CURARSE EN SALUD

 

Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente. pic.twitter.com/Tj53ltwW8E

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 19, 2020

En  el acto en La Plata el otro día Cristina habló de la necesidad de reprensar nuestro sistema de salud, porque se invierten en el muchos recursos, y los resultados distan de ser óptimos. Dijo también que una de las dificultades estribaba en que está segmentado o compartimentados en tres grandes sectores: el público, el privado de las empresas de medicina prepaga, y el de las obras sociales sindicales.

Si bien la pandemia tensionó a todos, fue el hospital público el que debió dar las mayores y más exigentes respuestas, a punto tal que incluso hubo que montar en la emergencia nuevos hospitales para atender la demanda de camas críticas, porque los existentes no daban abasto. El primer paso para un sistema salud fortalecido e integrado, es fortalecer el hospital público -en el que Carrillo hacía eje en su estrategia sanitaria integral-, pero en la Argentina y como consecuencia de las políticas implementadas por la dictadura primer y por el menemismo después, esa infraestructura descansa esencialmente en las provincias y se ha retraído allí la participación del Estado nacional.

A punto tal que los mayores hospitales nacionales existentes o han sido transferidos a las provincias para ser gestionados por ellas, o existen en la Capital Federal, donde como dijo ella, se concentra una infraestructura de salud que excede con creces la necesidades específicas de la población del distrito; en el cual la derecha que gobierna hace 13 años no solo los abandona, sino que pretende desconocer que desde su propio origen esa infraestructura estuvo pensada para el conjunto de los argentinos.

Pero decíamos antes -o dijo Cristina, para ser más precisos- que el sistema está fragmentado, y uno de los sectores que lo conforman es el de las empresas privadas de medicina prepaga. Al respecto, decíamos acá hace un tiempo: "Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada. En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados). En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.  

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental. Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.".

Allá por el 2011 Cristina impulsó durante su gobierno la sanción de la Ley 26682 que estableció el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, analizado en su momento en ésta entrada y cuyos lineamientos principales son: "...la prohibición de establecer la edad de los afiliados o la existencia de enfermedades preexistentes como criterios para negar la cobertura, la obligatoriedad de cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio aprobado por el Ministerio de Salud (al igual que las obras sociales) sin plazo de carencia, la necesidad de que los aumentos de las tarifas que perciben por sus servicios sean aprobadas por el Estado previo estudio de costos y cálculo actuarial de riesgos (a cargo del Ministerio de Salud y del de Economía), la aplicación a sus servicios de las leyes de Defensa de los Derechos del Consumidor y de Defensa de la Competencia, la limitación a las cuotas diferenciales fijadas para grupos de riesgo, la obligatoriedad de prescribir los medicamentos por su nombre genérico en los tratamientos terapéuticos y las posibilidad de mantener la cobertura contratada por las empresas para sus trabajadores, aun cuando se desvinculen de ellas, entre otros...".

Sin que se modificara la ley, lo que se hizo durante el gobierno de Macri fue desvirtuarla modificando su reglamentación: veíamos acá como fueron esos cambios: "...se le impone un plazo máximo de cuarenta y cinco días (sin especificar si son hábiles o corridos) a la Superintendencia de Servicios de Salud para expedirse sobre los pedidos de aumento de las cuotas que hacen las prepagas., y se reduce el plazo de preaviso de éstas a los usuarios de los nuevos montos, de 30 días hábiles, a 30 corridos; y se elimina la intervención previa a la resolución de los pedidos de aumentos de cuotas de la Secretaría de Comercio Interior, cuyo dictamen era vinculante en la reglamentación vigente, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor,..."

(Además) "...La reglamentación vigente establecía que la Superintendencia fuera quien estableciera y determinara las situaciones de preexistencia (enfermedades o patologías existentes al momento de la afiliación) de carácter temporario, crónico o de alto costo; y lo que reglamentará al respecto regía para todos los contratos, sin excepción. Con los cambios, solo se limitará a autorizar lo que propongan las empresas al efecto; (y en ella)...la diferenciación en los valores de la cuota por plan y por grupo etario solo podía establecerse al momento del ingreso del usuario al sistema, con excepción de los que alcanzaran 65 años de edad, y tuvieren menos de 10 años de afiliación a la misma entidad. Con los cambios, pueden fijarse valores diferenciales de cuotas por esos motivos en cualquier momento, con tal de que esté expresamente previsto en los contratos de afiliación.". Los cambios entonces fueron en una sola dirección: prevalencia de la lógica del mercado y el negocio, y correlativa disminución de la presencia y regulación estatal del sector privado de la salud.

Y nos queda el sector de las obras sociales sindicales (que no son como se piensa un legado del peronismo y de Perón, sino de Onganía y su ministro de Trabajo Rúbens San Sebastián con la Ley 18610), sobre el que muchos hemo dicho acá, y hace un tiempo esto: "Lo que nos lleva a una discusión más profunda sobre el modelo sindical argentino, no en tanto su organización estrictamente gremial con la impronta que le impusiera el peronismo desde el 45’ en adelante (sindicato único por rama de la actividad, con personería gremial para negociar en paritarias y participar de los ámbitos de representación institucional), sino en su rol de prestadores de servicios de salud, a través de las obras sociales. 

Un rol que -como se ve- se termina tragando al otro, al específico que le dio origen, y que hace difícil distinguir entre muchos dirigentes sindicales y los CEO’s de las prepagas; incluso desde la perspectiva de un modelo integrado de salud, o mejor dicho: sobre todo desde allí. Recordemos que la actual conducción de la CGT había acordado con el gobierno la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas) para recortar prestaciones a los afiliados introduciendo el criterio de rentabilidad económica de los tratamientos y coberturas, y que en ese tren coinciden plenamente con las empresas de medicina prepaga...". 

Porque así como la salud en general no fue ajena ni mucho menos a los múltiples estropicios perpetrados por el macrismo en el país, lo mismo pasó con las obras sociales: en el segundo gobierno de Cristina se había disuelto la APE (Administración de Programas Especiales) y se diseñó un fondo solidario de redistribución para compensar las asimetrías que existen entre las diferentes obras sociales por su tamaño y recursos (ver más información acá en ésta entrada); que el macrismo intentó dejar de lado creando la AGNET, para lo cual había incluso un guiño de la conducción de la CGT (la misma que la actual), a cambio de apoyo para la reforma laboral flexibilizadora. También planteó en el DNU 908/16 la "Cobertura Universal en Salud" (CUS), que nunca nadie explicó -ni le preguntaron- muy bien de que se trataba, y no pasó de un intento de manotazo a los fondos de las obras sociales sindicales. 

Como se ve, la cuestión planteada por Cristina -además de su importancia capital en sí misma considerada- tiene muchas aristas y toca intereses muy sensibles más allá de lo específicamente vinculado a la salud de la población, incluso al interior de la coalición oficialista. Razones de más para que sea una tarea necesaria e impostergable. (Material de interés en ésta nota de Guillermo Wierzba en "El cohete a la luna"). Tuits relacionados: 

Also Boletín Oficial de ayer, publica en suplemento la Resolución 2988 del Ministerio de Salud (la siguiente) derogando "por expresa indicación del presidente" el aumento a las prepagas a partir de febrero: https://t.co/azIuDeVnNZ

— La Corriente K (@lacorrientek) January 1, 2021

Como también es un papelón que sigan vigentes los cambios que le introdujo Macri por Decretos 66 y 380 del 2019, al Decreto 1993/11 de Cristina que reglamentó la Ley 26682 de empresas de medicina prepaga. Todos los cambios de Macri, por supuesto, a favor de las prepagas.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 1, 2021

Ojo: no es que esta chica Paula Español registre un desempeño sobresaliente en sus funciones ni mucho menos, pero tampoco es cuestión de correrla de todos los temas espinoso y que se rasque el higo nomás.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 1, 2021