MÁS QUE UÑAS CORTAS, LENGUA LARGA

Leíamos ayer a Mónica Fein en la nota de Tizziani en Rosario 12 decir que "...la empresa brasileña Odebrecht no entró a Santa Fe porque Hermes Binner anuló por supuestos "sobreprecios" una licitación que había ganado para construir grandes acueductos en la provincia en 2007. Ante el escándalo de Odebrecht a escala continental, Fein reivindicó aquella decisión de Binner que impidió su ingreso a Santa Fe, hace diez años:  "Cuando asumió Binner había una licitación que adjudicaba un acueducto a Odebrecht", el gobernador consideró que "había un sobreprecio" y "decidió no realizar la obra", explicó..." (las negritas son nuestras)

Se puede comprender la necesidad de encontrar en la lucha contra la corrupción un modo de acumulación electoral cuando no se tiene gestión para mostrar, pero la verdad es que las cosas fueron bastante distintas de como la intendenta de Rosario las cuenta. En efecto, en 2007 (último año de la gestión de Jorge Obeid) el gobierno de la provincia había convocado a una licitación pública para contratar el financiamiento, suministro de materiales y ejecución de las obras del Programa “Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe” aprobado por la Ley 12.668, sancionada ese mismo año.

Sin embargo, pese a que Hermes Binner sucedió a Obeid en diciembre de ese 2007, no hizo nada al respecto hasta el 26 de agosto del 2008, en el que dictó el Decreto 2044; por el cual ratificó las Resoluciones 371 del 15 de agosto de 2007, 433, 467 y 513 de fechas 12 de septiembre, 2 de octubre y 22 de octubre del mismo año, del ex - Ministerio de Asuntos Hídricos, por las cuáles se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la contratación de la Obra y se autorizó la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional, y se prorrogó sucesivamente la fecha de acto de apertura de la Licitación Pública Nacional e Internacional de la obra de marras, quedando fijada para el 20 de diciembre de 2007 (o sea ya con Binner en el gobierno), y la Resolución Nº 1 de fecha 13 de diciembre de 2007 del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que dispuso la prórroga "hasta nuevo aviso" de la licitación.

El Decreto 2044/08 de Binner decía que "...habiendo concluido el análisis y evaluación de los Pliegos licitatorios y permitido su perfeccionamiento, en beneficios de los intereses del Estado y de los propios oferentes, se dispone el reinicio del proceso licitatorio previéndose su financiación conforme la Ley Nº 12.668; ...fijándose la fecha de apertura de las ofertas para el 20 de octubre de 2008...". (las negritas otra vez son nuestras).  Es decir que no solo no había "licitación adjudicada" a Odebrecht que anular por sobreprecios, ni tan siquiera ofertas abiertas cuyo "sobreprecio" se conociera; y Binner (al menos él) no haría nada más al respecto hasta dictar el Decreto 2224 el 3 de noviembre de 2010, o sea casi 27 meses después.

Antes de eso Antonio Ciancio (ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, dictó la Resolución 268/09, que dispuso hacer lugar a la impugnación efectuada por ODEBRECHT S.A – ROGGIO E HIJOS S.A. –SUPERCEMENTO SAIC- ESUCO S.A. -OAS Ltda (UTE). contra la oferta de ELECTROINGENIERÍA S.A.- JCR S.A- OBRING S.A. (UTE), su competidora en la licitación; y también firmó la Resolución 373/09 que rechazó el recurso interpuesto por la impugnada. 

Pero hizo más Ciancio:  por la Resolución 374/09 rechazó el recurso interpuesto por ELECTROINGENIERÍA S.A.- JCR S.A- OBRING S.A. (UTE) contra la Resolución 353/09 que rechazó la impugnación formulada por esas empresas contra ODEBRECHT S.A – ROGGIO E HIJOS S.A. –SUPERCEMENTO SAIC- ESUCO S.A. -OAS Ltda (UTE) y resolvió calificar las propuestas presentadas por ésta y por ANDRADE GUTIERREZ S.A.- CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES (UTE); y por la Resolución 385/09 rechazó el recurso de revocatoria de ELECTROINGENIERÍA S.A. y sus socias de la UTE contra la Resolución 367/09, que dispuso la apertura de las ofertas contenidas en el Sobre Nº 2 (propuesta económica) presentadas por ODEBRECHT S.A – ROGGIO E HIJOS S.A. –SUPERCEMENTO SAIC- ESUCO S.A. -OAS Ltda (UTE) y ANDRADE GUTIERREZ S.A.- CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES (UTE), fijando día y hora para ello.

Otra vez, para que se entienda: lejos de anular una licitación adjudicada a Odebrecht por comprobar sobreprecios, lo que hizo el gobierno de Binner fue descartar a una de sus competidoras (había una tercera, también brasileña) porque Odebrecht la impugnó; y a su vez rechazar la impugnación de esa competidora (Electroingeniería, la empresa de los dueños de Radio Del Plata) contra Odebrecht y sus socios. Razones por las cuáles ELECTROINGENIERÍA S.A.- JCR S.A- OBRING S.A. (UTE) denunciaban que los otros oferentes (entre ellos Odebrecht) "...recibieron un trato preferencial indebido..." por parte del gobierno de Binner, según consta en su impugnación.

La oferta de Electroingeniería y sus socios (así lo dice el Decreto 2224/10 firmado por Binner) fue desestimada por no cumplir con las exigencias del pliego en cuanto a aportar financiamiento para la obra: las empresas "... solamente se habían comprometido a ser Organizadores Globales y estructurar una asistencia financiera sin asegurar el éxito de la colocación de los títulos previstos en las Propuestas de Estructuración, comprometiendo sus mejores esfuerzo para dicha colocación no sus resultados;..." rezaba textualmente el decreto; que agregaba: "...Que no solo la Provincia estaba licitando bajo el esquema de “financiamiento atado” para transferir los costos de la búsqueda, también está licitando bajo ese modelo afín de asegurar un flujo de fondos que financie la obra desde el inicio hasta el final sin que existan operaciones adicionales o extras a la propia licitación que signifiquen una espera adicional;..”.

Sin embargo, estando ya abiertos los sobres Nros. 2 (con las propuestas económicas de las empresas que seguían en carrera para ganar la licitación, entre ellas Odebrecht), en el ministerio de Ciancio advirtieron que "...las ofertas de ODEBRECHT S.A – ROGGIO E HIJOS S.A. –SUPERCEMENTO SAICESUCO S.A. -OAS Ltda (UTE) y ANDRADE GUTIERREZ S.A.- CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES (UTE), no podrían ser objeto de adjudicación por no reunir los requisitos exigidos en el Pliego y por la Ley Nº 12.268 y por incurrir en vicios de condicionamientos de la propuesta,...” (las negritas otra vez son nuestras).

Es decir: las dos ofertas (no sólo la de Odebrecht y sus socios) estaban en problemas, pero esos problemas no eran de sobreprecios (o al menos no fue nunca ése el fundamento para rechazarlas, menos para "anular" la licitación); y el "condicionamiento" era que sostenían las ofertas, si conseguían la financiación, lo que no era seguro porque en el medio sobrevino la crisis financiera internacional de las "sub prime".

Por esas razones por el Decreto 2224/10 Binner rechazó el recurso de apelación interpuesto por Electroingeniería S.A.- JCR S.A- Obring S.A. (UTE); y también rechazó las ofertas presentadas por ODEBRECHT S.A – ROGGIO E HIJOS S.A. –SUPERCEMENTO SAIC- ESUCO S.A. -OAS Ltda (UTE) y ANDRADE GUTIERREZ S.A.- CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES (UTE) en la Licitación, declarando desierta la misma. 

Es decir entonces: no hubo adjudicación de la obra a Odebrecht en 2007 que Binner tuviera que "anular por sobreprecios" como dice Fein, y no hubo adjudicación de la obra a nadie hasta 2010; cuando recién después de dos años de estar abiertas las ofertas y ser conocidas (desde octubre de 2008 a noviembre de 2010) Binner decidió declarar desierta la licitación; porque ninguna de las dos oferentes que seguían en carrera (una de ellas, Odebrecht) garantizaban el financiamiento de la obra como exigía el pliego. Es decir que si hubo sobreprecios, no fueron el motivo de la decisión, y en todo caso tardaron dos años en darse cuenta. ¿O había acaso todo ese tiempo una negociación abierta que no llegó a buen puerto? 

La licitación entonces se cayó porque las oferentes no garantizaban el financiamiento, o sea exactamente el mismo motivo por el cual el gobierno de Cristina había paralizado el inicio de las obras del soterramiento del Sarmiento tras habérselo adjudicado el gobierno de Néstor Kirchner a la empresa brasileña, junto con IECSA de los Macri/Calcaterra y otras firmas; condiciones cambiadas por Macri ya en su gobierno, cuando por el DNU 797/16 (como veíamos acá) decidió que el financiamiento de la obra corriera exclusivamente por cuenta del Estado nacional.