JUSTO LO QUE ESTABA HACIENDO FALTA

Leemos en Ambito Financiero que en esa “tormenta de malas ideas” que es el coloquio de IDEA, hubo un apartado especial dedicado al financiamiento de la política, conducido por el CIPPEC, Poder Ciudadano y la RAP.

Sí, la misma RAP (“Red de Acción Política”) que hace poco en el programa ADN se demostraba que es una tapadera de la CIA y la NSA yanquis, para tener en todos los países de América Latina políticos que coman de su bolsillo, sin importar de que partido sean.

No hablemos ya de los mordedores del monedero público del CIPPEC, o la maravillosa “Poder Ciudadano” que nos legara a la incomparable Laura Alonso.

La cuestión es que en el cónclave “los empresarios” (¿cuáles, quiénes?) presentaron un proyecto de ley para eliminar las restricciones que hoy existen, y que impiden que las empresas financien a los partidos políticos.

La prohibición data del 2009, cuando la Ley 26.571 (la reforma política impulsada por Cristina que estableció las PASO) modificó a la Ley 26.215 (2006) de financiamiento de los partidos políticos, incorporándole el artículo 44 Bis que prohíbe expresamente que los partidos reciban aportes de personas de existencia ideal; lo que incluye a las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.

Profundizó así las restricciones que ya existían en el artículo 15 de la ley original del 2016, que referían a las empresas concesionarias de servicios públicos de la nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires, las que explotasen juegos de azar, las personas jurídicas extranjeras sin sede en el país, los gobiernos y entidades públicas de otros países, y las entidades sindicales, empresariales o patronales.

La excusa para presentar el proyecto es que la justicia electoral (es decir, los impresentables jueces de la Cámara Nacional electoral) dicen que no cuentan con la cantidad de personal necesario para controlar los gastos de campaña de los partidos, y calculan que el 80 % de los mismos en promedio son en negro, sin comprobantes o documentación que los respalden.

Es decir que lo que están proponiendo ahora es legalizar esa situación permitiendo los aportes, en lugar de mejorar los controles y hacerlos efectivos; y la iniciativa vendría acompañada con otros “chiches” caros al oenegeísmo noventoso, a saber: “Prohibir las inauguraciones durante las campañas, despersonalizar los avisos pautados en medios (con críticas al manejo kirchnerista), monitoreos "on line" para la rendición de gastos electorales, bancarización (hasta con tarjetas de crédito) para donaciones, y mayores plazos fueron parte de los ejes de discusión de la iniciativa. Límites máximos de dinero y exclusión de quienes tengan conflictos de interés directo, además de sanciones, completaron el panorama.”.

Si se habilitaran los aportes privados (de las empresas) al financiamiento de los partidos políticos, se profundizaría aun más la desigualdad en la disponibilidad de recursos para las campañas, y no hace falta ser adivino para saber en beneficio de quien, como tampoco a cambio de que “contraprestaciones”.

En el país de la Fundación Suma de Michetti y el gabinete de los CEO´s con conflictos de intereses a cada paso, ya no alcanzaría -al parecer- con que el poder económico haya colonizado el Estado para ponerlo a su servicio, sino que ahora podría hacer un leásing con los partidos, “comprándolos” de a poco para poder utilizarlos en el momento oportuno, a favor de sus intereses: un claro retroceso para una democracia que ya viene bastante cascoteada últimamente, acumulando un retroceso tras otro.

Un ejemplo de pago chico: acá en Santa Fe la Ley provincial 6898 de partidos políticos no prohíbe los aportes de las empresas, ni siquiera de las que son concesionarias de servicios públicos; y así fue como hace poco supimos que Monticas (la empresa de transporte que protagonizó la tragedia de la ruta 33) había aportado a lascampañas del socialismo.

Algo que quizás todavía le siga rindiendo frutos, de lo contrario no se entiende como desde el 2015 para acá llevan varios incendios intencionales en los que se quemaron 90 coches para cobrar seguros y borrar rastros, sin consecuencias.