Faltando tres meses para finalizar el año, los propios datos del INDEC confirman lo obvio: ya se superó la "meta de inflación" planteada por el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger, para todo el 2017.
En realidad, la banda superior de esa meta, que recordemos, oscilaba entre un 12 y un 17 % de inflación para todo este año. Hasta el propio FMI reconoce que la inflación final podría rozar el 27 %, es decir diez puntos más que la banda superior de las metas del gobierno, y más del doble de la banda inferior.
Ya en el 2016 había pasado lo mismo, cuando el gobierno sostenía -contra toda evidencia empírica comprobable en la historia del país- que la devaluación no sería trasladable a precios, porque estos ya estaban alineados con los valores del dólar "blue" vigente en tiempos de Cristina.
El resultado fue conocido: una inflación que superó el 41 % anual (la más alta desde el 2002), una pérdida de capacidad adquisitiva del salario real, las jubilaciones y la AUH que osciló entre un 6 y un 13 % (según el sector que se considere), en un proceso que con toda seguridad se repetirá éste año; en el que insólitamente -recordemos- el ministro Dujovne prometió que los salarios "ganarían por goleada".
Lo que supone que transcurrirá la primera mitad del mandato de Mauricio Macri con un objetivo del gobierno fracasado (reducir la inflación, lo que iba a ser "lo más fácil que tenga que hacer", según la promesa de campaña), pero otro plenamente cumplido: hacer retroceder el salario real, y producir una colosal transferencia regresiva de recursos, desde los sectores de ingresos fijos hacia los más concentrados de la economía.
Ya el año pasado el gobierno clausuró toda posibilidad de discutir salarios en paritarias en base a la inflación pasada (pedido elemental de los sindicatos, para recomponer el poder adquisitivo perdido), para hacerlo sobre la base de la futura, planteada en las "metas" de Sturzenegger.
Y este año y el que viene todo indica que sucederá lo mismo, porque así como Marcos Peña negó de plano la aplicación de las "cláusulas gatillo" pactadas en algunos acuerdos paritarios por si la inflación se disparaba, el Ministro de Modernización Andrés Ibarra acaba de decir que la negociación salarial en la paritaria estatal (ofrecida así como testigo para el resto) tendrá que darse dentro de las "bandas" planteadas por el Banco Central: de un 10 a un 15 %. Otra vez salarios, jubilaciones y asignaciones, a pérdida, por tercer año consecutivo.
Se podrá decir que al fijar nuevamente una meta de inflación imposible de cumplir Sturzenegger (el verdadero ministro de Economía de éste gobierno, en tanto intérprete fiel del genuino pensamiento económico de Macri) actúa como un obcecado talibán monetarista, imnune a una realidad que se resiste a su absurda teoría, y no se estaría faltando a la razón.
Pero más importante que eso es señalar que las "metas" de Sturzenegger expresan bastante mas que la evolución esperada por el gobierno de la inflación: están exponiendo en realidad el techo de los aumentos salariales permitidos, o la medida de la expoliación de la remuneración del sector trabajo, en beneficio del capital.
Así como aquella mega-devaluación inicial que trajo aparejada el levantamiento del "cepo" tendió a satisfacer lo reclamos de los dueños del país nucleados en la AEA y asistentes infaltables en los coloquios de IDEA (como Paolo Rocca, por ejemplo) de "abaratar" los salarios de los trabajadores argentinos porque "estaban muy caros en dólares", las "metas de inflación" de Sturzenegger tienen por objeto consagrar a mediano plazo un patrón redistributivo del ingreso de sesgo regresivo, a favor del capital; es decir de los verdaderos mandantes del gobierno de los CEOS.
Si el objetivo real fuera combatir la inflación, el gobierno no la alimentaría con más tarifazos que no se traducen en paralelo en una reducción del gasto público en subsidios, sino en un redireccionamiento de estos de los consumidores, hacia la petroleras y generadoras de energía; por poner solo un ejemplo.
Y esa nueva derrota del salario a manos de la inflación (que en una puja distributiva expresa la recomposición de márgenes de rentabilidad apropiados por el capital) es la pinza que cierra el apretón sobre los trabajadores, junto al nuevo pedido de Paolo Rocca y los suyos que el gobierno se apresta a satisfacer: la reforma laboral flexibilizadora que recortará derechos, y por carácter transitivo, nuevamente salario directo o indirecto, cerrando así el círculo.
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