“A un año
del infame Acuerdo firmado entre el Gobierno de Macri y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que trata la Cuestiones de las Islas Malvinas,
Antártida e islas del Atlántico Sur, reiteramos nuestro rechazo y reivindicamos
la soberanía sobre dichos territorios y los recursos naturales que pertenecen a
más de 40 millones de argentinos. Reclamamos el mandato de las Resoluciones de
Naciones Unidas: establecer un diálogo entre ambas Naciones para encontrar una
solución pacífica y diplomática a la controversia de soberanía.
Este acuerdo menoscaba y consuma vulneraciones
flagrantes a la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes, resoluciones
de Naciones Unidas, declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable
Congreso de la Nación como es la “Declaración de Ushuaia”, resoluciones
emanadas de organismos regionales, en perjuicio de los intereses de la
República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, tanto en lo que hace a su
soberanía territorial como a la marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera,
y antártica, entre otras.
Desde que se firmó el acuerdo entre los gobiernos de
Mauricio Macri y Theresa May el 13 de septiembre de 2016, los británicos
avanzaron en la explotación de nuestros recursos naturales. Según consta
textualmente en dicho documento: “se acordó adoptar las
medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento
económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo
comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
En este sentido, es pertinente recordar que sólo con la venta de licencias de
pesca se recaudan anualmente unos 30 millones de dólares que sumado a los
recursos ictícolas producidos por la pesca ilegal aportan el 40% del PBI para
el sostenimiento del “enclave colonial-militar” en nuestras Islas Malvinas.
Asimismo, el avance en la explotación de recursos hidrocarburíferos indica que
en la cuenca Malvinas existen yacimientos de petróleo de clase mundial con
estimaciones que alcanzan un potencial de casi 1000 millones de barriles.
Al mismo tiempo, el grado de militarización se ha
profundizado, como lo demuestra el incremento de los vuelos militares
británicos con base en países vecinos, en violación a lo acordado desde el
Mercosur la UNASUR. Este gravísimo hecho no ha sido denunciado por el gobierno
de Macri. Pretender negociar nuestra soberanía en las Islas Malvinas a cambio
de supuestos negocios no sólo está en contra de nuestro ordenamiento jurídico
sino que resulta una torpeza política despreciar los apoyos regionales y
globales que la Causa Malvinas ha cosechado en los últimos años, en Mercosur,
UNASUR, OEA, otros foros multilaterales y Naciones Unidas, que rechazan la
existencia de un enclave colonial al sur de nuestro continente y la expoliación
de nuestros recursos naturales. En otros tiempos, dejar de lado la discusión de
soberanía para avanzar en otros aspectos no ha beneficiado en nada la posición
argentina. La única modificación al status quo fue favorable a los isleños, que
consiguieron las regalías pesqueras y cierta autonomía frente al Reino Unido,
como una legislatura local y la participación en las reuniones del Comité de
Descolonización de ONU. Nuevamente, el gobierno de Macri desprecia la
estrategia multilateral y elige la negociación bilateral con el compromiso de
eliminar unos supuestos “obstáculos” que demuestran el alto costo político y
económico que tenían para una potencia colonial distante.
Consideramos que lejos de haber rectificado los deplorables términos de
ese Acuerdo, el gobierno de Mauricio Macri ha avanzado en políticas que
implican la desmalvinización de la política exterior e interna, y que se ha
producido un lamentable deterioro y retroceso en la reivindicación de la
soberanía nacional sobre la Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur
y los espacios marítimos circundantes. Muestra de ello es el incremento de las
inversiones británicas en la expansión de las instalaciones militares en las
islas; el aumento de las escalas de los vuelos militares británicos en Brasil
consentidos por el gobierno golpista de Michel Temer; el avance de la
exploración hidrocarburífera de los británicos con la complacencia del gobierno
argentino; el desmantelamiento y remate del Instituto Antártico Argentino; la
habitual omisión de diversos organismos públicos de incluir a Malvinas y al
sector antártico argentino en mapas oficiales; la exclusión de nuestra
aerolínea de bandera en un eventual acuerdo por la cuestión de los vuelos con
origen y destino en las Islas; el abandono de una política de búsqueda de apoyo
internacional en favor del diálogo por la cuestión de la soberanía; el veto
presidencial a la Ley que establece el beneficio de la jubilación anticipada a
los veteranos de Malvinas, entre otras gravísimas situaciones que atentan
contra lo dispuesto por la Constitución Nacional en la Cláusula Transitoria
Primera en lo relativo a la reivindicación de la soberanía argentina sobre
Malvinas. A ello se suma el debilitamiento institucional del Instituto
Antártico, lo que atenta contra la investigación científica y tecnológica y
contra nuestra presencia en el continente antártico, cuya soberanía la
Argentina reclama. La política de desmalvinización llega a su cenit con la firma del Acuerdo, que responde
únicamente a los intereses británicos y soslaya el diálogo por la soberanía,
que es la primera cuestión a resolver.
El Acuerdo
Macri – May implica un retroceso en la política respecto a la Cuestión
Malvinas, abandonando los reclamos y facilitando los actos unilaterales
británicos. Se ha intentado imponer a espaldas de la ciudadanía, sin brindar
información ni buscar consensos en nuestra sociedad y sin contar con el aporte
del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Congreso de la
Nación. En este año, transcurrido desde la firma del Acuerdo, ni siquiera se ha
convocado al Observatorio Parlamentario “Cuestión Malvinas”, creado en 2006,
con el objetivo de estudiar, debatir, difundir, reunir antecedentes, realizar
aportes y promover todo tipo de actividades académicas relacionadas con la
Cuestión Malvinas. Las renuncias de Foradori y de Malcorra no han resuelto ni
modificado la política llevada adelante por el gobierno de Macri, más
preocupado por los negocios británicos que por la defensa de nuestros legítimos
intereses.”
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