En medio de la discusión del presupuesto en Diputados, se coló de sopetón un artículo -que no estaba en el proyecto enviado por Macri al Congreso- por el cual las empresas licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual (radios, TV, sistemas de cable) pueden tomar lo que pagan en concepto de aportes patronales, como crédito fiscal a deducir de lo que deben pagar de IVA.
Cuando el presupuesto aterrizó en el Senado, Pichetto y los otros senadores del oficialismo aprovecharon para colar una reforma a las leyes de financiamiento de los partidos políticos y de campañas electorales; en el que entre otras cosas proponen reducir a la mitad los espacios publicitarios gratuitos que los medios deben ceder obligatoriamente a los partidos para los spots de campaña, conforme lo dispone la Ley 26.571 sancionada en el 2009.
Ahora, mientras todos los ojos estaban puestos en el Senado por la discusión del presupuesto, avanza en Diputados un proyecto presentado por Diego Bossio a la medida de Clarín y La Nación, los dueños de Papel Prensa: elimina 8 artículos de la Ley 26.736 sancionada en el 2011, para regular la producción, distribución y comercialización de papel para diarios.
El proyecto les apunta a esos artículos con la misma precisión quirúrgica con la que -por ejemplo- el DNU 267/15 dictado por Macri a los pocos días de asumir, desguazó todos los artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios) que le molestaban a Clarín, o afectaban sus intereses.
Así por ejemplo se derogarían los artículos 20 (que estipula un precio único para el papel por pago al contado), 21 (que estipula que los productores de papel prensa solo pueden fijar precios mayores cuando otorgan financiamiento para el pago), 25 (obligatoriedad para los fabricantes de presentar planes de inversión), 40 (cupos de producción para garantizar el acceso igualitario de los medios gráficos al papel) y 41 (posibilidad de que el Estado haga aportes para incrementar la producción y los capitalice como mayores participaciones accionarias en Papel Prensa).
Es decir, todos aquellos artículos que obstaculizan el poder dominante que Clarín y La Nación ejercen sobre los demás medios gráficos al tener la llave de la provisión de un insumo tan crítico, o que le permiten sostener al Estado como un socio bobo de la empresa, sin poder modificar sus estrategias comerciales o de mercado.
Tan precisa es la reforma, que cuesta creer que -al igual que el DNU de Macri antes citado- no haya sido directamente elaborada en las usinas del diario o del Grupo, y que simplemente "Sanguchito" Bossio le haya puesto gustoso el gancho, como si fuera de su autoría.
Fiel a su tradición histórica, Clarín obtiene ventajas de todos los gobiernos, sin importar su color político ni las circunstancias económicas, sociales o institucionales en las que las consigue: por el contrario, las situaciones de crisis le son excepcionalmente útiles para colar sus demandas hacia la corporación política; como lo comprueban el propio caso de Papel Prensa, la pesificación de deudas en dólares o la ley de bienes culturales que lo salvó de la quiebra a manos de sus acreedores extranjeros.
Los apoyos "transversales" que obtiene demuestran que se trata, nada más ni nada menos, que de una expresión eminente del poder permanente en el país, que trasciende a los gobiernos, y a los partidos. Acaso también su apuro por obtener estas prebendas casi sin solución de continuidad obedezca a que sabe que el experimento macrista no tiene demasiada cuerda por delante, ni tiene garantizada su perpetuación en el poder.
Y pensar que todavía hay gente que piensa que Clarín es solo un diario y nada más, y basta con no comprarlo ni leerlo, para abstraerse de su influencia en la vida cotidiana de los argentinos.
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