ESTAMOS CLASIFICADOS PARA EL MUNDIAL DEL DISPARATE

Bonadío, denunciado en su momento por Nisman por encubrimiento del atentado contra la AMIA, quedó encargado de juzgar la denuncia de Nisman contra Cristina, por encubrimiento del atentado a partir de la firma del memorándum con Irán.

Una denuncia (la de Nisman) absurda por donde se la mire, descalificada jurídicamente con duros términos por trece jueces y camaristas, sacada del archivo por el grupo de tareas del gobierno en Comodoro Py, violando las más elementales nociones del derecho y el principio de la cosa juzgada.

Nisman, que en vida fue el principal encubridor del atentado, teniendo a su cargo la investigación de la causa durante más de 10 años sin producir ningún avance significativo, porque partió de entrada de la premisa de ignorar la pista siri y seguir la iraní; conforme a los dictados de los servicios de inteligencia de EEUU e Israel, que a su vez acordaron con el gobierno de Menem el rumbo de la investigación.

Una denuncia que lo sobrevivió, para generar dos causas “mellizas” donde con base en los mismos hechos, se investigan dos delitos distintos: el encubrimiento y la presunta traición a la patria; y en éste caso a su vez y para mayor absurdo, tampoco se ponen de acuerdo ni los medios, ni los jueces, ni los fiscales de que están hablando.

Porque la Constitución es muy precisa al respecto en su artículo 119, cuando dice que “...la traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro...”.

Que se sepa, no estábamos en guerra con Irán cuando se produjo el atentado, ni lo estuvimos antes, ni lo estamos ahora, 23 años después.

Y para el caso que se entienda que la “traición” devendría de la presunta asunción de la suma del poder público por Cristina por arrogarse funciones judiciales a través de la “comisión de la verdad”, el absurdo no es menor: la misma Constitución en ese caso en su artículo 29 equipara la pena a la de los traidores, pero no el delito; justamente esa es la razón por la que el artículo 119 es tan taxativo.

Sin necesidad de pasar siquiera por la puerta de ninguna Facultad de Derecho del país, basta con leer los dos artículos, así como los artículos 214 y 227 del Código Penal para comprender la diferencia, y el grado del disparate; a lo que hay añadir que si el delito fuese el de “concesión  de poderes tiránicos” (como se acusó a Perón en el 55’) lno se entiende porque no son juzgados los legisladores que aprobaron el memorándum, que además nunca entró en vigencia ni se puso en práctica.

Carrió –que no es senadora- plantea que si Cristina es procesada en esta causa por Bonadío (algo seguro, conociendo los antecedentes del sujeto), el Senado no debería dejarla asumir, justo ella que fue la autora de la Ley 25.320 (2000), conocida como “ley de fueros”, que establece el desafuero por la Cámara respectiva solo en caso de prisión preventiva, y no de un simple procesamiento.

Mientras todas estas payasadas ocurren, se tramita la causa oral por el verdadero encubrimiento del atentado a la AMIA en medio de la total indiferencia incluso de las autoridades de la DAIA y la AMIA, con el “Fino” Palacios (ex jefe de la Metropolitana designado por Macri) entre sus principales acusados.

El mismo “Fino” Palacios que Macri dice que le recomendaron el FBI, la CIA y el Mossad (los que aconsejaron apostar todas las fichas a la responsabilidad de Irán en el atentado), y que cuando fue designado además de espiar a los familiares de las víctimas del atentado al igual que Macri, era motivo de horror para Carrió; que decía que por esa -entre otras razones- no se juntaría con quien luego se juntó.

Ni hablemos del giro en la causa por la muerte de Nsman, donde las tramoyas judiciales apuntaron a la teoría del asesinato primero para pasar la causa al fuero federal, para luego involucrar a la Gendarmería en pericias absurdas y truchísimas, que pusieron al gobierno en deuda con la fuerza, por lo cual la tiene que bancar a como de lugar encubriendo su responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Que decir del hecho de que el mismo gobierno que fogoneó con una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (torciendo sus conclusiones, que dejaban en claro que no existían irregularidad) la insólita causa por “asociación ilícita” contra todo un gobierno que tramita Ercolini por las obras adjudicadas a Lázaro Báez, acaba de sacar un decretazo para privatizar Vialidad Nacional; y eximiendo a la sociedad anónima que ha de reemplazarla, de todas las normas públicas que le exigen hacer licitaciones para aprobar sus contratos, y de todos los controles que impone el régimen de administración financiera sobre sus actividades.

Todo un complejo entramado de arbitrariedades jurídicas para la historia universal del disparate, para darle una cobertura seudo legal a la persecución política contra Cristina; de la que no se bancaron que les ganara en las PASO cuando la daban por muerta (tanto que escamotearon el resultado tanto como pudieron), y que aun ganándole como anticipan las encuestas, tampoco se la bancan en el Senado llamando a las cosas por su nombre: estamos en manos de una verdadera asociación ilícita organizada para depredar el Estado, con rasgos autoritarios impropios de un gobierno democrático.

Tratan de proscribirla aun electa, como dignos herederos de la Fusiladora que son, que no solo derrocó al peronismo sino que a través del Decreto 4161/56 trató de instaurar el delito de opinión, prohibía nombrarlo y pretendió erradicarlo de la memoria de los argentinos y de la historia del país; como si no hubiera existido nunca.

O yendo más atrás en el tiempo, como los conservadores fraudulentos de antes de la ley Sáenz Peña y de la Década Infame, que se negaban a aprobar en el Congreso los diplomas de los legisladores opositores electos en los mismos comicios fraudulentos que ellos, por las mismas razones que ahora: que no queden voces en el Congreso que denuncien el saqueo del país, y su enfeudamientro al extranjero; hoy como entonces.