ESCRIBANO CONSIDERA QUE EL RADICALISMO YA NO SIRVE PARA UN GOLPE DE ESTADO

 

Se puede detectar -sin mayores esfuerzos- la pluma de José Claudio Escribano en el editorial de La Nación de hoy.

El mismo tono profundamente antidemocrático y golpista que campeaba en aquel célebre ultimátum a Néstor Kirchner del 2003, el mismo desprecio por la voluntad popular rotundamente expresada en las elecciones del 23 de octubre.

El mismo mesianismo pseudo republicano convocando a "la defensa de las libertades públicas amenazadas" y la "reconstitución del tejido democrático y republicano" que inflamaba los espíritus de los comandos civiles del 55'; totalmente fuera de contexto en un país que vive una intensidad de su democracia como no se había visto desde los albores de la primavera alfonsinista.

El disparador de la preocupación del editorialista fue la convención de la UCR del fin de semana, y la aparición allí de núcleos críticos a la conducción del partido: detecta con horror que esa crítica estaba centrada en la coincidencia de los que la lanzaron, con lo que califica como las peores medidas del ciclo kirchnerista: la disolución de las AFJP, y la sanción de la ley de medios.

En una tibia concesión a la correción política, la crítica al matrimonio igualitario ("otros delicados asuntos") aparece disimulada para que los lectores avisados entiendan, pero va al grano en lo que refiere a los intereses afectados de los principales socios de la AEA: "incluso a costa de la ruptura de elementales normas de seguridad jurídica", o sea, dejen que Clarín retenga sus 293 licencias de radio y televisión, y no jodan con que Techint ceda asientos en el directorio de Siderar, o discuta con el Estado sobre inversiones o distribución de ganancias.

Hasta ahí llega el republicanismo, a eso se reduce en la práctica la defensa de las libertades civiles: a negocios, grandes e importantes negocios.

Y en ese tren, descubre el editorialista fantasma que el radicalismo ya no sirve para esos propósitos o corre el riesgo de dejar de servir, porque hay quienes dentro suyo cuestionan el alineamiento automático del partido con los intereses de las corporaciones.

Nota: no es del caso especular aquí cuáles son las razones por las que -por ejemplo- Leopoldo Moreau dijo lo que dijo en la convención de la UCR, si fue por convicción ideológica o por oportunismo político; es incluso altísimamente probable que haya más de lo segundo, que de lo primero.

El punto es que el solo hecho de que se haya quebrado dentro del radicalismo el discurso monolítico sobre el rol del partido como vocero y defensor de intereses corporativos (que compartieron tanto Alfonsín como Cobos y Sanz) , enciende las luces de alarma en la tribuna de doctrina: hay que buscar por otro lado, los radicales ya no son confiables, o al menos no se puede contar con ellos para esmerilar al gobierno.    

De hecho, la simple expresión de una línea de coincidencia con algunos proyectos troncales del kirchnerismo convierte a determinados sectores de la UCR en "facciones remanentes bajo otras banderías políticas", mientras los radicales "bien" (o sea, los que combaten al kirchnerismo aun al riesgo de ser incoherentes, y defienden los intereses corporativos a como dé lugar)  serían "la fuerza caracterizada en el historial político del país por la defensa indeclinable de los derechos y garantías públicas".

Recurriendo a lugares comunes socorridos del pensamiento primitivo de gente como Escribano o Morales Solá, no dudan en deslizar alguna intromisión del gobierno en las decisiones de los radicales ("vinculados a bolsones de la burocracia estable de la ANSES"), y expresan por cierto una idea bastante estúpida de lo que es una convención partidaria ("preparada para hacerse del control de las tribunas más bulliciosas").

Es comprensible: son rutinas de la democracia a las cuales estos sempiternos golpistas no están acostumbrados, ellos son más bien cultores de la verticalidad cuartelera, y la discusión democrática, pero sólo entre todos los que piensan lo mismo.

Y hay en el editorial un sorprendente grado de alienación respecto de la realidad: se sostiene allí que el radicalismo habría sufrido una catástrofe electoral tras otra (reduciendo en consecuencia su representación parlamentaria) por haber manifestado posturas cercanas o afines al gobierno, cuando la realidad indica todo lo contrario.

¿O acaso De La Rúa fue un protokirchnerista, y el 2 % de Moreau que le enrostró el sábado Gerardo Morales, fue consecuencia de haber impulsado políticas similares a las seguidas por  Néstor y Cristina?, ¿sugiere La Nación que el 11,14 % de Ricardito fue fruto de haberse alineado con el gobierno en sus principales decisiones de los últimos años?

Más allá de los radicales y sus cuitas -después de todo, son asunto de ellos- lo preocupante de este pensamiento es su absoluto desprecio por todo lo que implica la democracia, aunque diga defenderla y preocuparse porque Lanata o Magdalena -"distinguidos periodistas"- recibieron un par de cascotazos.

Porque si el mismo editorial reconoce que el gobierno obtuvo una amplísima mayoría en elecciones libres, y hay sectores de la oposición con los que puede legítimamente acordar políticas porque tienen afinidad con su programa (lo cual ampliaría aun más esa mayoría electoral), cabría preguntarle a que fines convoca el editorialista fantasma a los "defensores de las libertades".

No será precisamente para competir en elecciones, porque allí llevarían las de perder.

Sería bueno para el país y para la democracia que algunos defensores no la defiendan tanto, o que digan lo que piensan con todas las letras, sin mensajes cifrados, así todos entienden desde donde hablan, y que propósitos persiguen.

Aunque cada vez les cueste más disimularlos.