EL ARANGUREN SANTAFESINO

Para justificar un nuevo aumento de la tarifa del agua que supera ya el 70 % solo para éste año el ministro Garibay dice que el problema es el déficit de Aguas Santa Fesinas S.A. (ASSA), que calcula en 700 millones de pesos; entendiendo por déficit el porcentaje de los gastos de la empresa que no se cubren con sus ingresos por tarifas, y debe ser solventados con aportes de la Administración Central.

De acuerdo con las cifras del presupuesto de éste año, las transferencias de la Administración Central (es decir, los subsidios) a ASSA sumarían $ 1.200.932.000, de los que $ 98.236.000 son de la toma de endeudamiento externo por parte de la provincia. Para que se entienda: mientras aumenta las tarifas para -en teoría- reducir el déficit de ASSA, el socialismo toma deuda externa para -entre otros fines- solventar gastos de la empresa.

Si con una tarifazo que superará el 70 % para éste año solo se logró bajar el déficit de ASSA de 1200 a 700 millones, lo que corresponde es revisar la estructura de gastos de la empresa: de las mismas cifras del presupuesto surge que los compuestos químicos que se utilizan para tratar el agua y lo efluentes cloacales representan apenas el 6,70 % de sus gastos; menos que lo le paga a la EPE (o sea al propio Estado provincial) por la luz ($ 289.598.000, el 8,04 %), y en impuestos nacionales y provinciales, derechos y tasas municipales ($ 227.338.000, el 6,31 % de sus gastos). (*)

Al respecto decíamos nosotros enésta entrada que precisamente allí radicaba el problema de los tarifazos de ASSA: en la decisión del gobierno de Lifschitz de reducir drásticamente el nivel de subsidios del Tesoro provincial a la empresa, descargando el peso de financiar sus gastos en los usuarios, vía las tarifas que pagan. En esa misma entrada linkeada hay un análisis completo de la estructura de gastos de la empresa.

Pero no siempre fueron así las cosas: después de rescindir la concesión a Aguas Provinciales y crear ASSA, Obeid dictó el Decreto 1358 del 11 de julio de 2007, que fijó el marco de vinculación de la empresa con el Estado provincial.

Se dijo entonces que la empresa (ahora estatal) debería cumplir el mismo plan de obras, mejoras y expansión del servicio que los privados, pero con subsidio del Tesoro: “Que se pondera como central para la etapa de transición, la voluntad de no trasladar a los usuarios, las consecuencias económicas negativas provenientes de la rescisión por culpa del concesionario y sus inversores, por medio de aumentos tarifarios, que en su caso se determinarán, en modo y alcances del sustento económico de la prestación en oportunidad de definirse el modelo definitivo;” señalaba la norma. (las negritas son nuestras)

Y seguía diciendo que “Que en ese marco, se fija como meta cumplir el Plan de Acciones, Obras y Compromisos Transitorios, el que será atendido con fondos provenientes de los ingresos resultantes de la aplicación del régimen tarifario, con más los fondos públicos necesarios, a ser requeridos fundadamente a la Provincia por conducto de la Autoridad de Aplicación, previa intervención del EN.RE.S.S;” “El usuario, para esta etapa de transición y de ser factible conforme a las disponibilidades presupuestarias del erario público, no debe aportar económicamente más de lo que actualmente sustenta por conducto de las tarifas vigentes.”; ” (otra vez las negritas nos pertenecen)

Como el gobierno de Obeid había fijado a través de ese decreto un régimen transitorio dejándoles establecer el definitivo a las autoridades que se elegirían ese mismo año 2007 para asumir en diciembre, en ese marco asumió Binner el gobierno, y las cosas empezaron a cambiar: el 30 de diciembre del 2009 dictó el Decreto 2624, por el cual estableció que “Respecto del Plan de Obras y Acciones establecidos por el contrato original deberán ejecutarse las obras y las reprogramaciones aprobadas por Resolución N° 308/09 del Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente con las modificaciones que puedan establecerse durante su ejecución”.

O sea, modificó el plan de obras e inversiones previsto (para disminuirlas) y prolongó el contrato de vinculación de ASSA con el Estado para manejar la concesión hasta el 31 de Diciembre de 2011. Mucho después y ya con Bonfatti en el gobierno (el 22 de agosto del 2012) y por el Decreto 2332 el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente (que seguía a cargo de Antonio Ciancio, como en el gobierno de Binner) propuso cambios en el modelo tarifario (ya había habido varios aumentos).

Según decía el decreto de Bonfatti, Ciancio “...propuso introducir modificaciones en materia tarifaria, como la declaración de caducidad del modelo compensatorio y la incorporación a la tarifa del cargo que surge en su consecuencia; la habilitación legal al regulador para modificar los valores de los cargos de conexión de agua y cloaca, desconexión de los servicios, reconexión y no conexión, y los cargos de tratamiento primarios y secundarios, mediante el procedimiento que resulte pertinente, pudiendo la Autoridad de Aplicación establecer un régimen de subsidios; la incorporación al factor de ajuste tarifario de los costos derivados de programas de obras de manutención del servicio, con un dispositivo que permita ajustar automáticamente al fin de cada periodo, dicho factor de ajuste K...”. (siempre las negritas son nuestras)

O sea: los subsidios de la Administración Central para financiar el congelamiento de las tarifas de la empresa dejaban de ser obligatorios para pasar a ser opcionales, y se proponía un esquema de ajuste automáticos de las tarifas, ante la suba de los costos. Respecto al plan de obras, propuso además tener presente “...el proyecto de ley que reglamenta el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales; que luego se aprobó y significa un cargo extra en las facturas de los usuarios de Santa Fe y Rosario, para financiar -en teoría- las obras de expansión de la cobertura de los servicios (ver post anterior).

Pese a que Ciancio propuso mantener indefinidamente el régimen transitorio (a cinco años de su entrada en vigencia) “...hasta tanto se sancione la ley de saneamiento”, la Fiscalía de Estado objetó ese criterio, al igual que el mecanismo de ajuste automático de las tarifas por la suba de los costos. Por eso los aumentos posteriores debieron hacerse previas audiencias públicas, que bien sabemos los santafesinos son una pura formalidad.

Lo cierto es que el decreto prorrogó el Contrato de Vinculación Transitorio de ASSA con el Estado (con su plan de obras “aguado”) por el plazo de un año, y dispuso que podía volver a ser prorrogado por otro año más de manera automática “....siempre y cuando durante ese lapso no entre a regir la Ley Provincial de Saneamiento.”

La ley nunca se dictó (ni siquiera fue enviado proyecto alguno a la Legislatura al respecto), porque al socialismo no le interesó nunca una discusión pública respecto al modelo de prestación de los servicios de agua potable y cloacas; y el propio Bonfatti dictó el 7 de enero de 2014 el Decreto 5, por cual reconoció expresamente “Que se está en presencia de un plan de obras que todavía no se encuentra cumplido y que permitiría hasta el año 2015 alongar el presente periodo transitorio;”. O sea, pese a que aumentaron las tarifas varias veces, las obras (menores a las previstas por Obeid) no se hicieron, y el marco regulatorio definitivo sigue -aun hoy- sin discutirse.

Es decir que el modelo de gestión del socialismo en éste rubro hace agua por todos lados (valga la paradoja), el ministro justifica no haber hecho las audiencias públicas para aprobar el último tramo del aumento de éste año en que es “...parte de la revisión tarifaria integral aprobada a principios de año...”, y lo único que le preocupa es el déficit de la empresa; que ya ha anticipado que será cubierto con más tarifazos.

Cualquier parecido con los argumentos de Aranguren para aprobarles los aumentos de luz y gas a las generadoras y distribuidoras privadas sería pura casualidad.

(*) No lo decimos nosotros, lo dicen ellos: