"LA MESA DE LOS ARGENTINOS"

 

En fin, kedessir https://t.co/MlE1uldLq7

— La Corriente K (@lacorrientek) January 14, 2021

Eso, volver a la 125. Pero pongámonos el casco. https://t.co/tJsJcp182J

— La Corriente K (@lacorrientek) January 14, 2021

La pregunta es como resolverá el dilema el gobierno, que rebajó o eliminó retenciones a la carne y los productos de las economías regionales, pero no subió las que aplican a granos y oleaginosas. Lo están apretando para que haga lo mismo que viene haciendo, o sea nada.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 10, 2021

Podés elegir no pelearte con nadie si querés. Tenés que asumir las consecuencias, claro. Porque con la que sí o sí tenés que elegir que hacer es con la realidad, te guste o no.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 10, 2021

Con mucho más rigor del que podemos tener nosotros, lo anticipó acá Claudio Scaletta en El Destape: estamos en un ciclo de alza de los precios de los commodities que el país exporta, provocado por un conjunto de factores que describe: debilidad del dólar, exceso de liquidez por la baja de las tasas internacionales de interés, crecimiento de la demanda china que genera una mayor demanda.

Es decir, un panorama no muy distinto del que había en el 2008, cuando el gobierno de Cristina dispuso las retenciones móviles a través de la Resolución 125, y eso detonó el conflicto con las patronales del campo. Entonces y ahora -como lo señala Scaletta en la nota- ese aumento de los precios internacionales tensiona sobre el precio interno de los alimentos y la inflación, a menos que se haga algo para desacoplarlos, como por ejemplo ponerles retenciones más altas o móviles; instrumento que posiblemente no sea el único para conseguir ese objetivo, pero sí el más disponible para lograrlo.

Junto con otras regulaciones del comercio exterior (como el cierre de determinadas exportaciones, o la fijación de cupos), que permitan contar con ciertas garantías para conseguir abastecimiento interno de alimentos, a precios razonables y compatibles con el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, como sueldos y jubilaciones.

Mientras tanto, se supo que en diciembre la inflación aceleró a un 4 % mensual, fundamentalmente empujada por los aumentos en alimentos y bebidas; en contra de la tendencia descendente que registraron los números globales del IPC 2020, comparados con los del últimos año de gestión de Macri.

Estamos en presencia entonces de un problema económico y social de primer orden -en tanto la inflación compromete los ingresos de la población, y la inflación en alimentos, su accesibilidad a bienes esenciales-; pero por sobre todo un enorme problema político: todos los sectores vinculados a la producción y comercialización (en el país y en el extranjero) de materias primas y productos alimentarios elaborados tratarán por todos los medios a su alcance de aprovechar la oportunidad que crea la coyuntura, para maximizar ganancias.

Y resistirán en consecuencia cualquier regulación estatal o medida de política pública que vaya en la dirección de intentar morigerar el impacto de esa coyuntura sobre los precios de los alimentos para preservar los ingresos y el nivel de consumo de la población, lo cual es la otra cara de la moneda: supone necesariamente un recorte de la tasa de ganancia posible o esperada, en ese mismo contexto.

Es decir un conflicto que ya existe y está sucediendo, aun cuando el gobierno no haya hecho nada al respecto. Suponer lo contrario es como pensar que la asonada patronal del 2008 comenzó con la Resolución 125, confundiendo el disparador, con las causas. De hecho, no se nos ocurre otro conflicto más relevante que deba afrontar el poder político, acá y en todos lados: como garantizar que la población coma, y pague por ello precios razonables, acordes a sus ingresos.

Lo que supone que, tenga o no la decisión el gobierno de afrontar ese conflicto, conflicto tendrá: o con las fracciones del capital que antes mencionamos (que son poderosas, organizadas y sin mucho ánimo de consensuar), o con la sociedad si no actúa oportunamente y con eficacia, incluida su propia base electoral. Haciendo un corte electoral de clase por ingresos, diríamos que sobre todo con ella.

Si se toman las medidas que indican las circunstancias, habrá escalada del conflicto, como ya se pudo ver con el cierre de las exportaciones de maíz. Y en ese caso la respuesta del gobierno no puede ser siempre la misma -recular- porque de tal modo no se complicaría solo la economía, por la previsible escalada inflacionaria y sus efectos sociales; sino la propia gobernabilidad.

Y si hay escalada del conflicto -insistimos: más por imperio de las circunstancias, que por acción u omisión propia- entonces hay que alinear correctamente las fuerzas, y tener muy en claro en que cosas no se está dispuesto a ceder. Para lo cual hay que tener no sólo decisión política, sino acompañamiento social; y no hay peor cosa para eso que una "fuerza propia" (electorado y militancia) desmotivada porque no se ve una decisión clara de sostener determinadas posiciones, pese a las presiones en contra; porque del otro lado si algo no hay, es solidaridad ni dudas sobre lo que hacer para defender el propio interés.