Buena parte del país (no todo) está conmocionado hace más de un mes por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, otro ejemplo brutal de violencia institucional padecida por un ciudadano de parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Tres años atrás, pasaba lo mismo en Rosario con Franco Casco, un albañil de 20 años de Florencio Varela que vino a visitar familiares, y terminó de la peor manera: detenido y torturado en una comisaría rosarina, para ser luego muerto y arrojado al río para que no quedaran rastros de él.
Como lo hace ahora Patricia Bullrich con Gendarmería, los funcionarios del gobierno provincial negaron toda responsabilidad de la policía santafesina en el hecho, y se resistían a que fuera calificado como desaparición forzada de persona.
La casi solitaria pelea de el ex Defensor General Gabriel Ganón para que así fuera y su lucha contra los abusos y torturas de la policía santafesina le terminarían costando el puesto, a manos de los senadores provincialesde la gorra, de todos los colores políticos.
Hace pocos días las organizaciones que luchan contra la violencia institucional en Rosario y su zona de influencia daban cuenta de los nulos avances de la fiscalía especial que debería tratar el tema, para conseguir condenas judiciales contra los policías acusados de ejercer violencia institucional.
El ministro Pullaro, tan atento -en teoría siempre- a los episodios de corrupción que involucran a efectivos de la policía de la provincia parece no poner el mismo empeño por depurar la fuerza, cuando de lo que se trata es de violencia institucional, tanto que los que presuntamente estaban implicados en la desaparición y muerte de Franco Casco seguían en funciones hasta ayer (cuando un juez federal ordenó su detención), y quien era jefe de la Unidad Regional II (Rosario) cuando se produjeron los hechos, hoy ocupa la jefatura de la policía provincial.
El socialismo que nunca adhirió al protocolo aprobado por la Resolución 210/11 de Nilda Garré sobre actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, adhirió en cambio rápidamente al protocolo "anti piquete" de Patricia Bullrich, aunque nunca alcanzara a tener existencia legal.
Del mismo modo que no se privó por años de condenar iniciativas como el "Proyecto X" de la Gendarmería durante el kirchnerismo, mientras le mantenían a la policía santafesina partidas de gastos reservados para tareas de espionaje, incluyendo de las manifestaciones públicas y protestas sociales; e incluso se las aumentaron.
Del mismo modo que no se privó por años de condenar iniciativas como el "Proyecto X" de la Gendarmería durante el kirchnerismo, mientras le mantenían a la policía santafesina partidas de gastos reservados para tareas de espionaje, incluyendo de las manifestaciones públicas y protestas sociales; e incluso se las aumentaron.
El viernes mientras se realizaba en Santa Fe la marcha pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado fueron detenidos tres militantes de la FJC por colgar del Puente Colgante una bandera preguntando por su destino.
Los funcionarios del ministerio de Seguridad de la provincia intentaron esquivarle el bulto a la cuestión diciendo que la policía actuó por una denuncia de Corral, como si la fuerza de seguridad dependiera del intendente, y no del gobernador y su ministro de Seguridad.
Los funcionarios del ministerio de Seguridad de la provincia intentaron esquivarle el bulto a la cuestión diciendo que la policía actuó por una denuncia de Corral, como si la fuerza de seguridad dependiera del intendente, y no del gobernador y su ministro de Seguridad.
Un apretado recordatorio de hechos actuales, recientes y no tan lejanos para dejar en claro (reiterando lo dicho hace bastante acá) que la deuda que mantiene la
democracia argentina con la democratización de las fuerzas de seguridad trasciende los colores
políticos o partidarios
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