QUIEN LO HUBIERA DICHO

Los bancos pulsean con el gobierno para que, en las subastas diarias de las LELIQ’s, el Banco Central suba la tasa de referencia que usa como casi única herramienta para contener al dólar.

LELIQ’s que -recordemos- son los únicos que pueden suscribir, a diferencia de las LEBAC’s, que estaban accesibles incluso para los ahorristas e inversores minoristas.

Hace poco consiguieron que el gobierno les permitiera liberar los encajes, o sea la parte de los depósito que tienen que mantener inmovilizada, para poder invertirla en LELIQ’s.

Antes de eso, solo podían jugar en esa timba el 65 % de sus depósitos, y ahora la totalidad, poniendo en riesgo así la plata de los ahorristas, en el caso de que la bomba explote en forma de bono (lo más probable), o default por no poder pagar los vencimientos de los títulos, si los tenedores quisieran cobrarlos y pasarse al dólar.

Consiguieron esa concesión del gobierno con la promesa de trasladar una mayor proporción de la tasa que le cobran por renovar las LELIQ’s, a la que le pagan a los ahorristas por los depósitos a plazo fijo.

Y como muestra la imagen de apertura (sacada de ésta nota de El Destape) no cumplieron: la diferencia entre lo que le cobran al gobierno por prestarle la plata de los ahorristas, y lo que le pagan a estos por tenerles su plata un tiempo sigue estando en torno a los 20 puntos, lo que les deja una ganancia descomunal. Hasta llega a los 23 puntos, en algunos casos.

Ganancia que es posible porque el gobierno dejó sin efecto las regulaciones del Banco Central dictadas en la época de Vanoli, fijando un “piso” para las tasas que los bancos pagan por los plazos fijos, y un “techo” a las que cobran por prestar plata; en ambos casos vinculados a la tasa de referencia de política monetaria, a través de los instrumentos de absorción de circulante que emite el BCRA.

Al mismo tiempo y por imposición del FMI, el gobierno acaba de enviar al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Central para quitarle (entre otras) las atribuciones para intervenir y regular el mercado del crédito.

O sea, para que un futuro gobierno no pueda utilizar herramientas hoy disponibles (porque las regulaciones de Vanoli fueron posibles por la reforma impulsada por Cristina en 2012), y que este gobierno decidió deliberadamente no utilizar, para facilitarles los negocios a los bancos.