PROCURADORES

El Colegio de Abogados porteño (el de la calle Montevideo, el propulsor de todos los golpes de Estado producidos en el país) pide que se declare inconstitucional la Ley 24.946 (1998) del Ministerio Público, en cuanto exige que para destituir al Procurador General de la Nación se sustancie un juicio político, con mayoría agravada de dos tercios de los presentes de cada Cámara para habilitar el proceso, y la destitución.

El Colegio es manejado por una lista armada en conjunto entre la UCR y el PRO, su verdadero factótum es Daniel Angelicci, el presidente de Boca y operador judicial del macrismo. El pedido para declarar inconstitucional la ley lo firma -entre otros- Ezequiel Cassagne, del estudio que defendió los intereses de Clarín, La Nación y la Sociedad Rural en sus litigios contra el Estado por la ley de medios, el no pago de impuestos y la devolución del predio de Palermo; respectivamente.

La figura del Ministerio Público Fiscal como órgano extra poder y autónomo dotado de autonomía funcional e inmunidades (artículo 120 de la Constitución) fue introducida en el Pacto de Olivos y el “núcleo de coincidencias básicas” para la reforma de 1994 a pedido de Raúl Alfonsín y el radicalismo. A 23 años de la reforma os legisladores de la UCR (sin dejar de reivindicar al primer presidente de la transición democrática) estaban dispuestos a levantar sus manos en el Congreso, sea modificando la ley para tumbar a Gils Carbó, sea para destituirla por juicio político. Todo sea por preservar a “Cambiemos”.

En casi 20 años de vigencia de la ley, nunca se supo que al Colegio de Abogados porteño le molestara, o le pareciera inconstitucional. Hasta ahora, en que se presta a ser el “Plan B” del gobierno de Macri para echar de su cargo a Alejandra Gils Carbó; porque no le dan los números en el Congreso para el juicio político, y ya fracasó un intento de modificar la ley para limitar temporalmente su mandato, con carácter retroactivo a su designación. Jueces del palo que se presten a declarar inconstitucional la ley (pasando por encima de la propia Constitución y de la discusión legislativa en el Congreso), seguramente no les van a faltar.

Cristina (que sería la encarnación misma del populismo destrozador de instituciones) le propuso a Gils Carbó ser Procuradora General tras el fracaso del pliego de Reposo, y luego de que ella dictaminara (siendo fiscal de cámara) en contra del acuerdo preventivo extrajudicial de Multicanal que allanaba la fusión con Cablevisión (luego aprobada por el gobierno de Néstor, cuando el kirchnerismo estaba en buenas migas con el Grupo Clarín).

Macri, en cambio (que es la representación viviente de la virtud y los valores republicanos) quiere echarla porque cumple su rol: investigar posibles delitos, cometidos por él, sus funcionarios y familiares. Y dictaminar en casos espinosos para el gobierno (como los tarifazos, o la detención ilegal de Milagro Sala), en contra de los deseos del gobierno, y exigiendo que se respeten las leyes y la Constitución.

De esta nueva fase de la ofensiva contra la Procuradora de Macri protagonizada por Angelicci no se han conocido expresiones públicas en contrario de la locuaz Carrió (a la sazón, constituyente en el 94’). Tampoco sabemos si ha tratado el tema en sus habituales reuniones con el presidente.

Por el contrario el ahora ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, fue elogiado ampliamente por Carrió pese a su estruendoso silencio durante la discusión por el arreglo conlos fondos buitres, y su rol como mínimo secundario en el escándalo del Correo.

Pese al apoyo de la pitonisa, Macri decidió rajarlo, para reemplazarlo por un tipo propuesto por Ernesto Sanz (el descubridor de talentos como Dujovne); porque el tipo le había armado “la ingeniería financiera de campaña”: léase le recolectó guita entre los numerosos y adinerados clientes de su estudio, sobre lo que volveremos más adelante.

Balbín rechazó el ofrecimiento para reemplazar a Leandro Despouy (el ex titular de la AGN) como representante del gobierno ante los organismos internacionales de derechos humanos: acaso no deseaba repetir los papelones de tener que explicar algunas cosas inexplicables que están pasando en la Argentina con los derechos humanos.

Vuele a su cargo de juez en lo contencioso administrativo y tributario de la CABA, de donde venía y en el que tenía licencia; un fuero trabajosamente armado por Angelicci (que lo recomendó para la Procuración), y ampliamente dominado por el PRO desde que gobierna la ciudad: toda una garantía de independencia en el regreso al ejercicio de funciones judiciales, Rodríguez Larreta debe estar temblando. Al parecer, estos detalles se le escaparon a Elisa Carrió cuando decidió defenderlo tan abiertamente.

De acuerdo con el Decreto 201 de Macri (analizado acá), la Procuración General del Tesoro debía intervenir obligatoriamente en los juicios contra el Estado (algo que está obligado a hacer por ley, desde 1947), en aquellos casos en los que pudieran producirse situaciones de conflictos de intereses. El decreto -recordamos- surgió a partir del escándalo del Correo Argentino, que saplicó al presidente y su familia.

Saravia Frías, el reemplazante de Balbín, es un recomendado de Sanz y Dujovne (de quien era funcionario), que cuando le queda tiempo libre entre videos, reuniones en el exterior y tráfico de influencias, quizás haga algo inherente a las funciones del cargo para el cual fue designado. O mejor no, no sea cosa que todo empeore aun más.

Como se ve en la imagen de abajo (sacado de la página web de su estudio) el hombre tiene una gran cartera de clientes, que incluye a casi todas las multinacionales mineras que opera en el país, los principales bancos, empresas agropecuarias y fondos comunes de inversión. Es decir los principales beneficiarios de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Macri, incluyendo el blanqueo.

Y también (ver recuadro) al Grupo Macri, lo que lo convierte para el presidente en el hombre ideal para asesorar al Estado en los conflictos de intereses con las empresas de los Macri: se asegura así que no haya conflictos entre los intereses en juego, garantizando los que verdaderamente le importan: los de los negocios propios y de su familia.

Al cierre de ésta edición no se conocen declaraciones de Carrió sobre la salida de Balbín y su reemplazo en la Procuración del Tesoro por uno de los abogados de los Macri. Quizás trate el tema en alguna futura reunión con el presidente.