EMERGENCIA SOCIAL: MÁS ESPEJITOS DE COLORES

Cuando a fines del año pasado el gobierno acordó con algunas de las organizaciones sociales la llamada “emergencia social” parecía claro que lo que buscaba era evitar conflictos para las fiestas de fin de año, más que articulare políticas para resolver los graves problemas que sus propias políticas van generando, o profundizando donde ya existían. Algo al respecto se dijo acá.

Sancionada en diciembre la Ley 27.345, Macri se tomó hasta marzo de éste año para reglamentarla a través del Decreto 159, con la amenaza de una marcha de las organizaciones (luego levantada al conocerse la reglamentación). Reglamentarla es un decir, porque el decreto no establece nada concreto; como la mayor parte de la ley; que establecía en su artículo 7 la progresiva “articulación” de los programas sociales vigentes con el “salario social complementario”, vulgarmente conocido como “aguinaldo social”.

Para cumplir con eso facultaba al Poder Ejecutivo a través del Jefe de Gabinete a reasignar partidas de los programas sociales (o sea, a invertir lo mismo pero distinto) por un monto de hasta 25.000 millones de pesos, hasta diciembre del 2019 que es el término de vigencia de la “emergencia social”, con la posibilidad de incorporar otros 5000 millones más si al 31 de diciembre de 2018 esos fondos originales estaban agotados.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial (verla completa acá) la Resolución 201 del Ministerio de Trabajo de la nación, que crea el “Programa de Transición al Salario Social Complementario”, que regirá según se señala “...hasta la efectiva implementación del Salario Social Complementario previsto por la Ley N° 27.345...”.

De acuerdo con la resolución los destinatarios del Programa “...percibirán en forma directa y personalizada una ayuda económica no remunerativa mensual de pesos cuatro mil ($ 4.000), para su disponibilidad a través de una tarjeta magnética.”; concepto que será incompatible con (siempre según la resolución) “...la percepción de: 1. una remuneración proveniente de un contrato laboral bajo relación de dependencia; 2. prestaciones contributivas por desempleo; 3. prestaciones previsionales; 4. ayudas económicas provenientes de programas de empleo.”

El “Programa de Transición” tendrá vigencia “...hasta el día 31 de diciembre de 2017 o hasta la efectiva implementación del Salario Social Complementario previsto por la Ley N° 27.345, lo que ocurra primero.”, pero hasta donde se sabe, no ha habido una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete (como mandaba la ley) modificando el presupuesto para dotarlo de partidas concretas.

Por el contrario, dice la Resolución de Triaca en su artículo 10 lo siguiente: “Los gastos que demande la presente medida se atenderán con los créditos asignados y que se asignen en el Presupuesto General de la Administración Nacional, a la Jurisdicción 75, Programa 16 – “Acciones de Empleo”, Partida 5.1.4 - “Ayudas Sociales a Personas”, con la Fuente de Financiamiento disponible al momento de efectuarse los pagos.” (las negritas son nuestras)

Pero las partidas “disponibles” no son lo que se diga una barbaridad, según podemos ver acá en el Programa respectivo:

Para que se entienda: dentro del Ministerio de Trabajo el programa "Acciones de Empleo" tiene asignados un poco más de 3770 millones de pesos, de los cuáles en lo que específicamente tiene que ver con la "emergencia social" (excluyendo por ejemplo los REPRO, porque sería desvestir a un santos para desvestir a otro), y apuntando concretamente a la partida "Transferencias - Ayuda Social a Personas" como dice la resolución, los fondos disponibles son un poco menos de 798 millones de pesos. Lejos de los 25.000 o 30.000 prometidos ¿no?

Siempre que todos esos fondos sigan estando disponibles, no se hayan gastado en lo que va del año y se destinaran íntegramente al "Programa de Transición), si tomamos los ocho meses del año que faltarían a partir de mayo (abril ya pasó la mitad) y los $ 4000 que le pagarían por mes a cada beneficiario, alcanzarían para pagarles a 24.928 beneficiarios en total, en todo el país; cuando la AUH tiene por ejemplo 3,7 millones. El Ministerio de Desarrollo Social ni siquiera entra en los cálculos, porque al parece la cuestión del "aguinaldo social" sería exclusiva responsabilidad de Triaca.

Parece poco como para apagar el incendio social que el gobierno de “Cambiemos” está generando con sus políticas, aunque habrá que ver que opinan al respeto los gestores de la “emergencia social”. Acaso si alcanzan para ellos, les parezca que está todo bien.