El paquete que envió el gobierno de Alberto Fernández al Congreso tiene que empezar por declarar la emergencia económica, cambiaria, sanitaria, impositiva, económica y administrativa en parte porque el macrismo deja un país hecho mierda y hay que reconstruirlo desde los cimientos, y en parte poe el engendro del artículo 76 de la Constitución Nacionalm, introducido por Alfonsín en el Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994: ver más información al respecto acá.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar las retenciones as la soja y sus derivados hasta un 33 %, fijando alícuotas mucho más bajas para los otros cultivos alternativos como el trigo, el maíz o el girasol (hasta un 12 %), y menores aun para las exportaciones de carne (9 %), Incluso no hace más que ratificar los decretos que Macri dictó en la materia, cuando las volvió a aumentar tras haberlas bajado.
El meneado "impuesto al turismo", el recargo por compras con tarjeta en el exterior y a la compra de dólares para ahorro afectan a un porcentaje reducidísimo de la sociedad argentina; mientras tanto los jubilados (6,8 millones) y los beneficiarios de la AUH (3,8 millones, niños) recibirán un bono extra a fin de año.
Se suspende por 180 días la ley de movilidad de los haberes jubilatorios aprobada en el gobierno de Macri (con la cual los jubilados perdieron más del 20 % de su salario real, medido en términos de poder adquisitivo), pero se establece que el Poder Ejecutivo aumentará en forma trismestral los haberes (como ahora), y al término de ese plazo tiene que proponer otra fórmula de movilidad, fiscalmente sustentable. La idea es que los aumentos trimestrales por decreto favorezcan a los titulares de una jubilación mínima, que son más del 80 % del total de los beneficiarios.
La ley facultaría al Poder Ejecutivo a disponer por decreto aumentos a los trabajadores registrados, que sus empleadores deberán pagar a cambio de una rebaja en los aportes patronales, que por otro lado suben en el mismo proyecto. En ningún momento habla de suspender las paritarias, y los aumentos por decreto (como pasa con las jubilaciones) pueden favorecer a los sectores laborales de salarios más bajos.
Se aumentan las alícuotas de Bienes Personales, en especial para los bienes radicados en el exterior y declarados en el blanqueo; el 70 de lo recaudado por este rubro (al igual que por los cambios en retenciones) se destina a financiar el sistema de seguridad social, es decir jubilaciones, pensiones y la AUH.
Se suspende el mecanismo de ajuste por inflación de los balances de las empresas a los fines de la liquidación de Ganancias, lo que suponía en términos reales una licuación del costo fiscal para ellas. Se faculta al Poder Ejecutivo a subir el mínimo no imponible del impuesto para la cuarta categoría (salarios más altos).
Se congelan por 180 días las tarifas de los servicios públicos (lo que supone una rebaja en términos reales, medida contra la inflación, se faculta al PE a renegociar los contratos (para desdolarizar las tarifas), e intervenir los entes reguladores; que han sido hasta acá cotos de caza de las privatizadas.
La nación y las provincias acordaron suspender los pactos fiscales de 2017 y 2018, con lo cual las provincias recuperan recursos y autonomía fiscal, a cambio de desistir de sus reclamos contra la Nación por la devolución de IVA a productos de la canasta básica que dispuso Macri en el final de su gobierno.
Además del bono de fin de años, se dispone que los beneficiarios de la AUH, de otros planes sociales y los jubilados que cobran la mínima vuelvan a recibir la devolución del IVA por las compras con tarjeta de débito. Se declara la emergencia sanitaria (entre otras cosas) para eliminar la tasa estadística para la importación de vacunas, y así poder garantizar el plan nacional de vacunación incumplido sistemáticamente pro el macrismo.
Se permite al Poder Ejecutivo aumentar los impuestos internos a las embarcaciones y autos de alta gama, se lanza una moratoria impositiva con suspensión de juicios y embargos de la AFIP y generosos planes de pago en cuotas; mientras se vuelve a apelar (como en el 2005, cuando se canceló la deuda con el FMI) a las reservas del Banco Central para afrontar los vencimientos de la deuda de acá a marzo.
Como se aumenta al 70 % el total de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES que pueden estar integrados por títulos públicos, queda claro que el gobierno busca lograr el equilibrio fiscal sin emitir, ni endeudarse, ni ajustar el gasto (lo que solo agudizaría la recesión), sino apuntando a aumentar los ingresos; captando rentas disponibles de los sectores con mayor capacidad contributiva, y cambiando endeudamiento en el exterior, con acreedores privados y en dólares, por deuda intra Estado, nominada en pesos y pagadera en el país.
Así las cosas, cabe preguntarse que intereses están realmente defendiendo los diputados de la ex "Cambiemos/Juntos por el Cambio" (¿cómo se llamarán a esta hora?) al negarse a dar quórum para tratar la emergencia, y anunciar que si el gobierno lo logra sin ellos, votarán en contra. Como en el período 2003-2015, y al igual que entonces, después de un desastroso gobierno suyo, que dejó el país incendiado.
Por supuesto que la respuesta es cantada: nuestros opositores paquetes se van a oponer a cualquier cosa que haga el presidente paquete, desde el primer momento. Tuit relacionado:
Que lindo mi intento de separar a la oposición racional del Frente Guaidó Argentino. Lástima que se rompió en la primera sesión del Congreso,— La Corriente K (@lacorrientek) December 18, 2019
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