosos que el Grupo Clarín.

Si el fallo confirma al Grupo en el goce del corazón de sus negocios (el cable), o lo obliga a desprenderse de sólo una parte insustancial de sus licencias, estará diciendo que a futuro cualquier proyecto político deberá pensarlo varias veces si quiere emprender algún curso de acción similar al de la LSCA, cuando eso lo lleve a afectar intereses.

Alguno podrá objetar que esa posibilidad no está siquiera en los planes de quienes hoy tienen las mayores chances de suceder a Cristina dentro y fuera del oficialismo, pero no perdamos de vista que -al menos buena parte de la oposición- se ha corrido en el discurso a la izquierda, para pegarle al gobierno desde allí. La credibilidad y la consistencia de ese discurso debe tamizarse desde ésta perspectiva, es decir como piensan abordar el problema del poder concreto; que circula por dentro y por fuera de los cauces institucionales.  

Aun si el fallo fuera favorable a la validez de la ley, la complejidad del proceso de desinversión que debería encarar Clarín hará que -seguramente- se vean sus resultados cuando Cristina ya no esté en el gobierno; del mismo modo que ganó ampliamente las elecciones del 2007 (después del DNU de Kirchner que prorrogó las licencias por 10 años, y poco antes de la fusión de los cables) y del 2011, ya en guerra abierta y con todos los medios del Grupo tirando en contra las 24 horas.

Hechos estos que deberían mover a la reflexión sobre un punto: la influencia de los medios (en éste caso los del Grupo Clarín) no se ejerce tanto sobre las audiencias (cosa que existe, y debe ponderarse en su justa incidencia), sino sobre el sistema político; tratando de imponerle una agenda. 

Una influencia que distorsiona los términos del debate político, porque por detrás de los cortinados actúan fuerzas que son inmunes o indiferentes a los vaivenes electorales; esas que en cierto modo expuso kirchner con el famoso "que te pasha Clarín".

Cuando hoy se deslegitima a la ley de medios reduciendo el asunto a una pelea de viejos socios, o a un simple cambio de monopolios o multimedios (desplazar a Clarín para que ganen terreno Telefónica o Vila-Manzano) se confunde lo principal con lo accesorio; en términos de una lectura política de todo este asunto que trascienda al kirchnerismo.

De hecho, si Clarín gana conseguirá un objetivo polìtico (conservar sus negocios) para poder seguir influyendo desde allí sobre el sistema político, y poder aumentar esos negocios en el futuro: como se ve, trazar una divisoria entre ambos campos es bastante dificultoso.

Si el kirchnerismo no impulsó la ley de medios en el 2004 cuando la Coalición por la Radiodifusión Democrática presentó sus 21 puntos sino a partir del conflicto del campo, no fue exclusivamente porque hasta entonces estaba de picos pardos con el Grupo; sino porque comprendió allí que los famosos dichos de Magnetto a Pirillo (el ex dueño de La Razón) sobre el modo de Clarín de relacionarse con los gobiernos eran rigurosamente ciertos, y estaba en juego su propia supervivencia.

Cuando D'Elía decía que el Grupo Clarín era una pistola puesta en la cabeza de la democracia muchos lo consideraron exagerado, del mismo modo que cuando Cristina (al enviar el proyecto de ley al Congreso) decía que era una prueba ácida para las instituciones de la democracia; pero lo real es que, cuatro años después, las cláusulas troncales de la ley (las que obligan a desinvertir al Grupo) siguen esperando ser aplicadas: claramente, la prueba no ha sido superada.

En ese contexto, la audiencia pública montada por la Corte para discutir una ley que fue discutida en audiencias públicas en todo el país, hace ya cuatro años, implica la desmesura de una puesta escenográfica de lo que es un disparate conceptual en términos democráticos: poner en un pie de igualdad al Estado (porque es eso, no un gobierno) con un grupo económico.

Que incluso (como podemos ver acá en esta nota de Ventura) no tuvo empachos en defender su tamaño como un supuesto reaseguro frente al poder del Estado, una especie de contra-poder: la explicitación pública de la doctrina Magnetto, expuesta a Pirillo.  

La audiencia de la Corte por la ley de medios llega no sólo ex profeso después de las PASO, sino precedida de una catarata de fallos judiciales en contra del gobierno, y de acordadas de la propia Corte autoexcluyéndose de cumplir leyes sancionadas por el Congreso, siempre que afecten sus intereses y sus núcleos de poder.

Ojalá nos desmientan con el fallo, pero esperar que en ese contexto obliguen a Clarín a desinvertir, es bastante ingenuo.

Como era ingenuo suponer (cuando se discutió en el Congreso el proyecto de ley sobre medidas cautelares) que el Poder Judicial tiene que tener las manos libres, para garantizar la protección de los más débiles, como si eso le preocupara, por regla general.

Las dilaciones de la Corte hasta acá en el trámite de la causa de la ley de medios deben ser releídas en éste contexto: cuando dijo a fines del 2010 que el Grupo Clarín no había aportado elementos para probar que la ley afectara la libertad de expresión, en realidad les estaba haciendo un guiño para levantar la puntería en el futuro, y si no lo hacían, otros lo harían por ellos.

La Cámara en lo Clarín y lo Rural recogió el guante, y en su vergonzoso fallo homologó totalmente la libertad de expresión con la defensa de los negocios; al decir que el Grupo Clarín debía mantener su tamaño para ser viable en términos económicos, y que eso era una condición necesaria para que ejerciera plenamente su libertad de expresión.  

Si el fallo de la Corte (haciéndose eco de ese argumento) le permite conservar al Grupo conservar al menos sus licencias de cable (el corazón de su facturación y sus negocios) con el argumento de que no se utiliza el espacio radioelétrico, veremos una vez más como el derecho y la política se cruzan; y la teoría del contra-poder (la legitimación de la influencia de los medios, ante los gobiernos y el sistema político en general) tendrá hacia el futuro bendición judicial; más allá incluso de Clarín y de los grupos de medios.

Decía ayer Verbitsky en la audiencia que afuera (de los tribunales, del recinto de la audiencia) hay un país que espera.

De como salga el fallo dependerá también mucho como será ese país a futuro; incluso cuando el kirchnerismo ya sea historia.