QUEMÁ ESAS ACTAS

Probablemente en el vértigo de la disputa política cotidiana (a días de las elecciones y del fallo de la Corte sobre la ley de medios, con Clarín "adecuándose"), los anuncios que hizo ayer el "Chivo" Rossi sobre las actas secretas de las Juntas militares, y otra documentación hasta hoy desconocidas hayan pasado desapercibidos; o no valorizado debidamente en su importancia y trascendencia histórica; más allá del aporte probatorio eventual que puedan significar en los juicios por los crímenes de la última dictadura.

Desde los testimonios recogidos por la CONADEP a los juicios por la verdad, pasando por el juicio a las propias Juntas y la infatigable labor de los organismos de derechos humanos en dictadura y en democracia, se ha ido develando a la luz pública aquel período negro de nuestra historia; de un modo tal que hoy -en que todo ese proceso de construcción colectiva de la verdad es hasta parte de las currículas escolares- ya nadie puede alegar desconocimiento o ignorancia de lo que pasó en el país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 

En todo caso existirán justificaciones de lo injustificable, pero ya no resiste el más mínimo análisis que se controviertan las cosas que pasaron, ni siquiera zambulléndose en una macabra discusión matemática sobre las víctimas del terrorismo de Estado; la última de las sutilezas de los minimizadores de tragedias, cuando esas tragedias fueron consecuencia de la implantación de un proyecto político concreto, claro.

Un proyecto político que registramos en carne viva, y que las actas encontradas en el Edificio Cóndor y develadas ayer por Agustín Rossi exponen, con el formalismo burocrático propio de los militares.

Un plan que implicaba quedarse en el poder todo el tiempo que hiciese falta para poner en marcha un modelo de país; superando así el rol supuestamente "correctivo" o "normalizador" de anteriores golpes respecto a lo que conceptuaban vicios de la democracia: no mentían los dictadores cuando decían que estaban encarando la reorganización nacional; tan profunda que aun hoy, padecemos muchas de sus consecuencias. 

Un plan tronchado por la derrota militar en Malvinas, pero mucho más complejo de desmontar en su natguraleza refundacional más profunda; y un plan concebido no en soledad por los jerarcas de las fuerzas armadas, sino con el apoyo, los aportes, el acompañamiento y la complicidad de sectores civiles, en especial grupos económicos.

Allí están en los hallazgos las ideas acompañadas a la Junta por los bancos nucleados en ADEBA, beneficiarios directos de la reforma de 1977 aprobada por Martínez de Hoz y que aun hoy define las grandes matrices de nuestro sistema financiero.

Un acompañamiento empresarial en toda la línea, hasta integrando los elencos de gobierno del régimen con sus más conspicuas figuras; y del que dan cuenta los diarios y medios de la época, pero al que los documentos hallados le dan envergadura de institucional; de un modo tal que ya casi nadie puede cuestionar seriamente la caracterización de la asonada del 76', como un golpe cívico-militar.

En ese marco aparecen las actas que dan cuenta del minucioso seguimiento de la Junta del caso Papel Prensa (denotando que se trataba de un proyecto estratégico para la dictadura, para garantizarse impunidad mediática), e incluso de la rectificación de sus premisas iniciales de repartir acciones de la empresa entre los diarios del interior, a pedido de los mayores beneficiarios: Clarín, La Nación y La Razón.   

Aun cuando no falte algún escéptico apegado a las teorías conspirativas que sospeche de la difusión de estos documentos justo cuando la pulseada por aplicar la ley de medios alcanza un punto culminante, lo cierto es que el vínculo entre aquel pasado y éste presente es nítido, más allá de marcar a un mismo protagonista(Clarín), expuesto en su desnudez en estos años de debate político.

Ambas cuestiones (aquella "empresa conjunta" entre la dictadura y los principales medios del pasado, esta disputa por someter al poder corporativo a la ley del presente) están íntimamente vinculada, e iluminan el tortuoso camino de nuestra siempre inconclusa transición democrática.

Que ha reconocido quiebres y retrocesos, pero que ha registrado importantes avances; muchos de ellos en los últimos diez años, cuando muchos apologistas y cómplices de aquél régimen recorren foros internacionales dando una penosa imagen, e intentando instalar la idea de que el país vive bajo un régimen dictatorial.