Leemos en El Cronista: "En línea con los pedidos de las centrales sindicales más cercanas a la Casa Rosada, la CGT de Antonio Caló y la CTA que comanda Hugo Yasky, el Gobierno llevará a la mesa de diálogo con empresas y gremios una serie de medidas destinadas a profundizar el combate del empleo en negro, una realidad que, pese a las mejoras registradas en el mercado laboral, se mantiene en niveles elevados y alcanza a 1 de cada 3 trabajadores.
El paquete de iniciativas, que fue diseñado en conjunto por funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la AFIP y será elevado a los representantes sindicales y empresarios, contempla entre sus ejes la creación de un nuevo Registro de Empleadores, con el cual el Ejecutivo busca aumentar la sanción para aquellas empresas que reincidan en la contratación de personal en forma irregular y a la par potenciar la condena social como forma de disuasión del fraude laboral. Según la propuesta oficial, al registro serán incorporados los empleadores sancionados por infracciones vinculadas a situaciones de informalidad o empleo infantil, quienes permanecerán inhabilitados para operar o acceder a cualquier tipo de beneficio fiscal hasta que regularicen la situación y paguen las multas adeudadas.
Además, ante la desigualdad de recursos provinciales para volcar a la inspección laboral, el plan abarca un refuerzo de las políticas de fiscalización para lo cual se pretende dotar a la cartera laboral y a la Afip de mayores competencias y nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral a nivel nacional. A ello se sumará el aumento de los miembros del cuerpo federal de inspectores contra el trabajo informal, que en la actualidad integran unos 800 funcionarios."
No caben dudas de que la persistencia de altos niveles de informalidad laboral es una de las principales asignaturas pendientes desde el 2003, donde si bien se verifica una baja de los extraordinarios niveles de empleo en negro de entonces, no ha ido al mismo ritmo que la merma de otros indicadores, como la desocupación.
El empleo en negro es un flagelo que afecta no sólo a quien trabaja en esas condiciones (privado de derechos elementales, como la cobertura ante accidentes de trabajo, o el acceso a una jubilación futura), sino que contribuye a desfinanciar la seguridad social, restándole recursos genuinos para sostener y mejorar sus prestaciones.
Yendo a los anuncios que se harían, más allá del refuerzo puntual de las tareas y estructuras de fiscalización, otras medidas como las que se apuntan (la denuncia registral de las empresas que emplean en negro, la privación de todo tipo de beneficios fiscales sean exenciones, promociones o reintegros) son, a esta altura de los acontecimientos, mínimas e imprescindibles; y deben adoptarse de inmediato.
Más aun: debiera legislarse de un modo contundente para que ningún empresario que tenga trabajadores no registrados pueda acceder a ningún tipo de beneficio del Estado (créditos, subvenciones, subsidios, reintegros impositivos), y plantear a los gobiernos provinciales y municipales (sin distinción de colores políticos) que se sumen con medidas similares en sus respectivos ámbitos.
Con lo que el caso del empleo en negro nos pone ante un ejemplo de como juegan los famosos "diálogos y consenso": no está mal que el gobierno plantee el tema ante los actores sociales y económicos (sindicalistas y -fundamentalmente. empresarios), pero las medidas deben tomarse, sí o sí.
Aun cuando si así se hiciese, luego se lo acuse de autoritario o perseguidor de las empresas; o reviva el discurso noventista del "alto costo laboral" que "nos hace perder competitividad".
Sin ir más lejos anda por ahí Méndez, el de la UIA, diciendo que si el gobierno no cambia el rumbo de la política económica, perderá peor en octubre: habrá que obligarlo a sincerarse respecto a cuáles son los cambios de los que está hablando; lo mismo a De Mendiguren que está en la lista de Massa.
Se podrán discutir en todo caso detalles prácticos que tengan que ver con la implementación de las medidas, pero no la decisión de fondo: combatir el empleo en negro, con todas las herramientas que el Estado tenga a su alcance, o crear otras nuevas si fueran necesarias.
Le guste a quien le guste, cuando se sienten a "la mesa del diálogo".
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