CRISTINA PARA ARMAR

Por Raúl Degrossi

A un mes del triunfo con el 54,11 %:, el discurso de ayer de Cristina en la UIA deja a las claras (desde la misma puesta escénica) la centralidad total que asume en el panorama nacional, hacia adentro y hacia afuera del dispositivo político oficial; con todo lo bueno y lo malo que eso implica.

Tras años de ficción alimentada por los medios -que disimulaban la consistencia real del entramado opositor, con su representación simbólica-, las elecciones pusieron las cosas en su lugar: la desaparición electoral de la oposición se tradujo (al menos por ahora) en su insignificancia política; de modo que la disputa del poder quedó centrada entre el gobierno y las corporaciones; algo que se venía dando en la práctica desde hace tiempo, pero ahora quedó naturalizado hasta escenográficamente.

Ese escenario realza la importancia de la palabra de Cristina, porque a la densidad conceptual que suelen tener sus discursos (y el de ayer no fue la excepción),  se suma la centralidad política que alcanzan: habla y ordena el panorama, fija la agenda y el campo de disputa.

Desde el día después del 23 de octubre, los medios hegemónicos (centralmente Clarín y La Nación) se dedicaron a fogonear una total disociación de la política (que acababa de producir un hecho rotundo como el triunfo de Cristina) y la economía; de resultas de la cual se planteaba el absurdo de un gobierno plebiscitado por los éxitos de su política económica, pero que se revelaba incapaz de afrontar los desafíos que planteaba la economía.

En ese contexto se dieron las maniobras con el dólar y la presión por una devaluación: en el discurso de ayer Cristina -con delicadeza no exenta de ironía- dejó claro que el gobierno no las iba a tolerar, tanto como dejó en claro en este mes transcurrido desde las elecciones, que va a apelar a todas las herramientas a su alcance para mantener el control del proceso.

Ese es el rasgo principal de todas las medida tomadas desde el 23 octubre para acá: buscan mostrar una clara reafirmación de autoridad del poder político, coherente con el amplio respaldo popular obtenido; desde las que se pueden compartir ampliamente (como los controles sobre el dólar, o la exigencia a petroleras y mineras de liquidar divisas en el país); hasta las que son más cuestionables, como haberle devuelto a la Fuerza Aérea el control del tráfico en los aeropuertos.

Paralelo a ese intento de disociación mediática de política y economía, corre la desenfrenada búsqueda de una apropiación sectorial de Cristina, su figura y sus discursos: habiendo leído correctamente las consecuencias del urnazo del 23 de octubre, los empresarios dejaron de disputar en los bordes del kirchnerismo, o imaginar   escenarios alternativos en el que asumirían roles protagónicos de la mano de la oposición: ahora el entrismo lo practican hacia el interior del oficialismo, tratando de llevar agua para su molino y fijarle la agenda al gobierno, o colar su propio pliego dentro de ella. 

La presencia ayer en el acto -pugnando por un lugar cercano al escenario- de Buzzi  y de Biolcatti es bien reveladora al respecto; y De Mendiguren y la UIA tomaron debida nota del fracaso de las estrategias de la AEA y la Mesa de Enlace; al kirchnerismo no le gusta que lo arreen, y cuando eso pasa, suele redoblar la apuesta.

Se genera así una suerte de “Cristina para armar”, donde todos creen que pueden poner o sacar piezas para producir el resultado que más les convenga. El discurso de ayer dejó clarísimo que no les resultará fácil.

El recordatorio que hizo ayer Cristina de que gobiernan los que son elegidos por el pueblo y no los mercados pudo parecer de Perogrullo, si se prescinde del contexto en que lo dijo, tanto nacional como internacional: en Europa tambalean y caen gobiernos por dejar de lado una verdad tan elemental, y acá los mercados obran como si el 23 de octubre no hubiese habido elecciones.  

Cuando describió en detalle algunas maniobras para fugar divisas dejó en claro que el Estado (aun con todas sus precariedades) cuenta con mecanismos para detectarlas, tanto como que la famosa sintonía fina de la que se habla se deberá traducir -más tarde o más temprano- en reformas institucionales para ponerlas en caja de un modo más permanentemente; desde el régimen de entidades financieras, hasta la legislación sobre inversiones extranjeras y su libérrimo sistema de remisión de utilidades.

Si no se avanza más tarde o más temprano en ese sentido (con los ritmos que permita la relación de fuerzas, con la prudencia que aconseje el panorama político y económico) el gobierno corre el riesgo de desmerecer algunos de sus propios logros, como por ejemplo las clarísimas posturas que la propia Cristina ha sostenido en el G 20 sobre regulación de las calificadoras de riesgo y de los mercados de derivados financieros.

Cuando mencionó que hubo empresas que obtuvieron créditos a tasa subsidiada del Fondo de Financiamiento del Bicentenario, y los usaron para comprar dólares y fugarlos, la gravedad de la revelación (que no hicieron ni siquiera los columnistas económicos de medios afines al gobierno) en boca de la presidenta, se diluyó hacia fuera del auditorio (para adentro la estocada fue precisa) por la falta de nombres concretos.

Es obvio que no podía hacerlos en ese escenario, tanto como que más tarde o más temprano debemos saber -en lo preferible por boca del gobierno- quienes son esas empresas, porque de lo contrario se consagraría una injusticia: a la hora de referirse al proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, Cristina lo corporizó en Moyano (lo que es justo, porque es su principal impulsor); con lo que, si los bicicleteros permanecen en el anonimato, gozarán de un privilegio por moverse en los márgenes del delito, que no tiene quien plantea su reclamo (aunque el gobierno lo juzgue equivocado) por los carriles institucionales. 

Lo que me lleva de lleno a los dichos de Cristina en relación a ciertas modalidades de protesta sindical y al proyecto Recalde de participación en las ganancias.

Las críticas a lo primero son irreprochables: más allá y más acá del caso de Aerolíneas Argentinas, los conflictos por encuadramiento sindical apelando a los mismos métodos de protesta que se emplean para defender puestos de trabajo o pelear por salarios son incomprensibles e insostenibles, y la defensa corporativa que -como reflejo- ensaya Moyano al respecto, si bien puede entenderse desde los códigos sindicales (ningún gremio puede consentir que el Estado avance sobre la personería gremial), es sin dudas un clarísimo error político.

Del mismo modo, la centralidad que le dio Moyano al proyecto de participación de ganancias en su pliego de reivindicaciones (junto a la generalización del pago de las asignaciones familiares o la suba del mínimo no imponible de Ganancias) puede no compartirse. De hecho, en lo personal entiendo que la CGT debería priorizar otras cuestiones más urgentes, como la erradicación del empleo en negro, o todas las formas de tercerización o precarización laboral, las condiciones de trabajo de algunos sectores o el mecanismo de cobertura de riesgos del trabajo.

Lo que no quita que comparta absolutamente lo que apunta acá Mendieta: diferir la discusiones de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas a las paritarias, en lugar de regularlo por una ley del Congreso (lo que además jurídicamente correspondería para reglamentar una garantía constitucional) es un claro error político: reproduciría en ese punto las asimetrías que hay hoy en la negociación colectiva, por el diferente peso específico de las organizaciones sindicales de cada sector; a lo que sumo que, si los empresarios argentinos se sientan hoy a discutir en paritarias salarios y condiciones de trabajo, no es porque lo crean justo y necesario; sino justamente porque desde 1953 hay una ley que los obliga.

La propia Cristina puso en su discurso dos ejemplos contundentes al respecto: la rehabilitación de las paritarias y la reactivación del Consejo Nacional del Salario, dos medidas que se tradujeron en beneficios concretos de los trabajadores, y que fueron fruto de la intervención decidida del Estado, sin esperar la “generosidad” empresaria.   

La apelación de Cristina a su propia trayectoria política personal y al balance del kirchnerismo en materia de derechos laborales, como garantía de que su gobierno no asumirá un sesgo anti-sindical, debe entenderse más dirigida al empresariado que a la propia CGT y los sindicatos, que saben (o deberían saber) de lo que está hablando.

De lo contrario no sería coherente con la apelación que ella misma hizo en el discurso a no dirimir las disputas mandándose mensaje a través de los medios: la advertencia vale, pero para todos los lados, incluyendo al propio gobierno. Quizás sea este el punto en el que más se note la ausencia de Néstor dentro del dispositivo político oficial.

A la hora de encarar la relación con el sindicalismo (tanto el que orbita dentro del dispositivo oficial, como el que está afuera), Cristina se planta en una certeza incuestionable: el voto masivo de los trabajadores es parte sustancial de su 54,11 %, del mismo modo que muchos de esos trabajadores no están sindicalizados, y muchos de los que lo están, no participan activamente de las organizaciones gremiales: la base electoral de una es inconmensurablemente mayor al padrón de afiliados de los otros; y el primero que debe entender eso es el propio Moyano.

Lo que no quita  que, en un discurso en el que Cristina apeló todo el tiempo a la famosa “sintonía fina”, haberle bajado el pulgar al proyecto Recalde del modo en que lo hizo (y en el lugar que lo hizo), sobresalió como un ejemplo contrastante  de brocha gorda.

Demasiado gorda para mi gusto: si el objetivo era reafirmar la autoridad presidencial contra todo tipo de presiones sectoriales, y su liderazgo político dentro del oficialismo (hoy claramente indisputado), estaba cumplido con creces sin necesidad de abordar ese punto.