EN BOLAS Y A LOS GRITOS, EN MEDIO DE UN FESTIVAL DE INCOHERENCIAS

Se podrían buscar en Internet noticias de hace 5, 10 o 20 años, o recortes de diarios más viejos aun, y veríamos aparecer las mismas noticias sobre la inseguridad: denuncia de “olas” de incremento del delito, quejas ciudadanas, marchas reclamando que se tomen medidas, “que se cambien las leyes”.

Seguramente en la misma búsqueda encontraríamos las mismas respuestas: promesas de más policías y más patrulleros en las calles, operativos comando y razzias en barrios “bravos” (todas cosas que con el transcurso del tiempo van mermando hasta desaparecer), reformas legislativas hechas a las apuradas y sin demasiado debate ni análisis serio.

Lo cual no implica un intento de consolarse pensando que “inseguridad hubo siempre”, sino tomar nota de que se trata de un problema estructural de larga data en el que no hay soluciones mágicas. Una definición en la -sugestivamente- parecen coincidir todos, para acto seguido dedicarse a proponer precisamente soluciones mágicas: más policías, más patrulleros, que vengan los gendarmes o cambios en las leyes. En pocas cosas cabe tanto aquello de Einstein y la locura, los métodos y los resultados.

Así por ejemplo esta semana la Legislatura santafesina aprobó en trámite express -al mejor estilo Blümberg- cambios legislativos para la tribuna, algunos francamente disparatados como el de decomiso de bienes provenientes del delito, creando un ente autáquico para que los administre: un típico remedio socialista a cualquier problema, porque (parafraseando a Evita) para ellos, “donde hay una necesidad, existe un organismo burocrático para atenderlo, y si no existe, lo creamos”.

La provincia estaría creando un ente para administrar bienes provenientes de un delito (el narcotráfico) que no puede investigar, porque es de jurisdicción federal; cosa que los propios funcionarios de los gobiernos del Frente Progresista se ocupan de remarcar en cuanta ocasión pueden, desde el 2007.

Y también están pensando en adherir a la ley del “narcomenudeo” de 2005 para que la justicia provincial investigue las causas menores de narcotráfico, que son justamente las que atascan los juzgados federales; con el riesgo de que la policía santafesina tenga a mano una caja más para administrar el delito y hacer negocios, encarcelando a perejiles que seguramente tendrán en su poder un par de porros, más que yates o casas en countries que puedan ser decomisados.

En el debate por la aprobación de la ley de decomiso Galassi se jactó que la provincia donde Tognoli fue jefe de policía tenga desde el 2012 una “Secretaría de Delitos Complejos”, que implícitamente reconocen que estuvo al completo pedo, desde que proponen crear un nuevo ente.

Arquitecturas legales e institucionales pensadas en el aire para girar en el vacío de una policía que no tiene capacidad de prevenir los delitos antes que se produzcan, ni de investigarlos cuando ya se produjeron (el gobierno de Bonfatti mutiló en su momento el proyecto de policía judicial, hasta hacerlo inservible); y de un poder judicial que desplaza culpas en el Ejecutivo, pese a que lo componen fiscales que no investigan y jueces que no condenan, una realidad extendida por todo el país, y ante la cual no hay reforma procesal ni sistema legal, ni aumento de las penas que valga.

De hecho en la provincia la reforma procesal iniciada en 2007 (y que ya acumula una montaña de leyes “modificatorias”, sobre todo en materia de preventivas y excarcelaciones) fue poco más que una bolsa de trabajo para socialistas y radicales, sin resultados efectivos. A lo que hay que añadir que los radicales -por ejemplo- que acá la usufructuan para ocupar cargos, en la nación la votaron en contra, apoyaron que el gobierno de Macri pospusiera su entrada en vigencia y se dedican a pegarle a Gils Carbó.

Para traer las fuerzas federales a la provincia, Patricia Bullrich le pone por escrito al gobierno de Lifschitz condiciones políticamente imposibles de cumplir, porque implicarían en los hechos una intervención federal a Santa Fe; aunque sea cierto que la policía santafesina está infestada de bolsones de corrupción, y el socialismo paga el costo político de haberla dejado que se maneje sola y por su propia cuenta durante 8 años.

De hecho Lifschitz en sus primeros 8 meses de gobierno cambió 3 jefes de policía por circunstancias que nunca se aclararon, y que llegaron a su cargo luego de ser beneficiados generosamente por los gobiernos socialistas con ascensos a dedo resueltos dentro de la propia corporación policial (como en los viejos tiempos); bajo el disfraz de supuestos concursos como manda la ley aprobada en 2006. Para peor, esa cúpula policial era antes de ser designada (y volvió a serlo al dejar sus cargos) responsable directa del ISEP, y por ende de la pésima formación de los policías santafesinos.

Para que se vea que el problema no empezó ayer, la provincia está en “emergencia por seguridad” desde diciembre del 2013, algo que -con los resultados a la vista- se puede decir sin temor a equivocarse que solo ha servido para hacer compras y contrataciones de obra (incluyendo las del “Plan Abre”) sin licitación y muy probablemente para currar; al igual que sucede en la nación con la emergencia en seguridad decretada por Macri.

Bullrich dice que quiere ir a fondo “auditando” a la policía santafesina sospechada –con razón- de corrupción y connivencia con el narcotráfico, mientras hilvana en su propia gestión una payasada atrás de la otra: protocolo anti-piquetes, ley de derribo, simulacros de operativos antiterroristas, vigilanteadas en las redes sociales (algo en lo que también se prendió el socialismo a través del ex gendarme Spadaro), tuiteros presos por presuntas amenazas, falsos terroristas islámicos, informes sobre maras sacados del “Rincón del vago”, o la convocatoria a las fuerzas armadas para actuar en seguridad interior; en contra de las leyes vigentes.

Mientras el Congreso discute a las apuradas la ley del arrepentido (que ya exista desde hace años para el narcotráfico y el lavado de dinero), y el gobierno hace circular por los medios y los juzgados a cuanto narco ande suelto y dispuesto a “confesar” cualquier cosa, con tal de embarrar al kirchnerismo; y la propia Bullrich y el ex jefe de la Aduana Gómez Centurión se revolean tachos de efedrina por la cabeza, acusándose mutuamente de connivencia con el narcotráfico, todo con los espías de la AFI sin control, metidos en todas las operaciones, todo el tiempo.

Cuando comenzaron en Santa Fe las protestas ciudadanas por la inseguridad el gobierno de Lifschitz flotaba en la nube de pedos de la reforma constitucional, y ahora mismo –mientras las protestan siguen y se multiplican- la Legislatura analiza a pedido de los legisladores del Frente Progresista para remover al Defensor General Ganón; cuyos mayores “pecados” han sido denunciar a la corporación judicial, y los casos documentados de torturas dispensadas por la policía santafesina a los detenidos, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Un tema que -por cierto- no parece haber incluido Patricia Bullrich en su propuesta de auditar a la fuerza policial provincial.

 La especulación política del PRO santafesino en torno a la inseguridad es vergonzosa: sus call center se dedicaron a fogonear en las redes sociales las convocatorias a las marchas en Rosario, y sus legisladores pegan el faltazo a las reuniones que ellos mismos piden con los funcionarios provinciales, para exigirles respuestas.

En tanto a nadie (ni a los socialistas, ni a Cambiemos) se le ocurre asociar el alza en el delito con los efectos sociales de las políticas económicas desplegadas por Macri en los 9 meses de su gestión, no obstante lo cual no se privan de estigmatizar a la pobreza (asimilándola al delito) a la hora de proponer soluciones: en el país del blanqueo, las fundaciones truchas y las off shores presidenciales el problema parecen ser siempre los pibes que usan gorrita o andan en modo; nunca las estructuras del crimen organizado que requieren (necesaria e imprescindiblemente) para prosperar de la tolerancia y la complicidad de las agencias del aparato estatal encargadas de la seguridad y la justicia.

Si la falta de seguridad ha motorizado marchas ciudadanas, habría que convocar una reclamando un mínimo de sensatez y coherencia para encarar el problema.