UN ÁREA PROVINCIAL OLVIDADA

El Gobierno de Santa Fe desde el inicio de la gestión socialista en el año 2007, ha mostrado un llamativo desinterés en la promoción y aplicación de políticas relativas a la defensa de los derechos de los consumidores.

Ese desinterés se manifestó en ocasiones, en la deliberada ignorancia de las políticas de protección, o en la total ausencia de cualquier plan o política relativa al consumo generada desde organismos provinciales, o decididamente,  en una actitud del gobierno provincial de boicotear medidas que se establecían a favor de los consumidores, como ocurrió durante el acuerdo de precios instrumentado por el Gobierno Nacional en al año 2013.

Como lo señaláramos en post anteriores, (acá y acá por ejemplo), las autoridades provinciales declaraban en forma insólita y  públicamente, no poseer facultades para aplicar normas nacionales de comercialización, para así pretender justificar la actitud de boicot ante el acuerdo de precios que regía en todo el territorio nacional.

La normativa vigente en la provincia y relativa a éstas normas, no ha sufrido variación alguna en muchos años, por lo que el gobierno de la provincia siempre tuvo las facultades que los funcionarios socialistas declaraban no poseer. Como ya explicáramos en post anteriores, los  Decretos 762/85 y 850/94, establecen que  la Dirección General de Comercio Interior resulta la autoridad de aplicación de normas nacionales de comercialización, entre ellas las Leyes 22.802 (Lealtad Comercial), 20.680 (Abastecimiento), 19.511 (Metrología Legal), 24.240 (Defensa del Consumidor) y sus normas complementarias. 

Las insostenibles declaraciones y conductas de los funcionarios (siguiendo evidentes instrucciones del ejecutivo provincial), constituyeron un papelón jurídico público memorable. Y ahora, ésta actitud debió ser modificada ante el nuevo acuerdo de Precios Cuidados, que al igual que su antecesor del 2013, rige en todo el país.

No porque el gobierno provincial hubiera variado su evidente postura ideológica contraria a este tipo de acuerdos, sino por la sencilla razón que ante la presión de la población interesada en adquirir esos productos al precio fijado, le resultaba imposible al gobierno provincial, seguir haciéndose el desentendido en un tema tan sensible como los precios de alimentos y bebidas.

Entonces se modificaron las declaraciones públicas de los funcionarios provinciales. Pero es una adhesión verbal al acuerdo de precios, una adhesión testimonial, sin ningún respaldo en los hechos, porque deliberadamente siguen sin ejercer las facultades que tienen para controlar el cumplimiento de Precios Cuidados en la provincia de Santa Fe.

No se conoce –al menos públicamente- que la Dirección General de Comercio Interior de la provincia haya efectuado a la fecha algún procedimiento de control del acuerdo en las Ciudades de Santa Fe o Rosario, ni en ninguna otra localidad. Naturalmente, como no efectuó ningún procedimiento en los supermercados de la provincia, no pudo constatar si existe algún incumplimiento, y por no haber comprobado incumplimientos, por supuesto no aplicó ninguna sanción.

O bien en la provincia todas las cadenas de supermercados adheridas cumplen el acuerdo de precios religiosamente, o bien el organismo provincial no está cumpliendo con sus funciones.

Posiblemente por esta razón, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación a través del cual se solicita al Ejecutivo provincial que informe la cantidad de inspectores por zona y las actas labradas hasta la fecha, en el marco del acuerdo Precios Cuidados, como se puede ver aquí.

Según sostienen las asociaciones de consumidores y el propio personal de la Dirección General de Comercio Interior, en la delegación sur de la Dirección, con asiento en Rosario (con más de un millón de habitantes),  existen sólo dos inspectores que deben hacerse cargo de controlar no sólo el acuerdo, sino todas las demás facultades y normativa inherente al organismo. La misma situación en cuanto a los inspectores se presenta en la Ciudad de Santa Fe, con más de 400.000 habitantes. Un área olvidada por el gobierno provincial, que ha demostrado un sistemático desinterés por los derechos de los consumidores santafesinos.

Pretender que con dos personas por cada ciudad, puedan controlarse todos los locales de las las cadenas de supermercados adheridas, es una clara demostración que el gobierno provincial no tiene ningún interés en asumir su obligación de proteger al consumidor.

Al respecto,  leíamos ayer en La Capital a Juan Marcos Aviano, del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac): "Aviano señaló que a nivel nacional los controles en los súper son frecuentes pero se mostró disconforme con el seguimiento a nivel provincial. Sobre la cuestión, afirmó que debería haber más controles para evitar que en comercios que integran el acuerdo los proveedores vendan a un precio y en los que no a otro valor y mencionó que una gaseosa se puede encontrar a 14 pesos en un negocio y a 18 en otro. “Demandamos una mayor acción para frenar esta conducta. Parece que hay una mayor acción del gobierno nacional por cuidar y sancionar mientras que en Santa Fe vemos una inacción que nos llama la atención, a comparación con otras provincias. La Nación no puede enviar inspectores a Santa Fe sin que la provincia lo solicite”, consideró y dijo que “esto del acuerdo de precios hay que sacarlo de la política partidaria.".