En octubre del año pasado contábamos acá sobre el alquiler del inmueble donde funciona el Tribunal Electoral de la provincia; que es de propiedad de uno de los permisionarios del puerto de Santa Fe con abultadas deudas por no pagar los cánones por los espacios que ocupa allí.
El contrato -decíamos- tenía un aumento del 231,30 % en dos años en relación al anterior, que era de un inmueble de una de las tantas empresas de los "desarrolladores inmobiliarios" que construyen torres de lujo...en el puerto santafesino, y las cocheras del parque Alberdi.
Pero tal parece que además de caro, el nuevo inmueble donde funciona el Tribunal no sirve para eso: para que funcione el Tribunal Electoral, y hubo que hacerle algunas "mejoras".
"Mejoras" en las que se gastaron casi 6 millones de pesos contratados en forma directa, pese a que las normas vigentes en la provincia imponen hacer licitación pública cuando el gasto supera los 800.000 pesos: se adujeron "razones de probada urgencia y emergencia imprevisible".
Claro: ¿cómo podrían prever las autoridades que este año hay elecciones de autoridades municipales y comunales si las leyes que lo disponen son apenas de 1935 y 1939, y cómo podrían saber cuando serían si el gobernador apenas las convocó por decreto publicado en el Boletín Oficial, en diciembre del año pasado?
Con tantas circunstancias "imprevisibles" de por medio, es razonable alegar (como lo hace el decreto) que es "materialmente imposible realizar otro procedimiento de selección en tiempo oportuno": ¿quién podría hacer una licitación pública si solo le avisan ocho meses antes de las elecciones que ese año hay elecciones, no?
Además ¿quién podría saber que el edificio que se alquila tiene problemas estructurales y de cableado a resolver, si hace apenas cinco meses que el Tribunal Electoral está instalado allí? Imposible notar algo en tan poco tiempo.
Otro dato de color del decreto es que, acaso previendo que suene "raro" gastar casi seis millones de pesos en "poner en valor" un edificio por el cual se vienen pagando $ 240.000 mensuales de alquiler (que a partir del segundo año de contrato serán $ 324.000), sostiene que el inmueble fue elegido -entre otros argumentos de peso- con el aval del entonces presidente de la Corte Suprema (y por ende, del Tribunal Electoral) y futuro consorte de la propuesta Defensora General (en reemplazo del cesanteado Ganón), Rafael Gutiérrez.
Es como que todo gira en un círculo ¿no? Rojo, para más datos.
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