MACRI CUMPLE, MAGNETTO IBA A FESTEJAR, PERO...

 

 

Como comentamos acá y acá, en dos artículos del Decreto Nº 267/15 de Macri, que dispone la disolución de la AFSCA y la AFTIC, se prevé:

a) que la conducción y administración del ENACOM será ejercida por un Directorio, integrado por un presidente y tres directores nombrados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, y tres seleccionados a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias;

b) que su duración en el cargo será de cuatro años, pero que pueden ser removidos por el PEN en forma directa y sin expresión de causa (en otra ilegitimidad más, aún los representantes del Legislativo);

c) que el quórum para sesionar será de cuatro directores, uno de los cuales podrá ser el presidente, y las decisiones serán adoptadas por mayoría simple, con voto doble para el presidente en caso de empate. (artículo 5º). Otro artículo, el 23º, prevé que el ENACOM se considerará legalmente constituido con el nombramiento de su presidente y de los tres primeros Directores.

Por el Decreto nº 7/16 el PEN, rapidito, nombró a su presidente y directores (Miguel De Godoy como presidente -ex Secretario de Medios de CABA-, Agustín Garzón -legislador PRO CABA que salta de interventor a director -, Alejandro Pereyra -abogado vinculado a Stolbizer- y Heber Martínez -ex ejecutivo de TELEFE-Telefónica-, como directores).

La intención era clara: como el Congreso no funcionará plenamente hasta marzo, de acuerdo al artículo 23º en relación al 5º citados, hasta ese momento se podían decidir todas las cuestiones atinentes a las leyes 26.522 y 27.078, con la firma de Miguel de Godoy y uno más

Pero, encontrándose Magnetto con el babero puesto para comerse el regalo de Macri, hoy se anuncia que dos jueces federales (el juez federal N° 7 en lo Civil y Comercial de CABA Iván Garbarino (en la causa iniciada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores - ADDUC) y la jueza federal N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, en la causa promovida por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social), hicieron lugar a una serie de amparos, dejando interinamente sin efecto los decretos 13/15, 236/15 y 267/15 mediante los cuales el presidente Mauricio Macri intervino la AFSCA, desplazó a su directorio, disolvió el organismo y eliminó los aspectos centrales de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Siendo así, tanto la AFSCA como la AFTIC deberían volver a estar dirigidas por las legítimas autoridades con mandato vigente conforme las leyes, y se dejan sin efecto las competencias atribuidas a la ENACOM en relación a las leyes 26.522 y 27.078 relativas a estos organismos y las decisiones de la intervención primero y, eventualmente, del ENACOM después.

Las sentencias que hacen lugar a las cautelares fundan los presupuestos exigibles de "verosimilitud del derecho" y "peligro en la demora", en que:

(*) las normas del PEN vía DNU revisten el carácter de ser permanentes y modificatorias de leyes del Congreso, por lo que no se está frente a una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional, con debido sustento en la realidad (como lo exige la CSJN), y por lo tanto excede el parámetro constitucional que para los DNU fija el artículo 99 de la Constitución Nacional, que además exige que sea “imposible” el seguimiento del proceso legislativo;

(*) que la modificación normativa del PEN puede contribuir a la conformación de monopolios u oligopolios con la afectación a la restricción de la concentración de licencias;

(*) que es el Congreso quien puede erigir órganos autárquicos descentralizados cuando se crean en virtud de una materia que el propio Parlamento debe regular, siendo por ello organismos descentralizados que constituyen una forma de control de la aplicación de la ley por parte de la Administración. De lo anterior que, reemplazar el órgano diseñado por el Congreso que es que le da directamente sus funciones regulatorias y afectar las estabilidad de los funcionarios dignados conforme ese diseño, reemplazándolo por otro órgano en los que los que lo conducen quedan a tiro del decreto del PEN, es ilegítimo.

(*) en la virtualidad de aplicar inmediatamente las normas del PEN modificatorias de las leyes del Congreso, con los funcionarios que designa el PEN, incluso antes de la designación de los representantes del Congreso.

Sin dudas la saga derivada de estas resoluciones judiciales tendrá nuevos capítulos. ¿Acaso el gobierno apelará al "per saltum" para llegar a la Corte? y en tal caso ¿la Corte validará el argumento de la "gravedad institucional" para habilitar la feria, siendo que si la hay la ha creado Macri al atropellar todo con sus DNU?

La jugada sería riesgosa pues aun no cuenta en la Corte con los dos jueces que designó "en comisión", y para la Corte fallar contra la ley de medios sería ir en contra de su propio fallo del 2013; declarando constitucionales los artículos que ahora uno de los DNU derogó.

Además en las instancias de Cámara (en especial en el fuero Civil y Comercial) es posible que el gobierno obtenga algún fallo favorable express si lo intenta pidiendo la habilitación de la feria. Sobre todo si le tocara la Sala de la "Cámara en lo Clarín y lo Rural", como se la conoce.

Valen, pero por estricta justicia para esta oportunidad, todas las argumentaciones que los escribas de Clarín tergiversaban al momento de los cuestionamientos judiciales (siempre tan bien acogidos y despachados por su togarepresentantes) que el grupo hacía para frenar la ley, en relación a las siguientes tópicos: república, división de poderes, independencia del poder judicial, vigencia de las medidas cautelares, deber de la Corte de desestimar planteos recursivos contra las cautelares en tanto no se dirigirían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.