En el gobierno de los CEO's que se autodenominó a sí mismo "el mejor equipo de los últimos 50 años", Juan José Aranguren llegó al ministerio de Energía y Minería tras 30 años de carrera en la filial argentina de Shell, una de las multinacionales más grandes del mundo; de la cual ¿era, es aun? accionista.
La situación entrañaba un ostensible conflicto de intereses que ni a él ni al presidente que lo puso en su cargo les molestó o les pareció un impedimento: por el contrario, se trata de gente que no distingue entre los intereses de las grandes empresas y los del país, del que se sienten dueños, por derecho propio.
Cuando ese conflicto de intereses se hizo ostensible (porque Aranguren favoreció desembozadamente a sus ex empleadores en negocios con el Estado), tampoco causó demasiado escándalo en las filas oficiales, y no nos referimos al mamarracho de la Oficina Anticorrupción Kirchnerista que tiene a su cargo Laura Alonso: en un gobierno presidido por uno de los más conspicuos representantes de la patria contratista, que creció y prosperó al amparo de los negocios con el Estado, lo sorprendente hubiera sido que le reprocharan al ministro su comportamiento.
En sus años como empleado y luego CEO de los negocios de Shell en el país, Aranguren amasó una considerable fortuna personal, que siguiendo las pautas de su clase puso a buen resguardo en el exterior, y que acaba de decir que no piensa traer al país, hasta que éste no genere confianza; percepción que al parecer no cambia por el hecho de que siendo él parte del gobierno hace 28 meses, es uno de los responsables de generarla.
Tampoco esa actitud le mereció reproche alguno de parte del presidente, sino todo lo contrario: tal como hizo en su momento Peña con Caputo, lo elevó a la categoría de un héroe por haber abandonado su exitosísima actividad privada y comprometerse con sacar al país del pantano en el que lo dejaron las políticas populistas.
Nada que sorprenda, tratándose de un gobierno cuyos funcionarios (comenzando por el presidente) tienen buena parte de sus fortunas personales y familiares en el exterior; y frente al peligro de que se develaran las partes opacas de ese patrimonio, orquestaron el más grande blanqueo de capitales de la historia argentina, sin que los que blanquearan tuviesen la obligación de traer de vuelta su dinero al país.
En el gobierno de los ricos herederos que alaban la "meritocracia", tampoco debería sorprender que se elogie la capacidad de trabajo de Aranguren para acumular fortuna, omitiendo que la industria petrolera es (aun en los países de economías más abiertas) una industria de "mercados regulados", como le gusta decir a Pagni: sin una autorización expresa del Estado no se puede -simplemente- perforar un pozo para buscar petróleo.
Y se trabaja todo el tiempo con un recurso que es público, ejerciendo lobby sobre los Estado para que las regulaciones favorezcan al sector en todos los aspectos: volúmenes de producción, precios, posibilidad de exportar, disponibilidad de las divisas; es decir, todo lo que hace que una petrolera gane plata (y la reparta entre sus accionistas y empleados, como Aranguren que ¿es, fue? las dos cosas), depende de decisiones del Estado.
Por eso lo que viene haciendo Aranguren desde que asumió sus funciones, que le otorgan el poder de ser él el que dicte esas regulaciones, es el aspecto más importante para analizar en términos del debate político, mas allá de corruptelas y moralinas que pueden indignar (o hacer como que) incluso a más de uno que apoya al gobierno. Y en ese sentido, todos conocemos -por sus resultados- el particular modo que eligió para "resolver el despelote que le dejó el kirchnerismo" en materia energética, en palabras de Macri.
Aranguren como ministro volvió a dolarizar las tarifas como en los 90', transfirió subsidios de los usuarios de los servicios públicos a las petroleras y generadoras de energía, eliminó las retenciones y toda restricción a las exportaciones o importaciones de gas y petróleo, y orientó las prioridades de la política energética nacional no según los intereses del país y su desarrollo, sino los de los grandes jugadores del negocio; incluyendo por supuesto a sus ex empleadores.
Y todo eso lo hizo siguiendo expresas y precisas instrucciones de Macri, porque precisamente para que hiciera eso lo fue a buscar para integrar su gabinete; del mismo modo que todo lo demás (su cuantiosa fortuna en el exterior, sus posibles conflictos de intereses) eran perfectamente conocidos por Macri, y lejos de ser un impedimento para convocarlo, eran una virtud muy apreciada: la de la perfecta comunión de valores e intereses entre un CEO (el presidente) y sus gerentes (los ministros), en beneficio del rumbo que querían darle a la empresa (el país).
El "combo" Aranguren (es decir, la suma de sus condiciones y valores personales, sus ideas y su praxis como funcionario público) representan quizás como pocos al garca promedio argentino, en un gobierno repleto de garcas; y por eso Macri no duda en defenderlo, porque es exactamente igual que si se defendiera a sí mismo.
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