LA REPÚBLICA PERDIDA

Acortaron el mandato de la anterior presidenta constitucional por una cautelar en la justicia.

Reformaron por DNU las leyes de educación y prometieron un "decreto rectificatorio" que todavía no llegó.

Primero intervinieron por decretos entes autárquicos creados por ley con participación parlamentaria, y los vaciaron de sus atribuciones legales; y después directamente los disolvieron por otro decreto, crearon una nueva autoridad de aplicación, designaron a los miembros del ejecutivo y establecieron que con ellos ya podían funcionar, sin necesidad de que se integren los representantes de los bloques parlamentarios. 

Por las dudas se garantizaron el sentido de las decisiones dando doble voto al presidente designado y reservándose la facultad de remover a cualquiera de los directores, incluso los representantes parlamentarios, sin necesidad de exponer causa.

Cajonearon una nota del bloque de diputados del FPV designando a un representante en el Consejo de la Magistratura, para reemplazarlo por uno suyo con una nueva "mayoría interbloques" con firmas dudosas de algunos legisladores.

Usurpando esa vacante, quedaron a tiro de los dos tercios necesarios en el Consejo para nombrar y destituir jueces.

Mantienen cerrado el Congreso sin convocarlo a extraordinarias, y en cada DNU que dictan dicen que lo hacen porque "el Congreso está en receso hasta el 1 º de marzo".

Se negaron a recibir lso dictámenes de mayoría de la Bicameral Permanente aconsejando el rechazo de los DNU presidenciales.

Designaron por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "en comisión", y apretaron al presidente de la Corte para que les de juramento y puedan asumir sus cargos.

Cuando un juez dictó una medida impidiéndoles llevar adelante el juramento, el presidente dijo que su fallo "no tiene ninguna validez"; y de hecho los desacataron uno tras otro, hasta que consiguieron uno a favor en un trámite de 15 minutos.

Pidieron retirar todos los pliegos de jueces y fiscales que estaban para acuerdo en el Senado luego de haber ganado los concursos del Consejo de la Magistratura, pero solamente en los casos en que los candidatos pertenecen a "Justicia Legítima".

Se negaban a poner en posesión del cargo de presidente de la Auditoría General de la Nación a Echegaray (cargo que corresponde a la oposición de acuerdo a la Constitución), y por el contrario volvieron a designar en él a Despouy (UCR), que es parte del oficialismo. 

Cuando finalmente designaron a Echegaray, la vicepresidenta explicó que "no estaba de acuerdo con la designación", pero que no le quedaban más medios para impedirla.

Modificaron la reglamentación de la Oficina Anticorrupción que regía desde su creación, para designar a la ex diputada Lauta Alonso, que no cumplía los requisitos establecidos para el cargo.

Eliminaron las retenciones a las exportaciones industriales y agropecuarias y redujeron las de la soja, en base a facultades delegadas por el Congreso, cuya delegación venció en agosto del 2010. 

Por DNU pospusieron la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, pese a que la Constitución prohíbe expresamente dictarlos en materia penal; que comprende la fijación de delitos y pena, su juzgamiento y la etapa de ejecución de las condenas.

Por el mismo DNU les recortaron atribuciones al Ministerio Público Fiscal y al Servicio Público de la defensa, y les suprimieron la autarquía financiera; que les reconoce expresamente la Constitución como salvaguarda de su autonomía funcional.

Amenazaron con echar por DNU a la Procuradora General Gils Carbó, pese a que tiene inamoviilidad en su cargo, con acuerdo del Senado y solo es removible por juicio político; y mientras tanto le piden todos los días que renuncie "para posibilitar cambios en la justicia".

Por otro DNU modificaron la Ley de Inteligencia, traspasándole las escuchas telefónicas de la procuración General a la Corte Suprema de Justicia, a la que le ordenan en el decreto los requisitos que tiene que tener quien vaya a estar a cargo de la tarea.

Declararon la emergencia energética y anunciaron la "emergencia en seguridad" y la "emergencia estadística"; y volvieron a la desregulación menemista en materia hidrocarburífera.

Anunciaron un "protocolo de la protesta social" que aprobaría el Ejecutivo, sin debate en el Congreso y sin que se sepa de que se trata estrictamente.

Desconocen los fallos judiciales, y falsifican la fecha de los decretos que firma el presidente, además de demorar su publicación en el Boletín Oficial.

Ocupan los edificios públicos con la policía, y les impiden ingresar por la fuerza a los trabajadores.

Detuvieron a una parlamentaria del Mercosur por protestar en el espacio público, por orden del mismo gobernador que amplió la Corte provincial de 5 a 9 miembros, y designó a diputados de su partido como miembros del tribunal.

Esa misma justicia rechazó un hábeas corpus a favor de la detenida.

Todo eso en poco más de 30 días.

Anímese don Gregorich, escriba la tercera parte.

Material tiene de sobra.