LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

domingo, 1 de marzo de 2020

GANAS DE PUDRIRLA


El diario de Nahuel Caputo sigue embarcado en su plan de lucha para conseguir pauta del gobierno de Perotti, actuando en tándem con la oposición, con eje en la discusión legislativa del proyecto de necesidad pública: en esta nota hacen un compilado de sus plumas en el que supuestamente pasan revista a la situación en torno al tema, del cual la conclusión está escrita de antemano: la culpa de que la ley no avance es exclusivamente del gobernador, y a lo sumo de Saín, que con sus declaraciones petardea los acuerdos.

No obstante que en toda la nota (insistimos: escrita por cuatro periodistas, en teoría) no se cita una sola fuente corroborable, información lo que se dice información, hay poca, tirando a nada. Por ejemplo no dicen que el senador Michlig (UCR) hizo de mandadero para hacerle llegar a los senadores del PJ y al gobierno, una "contra propuesta" de los diputados del Frente Progresista (de la cual en esta nota de uno de los escribas de Nahuel nada dicen), con la cual -en teoría- buscarían acordar la sanción de la ley.

¿Y que dice esa propuesta? Básicamente que si sale alguna ley de la Legislatura sobre necesidades públicas, no será para resolver las necesidades públicas ni del gobierno de Perotti, ni de la mayoría de los santafesinos. Por ejemplo elimina directamente de la ley a las contrataciones públicas; como consecuencia de lo cual  la facultad del Poder Ejecutivo de renegociar contratos desaparece, siendo que el mismo Lifschitz se la auto-otorgó por decreto en el 2016, en relación con los contratos comprendidos en la Ley 12510). 

Solo habilita renegociaciones si hay acuerdo con las empresas, pero atendiendo solo a la situación de estas, y no a la del Estado, que debe resguardar el interés público. Habilita  a reprogramar los plazos de las obras públicas solo hasta un 30% más del plazo original original o 180 días, lo que fuere menor; cuando la regla es que en las obras en marcha y sin terminar que dejaron, todos los plazos originales están excedidos por mucho más que eso. Establece que las obras definidas (por ellos, cuando eran gobierno) deben concluirse íntegramente, y elimina la facultad del Poder Ejecutivo de rescindir contratos. ¿Qué clase de ley de emergencia sería esa entonces? Una en la cual Perotti debe cumplir con los compromisos de Lifschitz con sus aportantes de campaña.

No levantan el tope del 40% del artículo 52 de la Ley de Presupuesto para que el gobernador puede transferir partidas de gastos de capital a gastos corrientes, con lo cual los fondos especiales que el proyecto del Ejecutivo crea para la emergencia alimentaria y social y la emergencia sanitaria y el fortalecimiento del Laboratorio de Fármacos Medicinales, no podrían constituirse ni funcionar. 

No prevé endeudamiento para el restablecimiento del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales) vaciado por la gestión de Lifschitz, lo que impacta sobre el sostenimiento en el tiempo del congelamiento de tarifas decretado por Perotti, y dificulta (si no imposibilita) implementar el boleto educativo gratuito: ambas políticas solo podrían sostenerse con ahorro de otras partidas de gastos corrientes (como sueldos, por ejemplo), porque no le permiten al mismo tiempo tocar las partidas de gastos de capital. 

No autoriza el endeudamiento que pidió el Ejecutivo, sino que modifica el que ya aprobaron ellos en el presupuesto, pero estableciendo destinos específicos: sobre un total de 18.000 millones de pesos de nuevos préstamos que habilitarían, 15.000 son destinados a municipios y comunas, y solo 3000 a la provincia para atender la cancelación de deudas con las empresas contratistas de obra pública, cuando solo en el Ministerio de Infraestructura y sin contar la EPE, el monto de lo adeudado (deudas que dejaron ellos) es el triple, y los propios diputados del FPCyS así lo reconocieron públicamente en conferencia de prensa. 

De esos 15.000 millones de endeudamiento de la provincia destinados a municipios y comunas para pagarles los montos del Fondo de Obras Menores que el gobierno provincial en la gestión Lifschitz no les transfirió en tiempo y forma, y para atender el pago de los certificados de obras de pavimentos urbanos distribuidos de acuerdo a la Ley 13751, con la cual más del 61 % de los fondos fueron a gobiernos locales del Frente Progresista.

Se modifica la Ley de Obras Menores 12385 retroactivamente al 1° de enero para incorporar a Santa Fe y Rosario (ambas gobernadas por el Frente Progresista)  y aumentar en un 50 % los recursos destinados al Fondo, que salen del presupuesto provincial; y se contempla que las Municipalidades que adeuden anticipos ordinarios o extraordinarios de coparticipación (el caso emblemático es Rosario, con más de 2050 millones de pesos) los puedan devolver hasta en 60 cuotas (cinco años) desde el mes de julio.

Los saldos no invertidos del Fondo de Obras Menores deja de ser para situaciones de emergencia climática y pasan a poder ser afectados a preservación de edificios de terceros  (entidades privadas), y se puede acceder a cobrarlos sin tener cumplimentadas las rendiciones de ejercicios anteriores. Finalmente le niegan las facultades al Ministerio de Seguridad de Marcelo Saín para poner en disponibilidad y pasar a retiro a personal policial, en plazos más breves que los que contempla la Ley 12521: la defensa de la gorra, un sello distintivo del socialismo. 

Salvo mejor opinión de los lectores, lo que se puede ver desde acá es: a) un intento bastante desembozado de gobernar desde la Legislatura, haciendo como si los resultados de las elecciones del año pasado no hubieran ocurrido, o b) ganas de pudrirla toda, mal, y echarle la culpa a Perotti. Total, voceros de prensa no les van a faltar, como éste (ex funcionario socialista) que ya pide el juicio político del gobernador, a dos meses de comenzado el gobierno:



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