DNUS, REPUBLICANISMO Y CHAVIZACIÓN

Por Raúl Degrossi

Leemos hoy en Infobardo que Mauricio Macri dictó un DNU (decreto de necesidad y urgencia) para modificar el Código Contravencional porteño, penalizando con multa y arresto a los que bloqueen diarios, o aprieten periodistas, dicho de un modo elegante.

Aquí pueden leer el texto del decreto, del que surge claramente que fue redactado por Magnetto, que ya no se conforma con hostigar a Moyano desde las tapas del diario: quiere verlo preso, por orden suya.

Es cosa muy discutible jurídicamente que la Ciudad de Buenos Aires (no ya su jefe de gobierno) pueda disponer tal cosa, porque la legislación contravencional -en nuestra provincia sería el Código de Faltas- puede tipificar y sancionar conductas, siempre que no constituyan delito; es decir una especie de "derecho penal residual" o en miniatura, que tiende a reprimir la infracción a disposiciones administrativas, o de policía provincial, y el Código Penal ya regula en su artículo 161 el delito contra la libertad de prensa.

Al respecto, resulta por demás curioso que no haya ningún fiscal que investigue por él a la comisión interna de AGR. En todo caso, han tenido en claro que en el caso del "bloqueo" a la planta donde se imprime Clarín, jugaban otros derechos constitucionales, como la libertad sindical y el derecho de huelga.

En la muy republicana ciudad de Buenos Aires, el disparate macriano es posible porque el artículo 103 de su Constitución -que pueden ver aquí- al regular la atribución del Jefe de Gobierno de dictar DNU, ha puesto ciertos límites por razón de la materia, entre los que no se encuentra la materia contravencional, por lo que Macri pudo meter baza en ella; a diferencia de lo que dispone el artículo 99 inciso 3) de la Constitución Nacional, según el cual el Presidente no puede legislar por DNU en materia penal.

Es decir que por ejemplo Cristina -aun queriendo- no podría replicar a Aramburu cuando dictó el Decreto 4161/56, y penalizar por el delito de opinión a los opositores políticos.

Hay que recordar que Macri ya intentó modificar en su momento por ley el Código Contravencional, para permitir que criminalizara la protesta social (piquetes y marchas), y sindicara como objetivos primordiales del aparato de seguridad del Estado a peligrosísimos delincuentes, como los "trapitos", limpiavidrios, artesanos y vendedores ambulantes.

El experimento porteño creado por la reforma constitucional de 1994 genera estas paradojas: la Constitución diseñada por el progresismo -en la que hasta se puede encontrar la mano del mismísimo Eugenio Zaffaroni como convencional- deja la puerta abierta para que la versión caricaturesca del nazimo que encarna el émulo de Micky Vainilla, ensaye una versión en miniatura de las Leyes de Nüremberg.

De todos modos, el "DNU Clarín" debe ser ratificado por la Legislatura -donde el PRO tiene minoría- si no quedará derogado, por lo que habrá que ver como se comporta al respecto la oposición. No creo que Pino Solanas (cuyo bloque en el cuerpo es importante) diga también en este caso que si bloquean a Clarín, se vuelve loco. 

Los radicales y la Coalición Cívica ya se sabe como votarán: la adhesión sin fisuras al monopolio conducido por Magnetto es una verdadera "política de Estado" para ellos, anterior incluso a los 6 puntos de Mauricio, que por cierto podría empezar por aplicarlos en la CABA. 

Pero hoy conocimos por los medios el dictado de otro DNU, del cual se ocupa aquí con honda preocupación la "Tribuna de Doctrina", visualizando una ola de expropiaciones chavistas de empresas de parte del gobierno nacional, por lo que en próximos editoriales llamará seguramente a sus lectores a guardar las escrituras, ante el seguro advenimiento del sucio trapo rojo, como diría Llambías (o Capusotto).

El texto del DNU firmado por Cristina lo pueden leer aquí, del Boletín Oficial de hoy; y lo que hace es derogar el inciso f) del artículo 76 de la Ley 24241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), de modo que desaparezca el límite para que el Estado (a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que maneja la ANSES administrando los activos de las ex AFJP) ejerce sus derechos políticos y accionarios en las compañías en cuyo capital tiene participación.

Aquí en el portal del FGS al que se accede por la página de la ANSES, tiene un listado de las empresas en las que el Estado tiene participación accionaria por esa vía.

Por un lado capitalismo puro: si ponés tarasca, tenés derecho a decidir el rumbo de la empresa, algo que por cierto Clarín y La Nación discuten en todos los foros en el caso de Papel Prensa, donde el Estado tiene el 28 % del paquete accionario, y no lo dejan nombrar ni los directores que quiere, ni los miembros de la sindicatura donde tiene que tener mayoría de acuerdo al estatuto social. Parece que de tal modo también quedaría coartada la libertad de expresión.

Por el otro el anverso de la moneda del DNU macrista en la relación entre el Estado, la política y las corporaciones: uno a remolque de un grupo del poder económico, llevándose puestas a las instituciones si hiciera falta y sobreactuando la obsecuencia que garantiza tapas, cámaras, micrófonos y silencios; estos últimos cada vez más necesarios para ocultar lo evidente: la utopía gestionaria de la derecha amarilla es un auténtico desastre, por donde se la mire.

Por el otro la férrea decisión de ir por más, complementando una de las medidas más trascendentes que se tomaron para revertir el desastre de los 90' -la estatización de los fondos previsionales y la liquidación de las AFJP-, con ésta otra, que le permitirá al Estado tener mayor ingerencia y control en el rumbo de compañías importantes; que en muchos casos operan en sectores críticos de la economía con clara posición dominante. 

Una medida con visión estratégica, sin dudas, y toda una definición del rol que le cabe -en esa visión de país que nos gobierna desde el 2003- al Estado, a la política y a las corporaciones.

Republicanismo y chavización, que le dicen.

Aunque hay que recordar que, entre las empresas en las que el Estado tiene participación a través del FGS está el mismísimo Grupo Clarín, con el 9 % de las acciones, lo que podría darle derecho a designar en su representación algunos miembros del directorio del hólding.

Para el caso que eso sea así, desde acá hago mi humilde propuesta al respecto: