LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

jueves, 30 de junio de 2016

EL ASALTO AL PALACIO


Leímos acá y acá en El Cronista de ayer que el gobierno acelera su ofensiva para desplazar de su cargo a la Procuradora General Gils Carbó, y algunos jueces federales como Rafecas o Canicoba Corral, que considera “cómplices de la corrupción k”.

En el caso de Gils Carbó, al amparo del caso López lo que busca es acelerar el proyecto de ley modificatoria del Ministerio Público que presentó Garavano (que tuvo seriasobjeciones en el Congreso), a través del cual el mandato del Procurador General (hoy vitalicio como el de los jueces) se reduciría a 4 años. La reforma se aplicaría retroactivamente a Gils Carbó, como consecuencia de lo cual en agosto debería abandonar su cargo, si es que no renuncia antes.

Recordemos que la actual procuradora fue designada con acuerdo del Senado por 63 votos favorables, ninguno en contra y apenas 3 abstenciones, y que tienen inamovilidad en sus funciones “mientras dure su buena conducta” al igual que los jueces; y al igual que ellos solo puede ser removida mediante juicio político.

Precisamente éste mecanismo es el que está intentando activar Carrió en lugar de la ley “a medida para echarla”, acaso para que no le enrostren a “Cambiemos” sus críticas a Néstor Kirchner por el modo en el que se desplazó al procurador Sosa, cuando era gobernador de Santa Cruz. Para promover el juicio político de Gils Carbó se basa en una denuncia de...Marijuan, por la designación presuntamente irregular de fiscales subrogantes.

La procuradora es una piedra en el zapato del gobierno y de lo sectores del poder económico que lo apoyan, desde antes incluso de asumir su cargo: recordemos que siendo fiscal de Cámara fulminó por inconstitucional la ley que Macri le hizo sancionar a la legislatura porteña para que la CABA tuviera su propio registro de sociedades; algo que podría lograr ahora si le traspasan la Inspección General de Justicia, y que le permitiría a la ciudad ser una especie de “Panamá” criollo, con facilidades para la formación y registro de sociedades, con mínimos controles estatales.

También en su momento Gils Carbó se opuso a la homologación del APE (acuerdo preventivo extrajudicial) de Multicanal, a partir del cual se viabilizó su fusión con Cablevisión luego aprobada por el gobierno de Kirchner: una decisión que iba en contra del  gobierno de entonces, pero fundamentalmente de los intereses del grupo Clarín.

Recordemos además que la Procuración General tiene intervención necesaria previa en la mayoría de las causas que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: de poco le valdría a Macri controlar el tribunal a través de los nuevos jueces, si en causas sensibles para el poder un dictamen previo de Gils Carbó deja en evidencia alguna truchada, aunque luego los cortesanos lo dejen de lado y fallen como necesite el gobierno.

En el caso de los jueces “indeseables” apelarían al método Oarbide: presionarlos con denuncias del oficialismo en el Consejo de la Magistratura para eyectarlos de sus cargos, u obligarlos a renunciar. Lo que demuestra cuan serias son las convicciones “republicanas” de radicales, cívicos y demás miembros de “Cambiemos”: lejos quedaron aquellos tiempos en los que abrazaban al Consejo como el bastión final de defensa de las instituciones, contra “el avasallamiento del kirchnerismo”, llegando incluso a ir a la justicia para impugnar reformas aprobadas por el Congreso a ley que lo reglamenta.

Tan lejos como las palabras de Macri en su discurso inaugural de mandato ante el Congreso, en el sentido de que no necesitaban “jueces macristas”, ni los iban a buscar, y que muy por el contrario iban a garantizarles a los jueces que hagan su trabajo tranquilos, sin interferencia del gobierno.

Muy por el contrario, queda claro hoy que los que no se sumen al “mani pulite” contra el anterior gobierno (el principal objetivo político del gobierno, por momentos el único) corren el riesgo de ver rodar sus cabezas. Si al gobierno realmente le interesara la lucha contra la corrupción, también intentaría desplazar a los jueces o fiscales (como Ercolini o Marijuan) que hacen dormir el sueño de los justos a causas como la de Papel Prensa, las denuncias de Hernán Arbizu por lavado de dinero o la de las 4040 cuentas de la filial suiza del HSBC; o no protegería con los legisladores del oficialismo en el Consejo de la Magistratura a impresentables como Bonadío, el Oyarbide de “Cambiemos”.

No se menciona entre los jueces apuntados a Casanello, que tiene causas urticantes para el PRO como las de las sociedades de Macri en Panamá o la “Time warp”, pero no pasará mucho tiempo antes de que entre en la mira: por ahora prefieren amedrentarlo en el ejemplo de sus colegas, por aquello de las barbas del vecino.

Lo que este operativo de pinzas demuestra es que las promesas de regeneración institucional con las que llegó “Cambiemos” al gobierno van quedando en el camino, como antes pasó con la “pobreza cero”, la “revolución de la alegría” o el segundo semestre: Macri está decidido a tener su propia servilleta de jueces, como en su momento la tuvo Corach; y que al propio Macri tan bien le vino en su hora para que la Corte de los milagros menemista lo hiciera zafar de la causa por el contrabando de autopartes.

Y el operativo funciona con las fuerzas concurrentes de los “prolijos” como Carrió o los “carniceros” como Angelicci o “Pepín” Rodríguez Simón: cuando se trata de subordinar a la política al proyecto político del gobierno (porque a eso y no a un propósito de regeneración moral obedece la cacería judicial de kirchneristas), desaparecen las internas y todos tiran para el mismo lado.

Macri llegó al gobierno reivindicando a Frondizi y va vimos hasta donde llega su “desarrollismo”. Luego inauguró la estatua de Perón, y en estos seis meses nos viene dando muestras sobradas de su sensibilidad social, y su protección de los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Esta semana remató su intento de construir su propia “línea histórica” homenajeando a Illia, y pudimos ver (Grindetti, Melconián, Quintana, Aranguren y las propias declaraciones juradas y “fideicomisos ciegos” del presidente mediante) hasta que punto lo tomaron como referencia de honestidad y decencia.

Con esta bliztkrieg con la que pretende tomar por asalto el palacio de los tribunales (de la que es parte esencial la asunción de los dos nuevos miembros de la Corte) y aun a despecho de destrozar la sensibilidad de algunas almas de cristal que lo votaron, nos está demostrando hasta donde llegan sus convicciones republicanas, y su apego a las instituciones. 

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