PROBLEMAS DE COLUMNA

Si hubiese que definir al gobierno de Mauricio Macri a partir de una sola característica principal, tendríamos que decir sin dudar que se trata de un gobierno patronal, anti-obrero y enemigo de los trabajadores.

Más aun, se puede suponer que si el gobierno tuviera que negociar la ejecución de su programa cediendo algunos aspectos del mismo para poder cumplir con otros, optaría por quedarse con todo lo que signifique reducir derechos laborales, modificar condiciones de trabajo, flexibilizar, modificar las relaciones de poder al interior de cada empresa y transferir recursos desde el trabajo, hacia el capital.

Esas ideas inclusos son los principios rectores (no siempre explícitamente enunciados, pero de seguro claramente sobreentendidos) de las negociaciones para “volver al mundo”: es lo “no nombrado” o solo esbozado pero siempre presente en las conversaciones para atraer inversiones extranjeras, en la búsqueda permanente de nuevos mecanismos de asociación internacional (como los acuerdos de libre comercio), y hasta en los diseños institucionales ensayados a esos fines; como el régimen de “asociación público-privada” aprobado por el Congreso.

El discurso oficial del gobierno (comenzando por el propio Macri) es obsesivo en desplazar sobre el trabajo y los trabajadores la culpa de los principales males nacionales, sea que reclamen por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pidan paritarias, aumentos salariales, protesten por despidos, se compren un auto o un aire acondicionado o deseen gozar de un fin de semana largo para descansar o hacer turismo.

La constante mención a la “productividad” en boca de un presidente consuetudinariamente vago no es más que la versión aggiornada del lugar común que dice que en éste país “no trabaja el que no quiere”; y el ideal de ese mismo gobierno es que todos seamos “emprendedores”, no tanto para exaltar el ideal clase-mediero de raíz inmigratoria de que cada uno puede forjar su propio destino (aunque la idea apunta a esa otra construcción cultural de nuestro inconciente colectivo), sino por razones menos confesables: en el “emprendedorismo” no hay sindicatos, ni huelgas, ni solidaridad de clase, ni reclamos a la patronal; porque nadie se reclama a sí mismo.

Con buen criterio apunta acá Oscar Cuervo en su blog que a la hora de buscar un programa mínimo de coincidencias entre las fuerzas opositoras para frenar a Macri debería acordarse con todos los que estén de acuerdo en éste punto (no permitir que los trabajadores pierdan derechos), y en repudiar los retrocesos democráticos que generan las pulsiones autoritarias del gobierno; ejemplificando con la prisión política de Milagro Sala.

Sin embargo y por amplias que pudieran ser las coincidencias opositoras al respecto, para frenar la ofensiva del gobierno contra los trabajadores es imprescindible el concurso del sindicalismo, porque como quedó claramente demostrado hasta acá, la política no puede resolver por sí sola esas cuestiones.

El ejemplo más reciente es el del DNU que modifica el régimen de riesgos del trabajo: Macri puenteó la discusión en el Congreso sabiendo que contaba con por lo menos un guiño de la conducción de la CGT, que solo ensayó tibios reclamos formales por el procedimiento elegido, pero no contra el contenido de las medidas.  

Para avanzar en el recorte de derechos a los trabajadores, el gobierno pivotea sobre el enorme desprestigio social de los dirigentes sindicales (en la percepción ciudadana promedio, de todos, incluso los más combativos); y en décadas de pérdida progresiva de la tradición de sindicalización, organización y lucha de los trabajadores argentinos. La experiencia de las nuevas generaciones de trabajadores es bastante aleccionadora al respecto.

Claro que los propios dirigentes sindicales (en especial los de la CGT “reunificada”) contribuyen en muy buena medida al éxito de sus propósitos, canjeando derechos innegobiables o poniéndolos en peligro a cambio de sucesivos platos de lentejas; sea que vayan al bolsillo de los trabajadores mejor remunerados (como los cambios en Ganancias), o a los de los propios dirigentes y sus organizaciones, como los fondos de las obras sociales.

Catorce meses de gobierno de Macri dejan claro que en este terreno toda transigencia será interpretada como debilidad, y el gobierno obrará en consecuencia, acelerando a fondo en busca de sus objetivos: veto a la ley anti-despidos y sucesivos “acuerdos de caballeros” sistemáticamente violados, paritarias a la baja el año pasado y por “metas de inflación” para éste, críticas a los convenios colectivos, planteos flexibilizadores, desmontaje de los mecanismos institucionales que consagran pisos mínimos de protección (como la paritaria nacional docente, o la ultra-actividad de los convenios colectivos), rebaja de aportes patronales y aumento de la edad jubilatoria, quejas por la “industria del juicio” o instalación del debate sobre la “productividad”, para forzar el aumento en la tasa de explotación de la fuerza laboral, y -en correlato- de la tasa de ganancia del capital.

El propio “plan de reconversión industrial” anunciado por el gobierno es en una buena medida eso, y no un intento de discutir un nuevo modelo productivo. Mientras hablan de generar “empleo de calidad”, apuntan a destruir o flexibilizar precisamente eso: empleo en blanco, de calidad, calificado y bien remunerado;  como pasa en la industria petrolera, la metalurgia y ahora en las automotrices, aprovechando además que los planteos que vayan por ese lado pueden seducir incluso a sectores empresariales que discrepan con otros aspectos del modelo económico, como los aumentos de tarifas o la apertura a las importaciones.

No descubrimos nada señalando que el despido es disciplinador del reclamo salarial, tanto como de la protesta por mejores condiciones de trabajo o para resistir la avanzada flexibilizadora. De allí las diferencias entre el caso AGR (donde el gobierno se niega a intervenir, diciendo que “la cuestión lo excede”) y Banghó; donde sus políticas crean el problema (abriendo la importación), para ofrecer la solución: que los trabajadores acepten resignar derechos para conservar sus empleos, o ser “reconvertidos”, pero en condiciones más precarias de labor y remuneración.

Lo que el Grupo Clarín está haciendo en AGR (vaciar una empresa para “reducir el costo laboral” mientras crecen sus ganancias y se amplían sus perspectivas de negocios) es lo que el gobierno habilitaría en todo el país, si el contexto social, político y económico se lo permitieran.

El gobierno y los sectores empresarios más concentrados (que a esta altura está más que claro que son lo mismo) van no ya por el modelo de organización sindical construido por el peronismo (que no quieren realmente cambiar, en tanto sus dirigentes le sigan resultando funcionales), sino por el piso de derechos que los trabajadores argentinos consiguieron desde el 45’ para acá; en el enésimo intento de refundar un país pre-peronista con un certero golpe en la columna vertebral de los sectores populares; que no son -como se suele decir- ni las organizaciones sindicales ni mucho menos sus dirigentes, sino los propios laburantes.

Y eso es algo que interpela severamente no solo a los peronistas, sino a aquellos que se asumen como parte de las tradiciones nacionales y populares.