LEGÍTIMA DEFENSA

No vamos a entrar ni siquiera a analizar si el caso del médico que mató al ladrón que quiso robarle el auto encuadra o no en el concepto de legítima defensa del Código Penal, que -por cierto- está exactamente igual desde su sanción original en 1921.

Aclaración que entendemos necesaria por si aparece algún salame a decir que el problema al respecto es el “garanto-abolicionismo” de Zaffaroni, o alguna paparruchada por el estilo.

Si el caso encuadra o no en la legítima defensa es algo que deberá determinar el juez de la causa y no es materia “encuestable”, o sometida a debate de panel de todólogos de programa televisivo; tampoco cuestión opinable para funcionarios o dirigentes políticos, algo que por ejemplo pasó por alto Patricia Bullrich antes de mandarse nomás a opinar cualquier cosa.

Tampoco nos vamos a detener demasiado en la irresponsabilidad absoluta de muchos comunicadores que aprovecharon el caso para traficar discurso manodurista, tribuneando irresponsablemente sobre el dolor, y justificando la justicia por mano propia: a tarados atómicos nivel Eduardo Feinmann, Susana Giménez o Baby Echecopar no se les puede pedir conductas propias de seres racionales.

Sí nos interesa en cambio detenernos en la implicancia de algunos mensajes equívocos que se transmiten desde la política sobre la violencia y la “crispación”.

Los días inmediatamente previos al episodio del médico todos los funcionarios del gobierno (empezando por el propio Macri) se habían convertido en una especie de gurúes de espiritualidad o pastores evangélicos, llamándonos a todos a la paz, la tolerencia, la convivencia pacífica y a bajar los niveles de enfrentamiento y crispación.

Pero además tildaban a todo el que ensayara una protesta o reclamo (en especial en el espacio público, pero no excluyentemente) de poco menos que agente de la desestabilización y el caos, o perturbador del orden social.

De modo tal que mientras se puede hablar de “legítima defensa” cuando a uno le quieren robar el auto y reacciona a los tiros, nohay “legítima defensa” posible cuando lo que está amenazado es el empleo, el salario o la subsistencia digna.

Y mientras (según esta línea de razonamiento) perder el auto o ser asaltado habilita emprenderla a los balazos, perder el empleo no habilita un piquete, perder salario no habilita una huelga, o sufrir un accidente de trabajo invalidante no habilita hacer un juicio laboral.; sin que lo tilden a uno de “poner palos en la rueda”, o atrasar el avance del conjunto.

Es decir que mientras se estigmatiza lo permitido (hacer huelga, accionar en defensa de los propios derechos, reclamar, protestar), se justifica lo prohibido en una sociedad civilizada (hacer justicia por mano propia).

Hay algo que no cierra, o que no terminamos de entender como funciona. O sí.