LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

domingo, 15 de octubre de 2017

EL CAMPO ES LA PATRIA, LA PATRIA FUMIGADA


Diciembre de 2015. Colonia Santa Anita, Provincia de Entre RíosUna fumigación aérea con glifosato (como tantas que se realizan diariamente en todo el país)  en las inmediaciones de la Escuela de la localidad, a causa de lo cual se intoxicaron la maestra Mariela Leiva y un grupo de alumnos.

Luego de la denuncia y el inicio del reclamo judicial por utilización de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la Ley 24.051, en éstos días el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión en suspenso por lesiones y contaminación ambiental culposa al presidente de la empresa fumigadora, al dueño del campo y al piloto del avión.

En la sentencia se refleja el modo en que se fumiga y como se desempeñan en el país los agentes vinculados a la actividad cerealera.

La empresa fumigadora tenía vencida la habilitación hacía más de un año y el avión fumigador no estaba registrado para volar en la provincia.  A ese tipo de prestadores responsables recurren los dueños de los campos y también los arrendatarios, buscando bajar costos,  del mismo modo que fumigan con preparados que resultan más económicos si la receta no la elabora un ingeniero agrónomo. Y con esos preparados sin ningún control se rocían los cultivos, pero también a las personas.

En la Provincia de Santa Fe, en marzo de 2009, vecinos del barrio Urquiza, ubicado en las afueras de la localidad de San Jorge, presentaron un amparo judicial para la  suspensión inmediata de las fumigaciones, amparo al que el Juez hizo lugar. Los productores sojeros, la Municipalidad de San Jorge y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
Ya en segunda instancia, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial  de Santa Fe, en Diciembre de 2009 resolvió mantener la prohibición y requirió al gobierno de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demostraran que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud, invirtiendo así la carga de la prueba, ya que antes eran los vecinos y campesinos intoxicados quienes debían demostrar los daños que sufrían en la salud, mientras los dueños de los agro negocios continuaban intoxicando a la gente.
En la causa, se deja constancia que el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe no elaboró ningún informe, lo que resultó un indicio de que no se puede probar la inocuidad de las fumigaciones. Por su parte, el Ministerio de Salud en su dictamen reconoció la disminución de afecciones en la zona durante la prohibición de fumigar.
Pero  detrás está el negocio. Y está Monsanto, comercializando productos altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el famoso Roundup, elaborado a base de glifosato.
Y no solo se afecta la salud de la gente. Como la producción de soja transgénica cada vez requiere un mayor uso de Roundup, en los campos que años atrás se utilizaba 1 litro por hectárea al año, algunos sostienen que hoy se utilizan entre 10 y 12 litros, lo que causa la compactación del suelo, provocando inundaciones porque el agua deja de filtrar.
En la causa de San Jorge, finalmente la sentencia estableció la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y un límite de 1500 metros si la aspersión es con avionetas.
Para poder extender a toda la provincia de Santa Fe ésta necesaria medida de protección de la salud de la población, se requiere la sanción de una ley.  En el mes de mayo de éste año, el diputado Carlos Del Frade presentó un proyecto de ley que genera una zona de resguardo sin fumigaciones de 1500 metros de las áreas urbanas de las ciudades y pueblos de la provincia.
El diputado expresó que “El proyecto le pone límite a un modelo de país basado en los intereses de las multinacionales que enferman la tierra y enferman a nuestro pueblo. La expectativa que tenemos es que alguna vez diputados y diputadas se pongan al servicio de los que los votaron y no de quiénes los usan”.
El proyecto de ley aún no ha sido sancionado. Quizás porque detrás está el negocio. Y está Monsanto.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Con la guita que levantan en cada cosecha, sin retenciones, y encima para bajar más los costos, envenenan a la gente. H de P.