NO HAY AJUSTE POSIBLE SIN DOLOR SOCIAL

En varias entradas anteriores del blog (por ejemplo ésta y ésta otra) hemos venido haciendo referencia al recorte del gasto público que ya viene haciendo el gobierno de Macri en especial en áreas sensibles del accionar del Estado; y en medio de la discusión sobre el “gradualismo” o “shock” en los tijeretazos, y el anuncio de la profundización del ajuste tras las elecciones de octubre.

En idéntico sentido esta nota de Tiempo Argentino del domingo a la cual corresponde la imagen de apertura y ésta otra de Claudio Scaletta en Cash del mismo día dan cuenta del fenómeno, alertando que la decisión de recortar (y de seguir haciéndolo en el futuro) recae primordialmente sobre aquéllas áreas del Estado que ejecutan políticas públicas tendientes a morigerar la desigualdad, o el impacto de las políticas macroeconómicas: educación, salud, desarrollo social y seguridad social.

Básicamente porque esas áreas (por la estructura de gastos del Estado nacional) concentran buena parte del gasto público, de modo que si se toma la decisión de recortar para reducir el déficit fiscal (como lo ha anunciado el gobierno), no hay más remedio que comenzar por allí. Los anuncios de cambios en la estructura política del gabinete (porque ahora “el mejor equipo de los últimos cincuenta años” descubrió que está sobredimensionando, y debe prescindir de algunos jugadores) no mueven el amperímetro en términos de reducción del gasto; pero cumplen la función de procurar consenso social para el ajuste profundo, que -se sabe- es impopular y generará reacciones; como pasó con  las pensiones para discapacitados.

En el cuadro de abajo pueden ver la estructura de los gastos por inciso (partida principal) del presupuesto durante el año 2015, el último del gobierno kirchnerista: 

Como ven, la parte del león se la lleva “Transferencias”, que a su vez contiene en sí rubros disímiles, que van desde las Prestaciones de la Seguridad Social (jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares), hasta los subsidios a las tarifas de los servicios públicos; pasando por las transferencias a las provincias por diferentes rubros (incluyendo las transferencias de capital, para que hagan obras financiadas por la nación), las partidas para las universidades nacionales o las transferencias al PAMI de sus recursos propios para funcionar; tomados de la parte que se deduce de los haberes de los propios jubilados del sistema de reparto y de los empleados públicos nacionales

Pero veamos como podemos descomponer ese rubro ya en tiempos macristas, con apoyo en las propias cifras oficiales de la ejecución presupuestaria al pasado 30 de abril, obtenidas del sitio oficial del ministerio de Dujovne:

Se puede ver allí que las "Prestaciones de la Seguridad Social" (jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la AUH) representaron en los primeros cuatro meses del año el 47,02 % del gasto primario (antes del pago de los intereses de la deuda), y un 42,72 % del gasto total (después de los intereses)

La atención de intereses de la deuda pública es justamente uno de los rubros que más crece en su participación en los gastos del Estado: era del 7,76 % en el último año del kirchnerismo, para trepar al 9,14 % al 30 de abril de éste año y al 12,40 % al 19 de junio (ver cuadro aparte más abajo): la velocidad del endeudamiento compromete las finanzas públicas no ya a futuro (como el insólito bono a 100 años que acaba de anunciar el gobierno), sino en lo inmediato; afectando los resultados fiscales aun haciendo un ajuste de otros gastos.

La tercera parte del aumento interanual del gasto en “Transferencias Corrientes” (13.776 millones de pesos sobre un total de 39.534 millones) en los primeros cuatro meses del año respecto al mismo período del 2016 corresponden al “Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, es decir los subsidios del Tesoro a las petroleras para fomentar a fomentar la producción de gas y petróleo crudo, y la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante.

Por contraste, las transferencias al PAMI, los subsidios del transporte automotor de pasajeros (incluyendo los destinados a la venta de combustible a precio diferencial), el Fondo Nacional de Incentivo Docente y las compensaciones salariales producto de incrementos salariales acordados en acuerdos paritarios sumaron un incremento interanual de gastos por 8067 millones de pesos, hasta el 30 de abril (menos de las dos terceras partes del subsidio a las petroleras).

Solo si a esa cifra le sumamos las transferencias a las obras sociales para la cobertura de patologías de prestaciones de alto costo y baja incidencia, los aportes del Tesoro nacional a Provincias (ATN), la ayuda social a beneficiarios que participan de diversas iniciativas de empleo (incluyendo “Argentina Trabaja” y el seguro de desempleo) se logra superar el gasto incremental que representa el subsidio a las petroleras.

Por el contrario, la baja en los subsidios (que también se atienden con “Transferencias”) a las tarifas de los servicios públicos se tradujo en una merma de las transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A (CAMMESA) de 19.493 millones de pesos, y a la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) de 2.0680 millones. Y la cosa no cambia demasiado luego, como se puede ver en éste otro cuadro:

Casi a la mitad del ejercicio transcurrido, los sueldos de los empleados públicos del Estado nacional (incluyendo al propio presidente y sus funcionarios) habían descendido en su participación en el gasto al 9,52% (la fecha de corte es anterior al pago del primer medio aguinaldo) contra el 11,54 % del último año de Cristina; pero por contraste los pagos de deuda subieron como se dijo al 12,40 %; o sea: lo que presuntamente ahorraron despidiendo "la grasa militante" y cerrando paritarias a la baja con UPCN, lo más que compensaron con lo que gastan pagando las deudas que contraen con velocidad récord. De hecho, un gasto adicional (el de la deuda) sería el doble del "ahorro" en sueldos.

Y por otro lado el mismo cuadro muestra que las "Transferencias" (con los rubros desagregados explicados más arriba) representaron el  72,56 %, prácticamente lo mismo que en el último año de Cristina, cuando fueron el 73,56 %. Pero claro, con una composición diferente y parte del peso de los subsidios trasladado a las facturas de los usuarios de los servicios públicos, y las petroleras.

Con éstas cifras queda claro que si el gobierno (como dice) persigue el objetivo de reducir el gasto público a razón de un 1 % del PBI por año desde ahora y hasta el final del mandato de Macri, no tiene otra forma de conseguirlo que recortando salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, planes y programas sociales; y volviendo a aumentar brutalmente las tarifas de los servicios públicos, siempre que se traduzca a su vez en una merma real de los subsidios, y no suceda como en el caso de las petroleras.

Eso, o volver a reponer los impuestos y derechos que se les cobraban a los grupos más concentrados de la economía (como los agroexportadores y las mineras) y que el gobierno de Macri eliminó o disminuyó desde diciembre de 2015.

Claro que eso significaría cambiar drásticamente los ganadores y perdedores del modelo económico, político y social en curso; algo que solo parece posible mediante el voto, cambiando el gobierno.