LOS VAN A VOLVER A CAGAR

En el primer año de su gobierno Macri pudo conseguir la aprobación de leyes cruciales para su programa de gobierno gracias al apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, y de los legisladores que respondían en ambas Cámaras a los gobernadores de las provincias, en especial los del PJ.

Así pasó con el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales (que contenía la “reparación histórica” a los jubilados y el desguace del fondo de ANSES) y el régimen de “participación pública-privada”; con el cual el gobierno confiaba -y confía- apuntalar la inversión en infraestructura sin que el Estado tenga que poner plata.

Cada uno de los apoyos brindados al oficialismo fue justificado por los “dadores voluntarios de gobernabilidad” (por usar una expresión que Pichetto sucribiría) con supuestas ventajas o concesiones que conseguían del gobierno nacional, a cambio; cosa que nosotros señalamos acá que demostraba poca astucia de su parte, y muy errados no estuvimos, como se puede comprobar con las discusiones que se están abriendo por estos días a partir del aterrizaje del proyecto de presupuesto 2018 en el Congreso nacional.

Así por ejemplo el acuerdo con los fondos buitres fue visto por muchos gobernadores (incluyendo al nuestro, del “progresismo” sui géneris) como necesario para salir a tomar deuda en los mercados de capitales; proceso que era incluso alentado desde el gobierno nacional, que lo hizo y en abundancia.

Ahora, a la vuelta de la esquina de dos años de endeudamiento desenfrenado, el gobierno impulsa una ley de responsabilidad fiscal que le pone tope al endeudamiento de las provincias, pero también al aumento de su gasto público y en especial del gasto corriente (por ejemplo los salarios), al ritmo de las “metas de inflación”: una formA de transferirles a las provincias parte del peso del ajuste, de la reducción de los salarios reales (objetivo clave del programa de “Cambiemos”) y por ende, del conflicto social.

El apoyo de buena parte de la oposición (peronista y de otros palos, como el socialismo) al blanqueo de capitales y el desguace del fondo de ANSES se justificó en el compromiso del gobierno de Macri de financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales, algo que como se puede ver acá no se está cumpliendo, en gran medida por las razones indicadas en su momento acá: la nación les exige a las provincias “armonizar” sus sistemas previsionales, lo que en buen romance significa un recorte real a las jubilaciones en los haberes base, la tasa de sustitución del salario en actividad y los mecanismos de reajuste.

Tan poco afecto es el gobierno de Macri a cumplir con lo pactado, que ni siquiera tiene pensado cumplir con las deudas a las que está obligado porque así lo manda la justicia; como lo puede comprobar acá el socialismo luego del fallo de la Corte Suprema por el 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES.

Cuando los gobernadores armaron un scrum que trascendió las fronteras partidarias (hasta se sumaron algunos oficialistas) para reclamar una mejor coparticipación del impuesto al cheque (cuya eliminación se viene prometiendo desde que fue creado), la respuesta del gobierno nacional es prorrogarlo y destinar el 70 % de su recaudación a la ANSES, para financiar las prestaciones previsionales nacionales; promoviendo así un enfrentamiento provincias versus jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares.

La tan meneada reforma tributaria se vino haciendo en cuotas hasta acá, aumentando el sesgo regresivo de la estructura impositiva, y haciendo que las provincias resignen recursos: disminución de las retenciones a la soja que alimentan el Fondo Federal Solidario para obras de infraestructura (caerán otros cinco puntos a partir de 2018), cambios en Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta que los harán desaparecer progresivamente y se prepara el ajuste por inflación de los balances empresariales, para licuar en parte la carga tributaria por Ganancias.

Por contraste, recursos extraordinarios como el impuesto especial a los que ingresaron al blanqueo o el que se cobraría por el revalúo resultante del ajuste por inflación de los balances, no se coparticipan; y mientras el gobierno vuelve a instalar por su red de medios adictos la idea de las “provincias inviables” que no pueden sostenerse sin ayuda del Estado nacional, la pieza central de la reforma tributaria sería la eliminación de Ingresos Brutos, que representa entre un 70 y un 80 % de la recaudación propia de la mayoría de las provincias.

Pero como si todo esto fuera poco o no hubiera sucedido ni estuviera pasando, sigue la venta de humo: vemos acá como el gobierno sale a vender el “PlanPatagonia”, tan fantasmal y falto de precisiones como su antecesor, el “Plan Belgrano: apenas un conjunto de buenos deseos, a ser financiado eventualmente con el esquema de la “participación pública privada”, que hasta acá viene siendo otro sonoro fracaso; y con muchos proyectos valorizados simbólicamente en un peso, como si se tratara de una mueble viejo amortizado por depreciación en un balance.

Lo mismo ocurre con las obras planteadas en el presupuesto bajo el mismo esquema, o con eventual financiación nacional:, pocas, tirando a nada, y todas destinadas a los gobernadores y provincias del palo; sin lugar siquiera para los opositores“amigables” como Urtubey. Un mensaje claro de Macri que no lo ve el que no quiere: allí donde algunos soñaron con ser personajes principales de un nuevo esquema de reparto del poder en la Argentina, son apenas actores secundarios que y cumplieron su rol útil, y si se confirman algunos resultados de las PASO serán reemplazados por otros más afines.

Y exactamente lo mismo le va pasar a la CGT que vendió paz social y resignación de las protestas a cambio de fondos para las obras sociales (que hoy ya no manejan a través de alguien de su confianza, como al principio) un blanqueo laboral que es una invitación a seguir desfinanciando a futuro la seguridad social, el levantamiento de las intervenciones a algunos sindicatos y el mantenimiento del modelo sindical, entendiendo por tal que el gobierno archive cualquier idea de algo parecido a la “ley Mucci” de Alfonsín; algo que nunca estaría dispuesto a hacer porque correría el riesgo de tener que enfrentar direcciones sindicales más combativas.

¿Será la moneda de cambio de tantos favores algún guiño sindical a la flexibilidad laboral, que de hecho ha empezado en algunos sectores como petroleros, mecánicos y la construcción?

Porque no crean ni uno ni otros (gobernadores, sus espadas en el Congreso, los dirigentes de la CGT) que el gobierno se desviará de sus objetivos, o cumplirá los pactos que cierre: más temprano que tarde los va a cagar como lo vino haciendo hasta ahora, porque está en su naturaleza, como la fábula de la rana y el escorpión; y cuando plantean un ajuste (que de la boca para afuera niegan), es ajuste para todos, pero sobre todo para las provincias.

Porque hay que generar los excedentes que permitan pagar la deuda que alegremente contrajeron todos, que pesa cada día más en las cuentas fiscales de la nación y de las provincias que se endeudaron, y que debe ser honrada para mantener aceitada la rueda del endeudamiento, que es el único elemento estructural que sostiene al modelo de Macri.

Y mientras todo esto sucede frente a sus narices a una velocidad que no parecen estar en condiciones de seguir, muchos están ocupando viendo que hacer con Cristina y como correrla de la cancha para el 2019, siendo como es la única con peso propio que se le planta a Macri, el que se los está fumando en pipa.