NOS LO MERECEMOS POR BOLUDOS

Perfecto, quedamos así. A no quejarse después cuando salga. https://t.co/U2NI4wN8ti

— La Corriente K (@lacorrientek) March 30, 2020

Si hay una empresa y un empresario que están en boca de todo el mundo en éste momento son, respectivamente, el grupo Techint y su CEO Paolo Rocca, por los 1450 despidos que acaban de producir en una de sus constructoras con motivo de la pandemia y en medio de ella.

A ellos estuvo centralmente dirigida la advertencia sobre los despidos de Alberto Fernández en su mensaje del domingo, y de ellos fue -en nombre de la AEA y el poder económico- la amenaza abierta al gobierno para que levantara la cuarentena, y reanudara la normalidad de la actividad, aun a riesgo de perder más vidas humanas por el coronavirus.

Que Techint o alguna de sus empresas despida gente no es ninguna novedad: en tiempos de Macri (que acompañó a Rocca a Houston a inaugurar una planta industrial allá) despidieron a 270 empleados cuando se pararon las obras del reactor CAREM. La diferencia estuvo (o puede estar) en la respuesta del gobierno en cada caso.

Lo curioso (o no) es que ahora la respuesta al reto/advertencia presidencial no vino del propio Rocca (quien no suele rebajarse a esos extremos), sino de Miguel Angel Toma, el ex director de la SIDE y funcionario menemista, devenido miembro del directorio de Siderar, una de las naves insignia del hólding, pero en representación del Estado; que tiene a través de la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el 26 % de las acciones de la compañía.

Toma fue designado en esa condición por el gobierno de Macri, y aun continúa en funciones porque el gobierno nacional no lo removió de su cargo o no le pidió la renuncia, como tantos ñoquis VIP que el macrismo le dejó plantados, con sueldos astronómicos y presunta protección contra despidos por doble indemnización en tal caso. Para que se entienda: alguien que debió ser despedido con el cambio de gestión, y por negligencia política no lo fue hasta acá, es quien sale a la palestra a enmendarle la plata al presidente, y bancar los trapos del conglomerado de empresas que está despidiendo gente en forma masiva durante la pandemia. Tuit relacionado:

Preguntonta: este muñeco no seguirá siendo miembro del directorio de Tenaris Siderar en representación de ANSES porque no lo rajamos, no? https://t.co/XwK8VqmXQR

— La Corriente K (@lacorrientek) March 30, 2020

Por si todo lo relatado no bastara para tener en claro que hay algunas cosas (como la pandemia) que nos pasan por imperio de las circunstancias, y otras (como ésta) por boludos, recordemos la historia de la participación accionaria del Estado (a través del FGS de ANSES) en varias de las empresas más importantes del país; entre ellas Siderar del Grupo Techint, donde Toma forma parte hoy del directorio.

Esas participaciones eran de las AFJP, cuando en los 90' invertían en obligaciones negociables o ampliaciones de capital de las grandes empresas (como el propio Grupo Clarín), que se financiaban con "la plata de los jubilados", y por eso fueron grandes impulsoras del sistema de capitalización. Cuando en el 2008, en el gobierno de Cristina, liquida el sistema y se pasan los activos al FGS por la Ley 26425, junto con ellos vienen las acciones de varias empresas, entre ellas el 26 % de Siderar.

En el segundo mandato de Cristina, allá por el 2011 y frente a la negativa de las empresas (entre ellas Siderar) de designar directores de la ANSES en proporción a sus tenencias accionarias, la propia presidenta dictó el DNU 441, por el cual modificó el "techo" que creaba la Ley 24241 (la de las jubilaciones privadas) a los derechos políticos del Estado como accionista, según lo cual con independencia del porcentaje del paquete accionario que tuviera, a los efectos políticos dentro de la sociedad (por ejemplo para designar miembros en el directorio) esa participación se consideraba con un máximo del 5 %: ponía la plata (en realidad, los jubilados) pero no tenía acceso a participar del control social.

En ese momento Techint amenazó con ir a la justicia contra el DNU, pero terminó aviniéndose a cumplirlo, y así fue como Axel Kicillof fue designado en el directorio de Siderar, en representación del 26 % de las acciones que detenta el FGS. Cuando se ratificó en el Congreso el DNU 441, los entonces opositores y luego oficialistas en "Cambiemos" votaron en contra, o se abstuvieron; alineándose con los intereses del hólding de Paolo Rocca.

Lo mismo pasó cuando en el 2015 Cristina planteó al Congreso lo que luego sería la Ley 27181, que prohibía vender las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de ANSES en empresas privadas (entre ellas en Siderar); "cepo" a las privatizaciones que fue borrado de un plumazo apenas asumió Macri, con el artículo 35 de la Ley 27260, de blanqueo de capitales.

Un Macri que fue más lejos aun (con apoyo de parte de la oposición, al igual que en blanqueo) cuando en el 2018 modificó la Ley 26831 sancionada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina, para regular los mercados de capitales: con precisión quirúrgica y a pedido directo de la cúpula de la AEA (básicamente, Clarín y Techint) eliminó de un plumazo el artículo 20, que protegía los derechos de los accionistas minoritarios en las sociedades que cotizan en bolsa, como lo es el Estado en Siderar, en Papel Prensa (con el 28 % de las acciones) o en el propio Grupo Clarín (con el 9 % del capital). En ambos casos (blanqueo y reforma a la ley de los mercados de capitales) el kirchnerismo se opuso a los planes de Macri, a diferencia de otros sectores de la oposición.

¿Será acaso este momento, el de los 1450 despidos de una constructora de Techint en medio de la pandemia, el del abierto desafío no ya de Rocca sino de su empleado Toma al presidente, el de enmendar tantos errores, y dar mínimas muestras de autoridad, además de obligarlos a retrotraer los despidos? ¿Podrán revisarse en éste marco, y atento a la conducta del hólding, los millonarios subsidios estatales que recibe su petrolera Tecpetrol en Vaca Muerta? (Acá Zaiat nos refresca la memoria de la historia de prebendas del hólding)

¿O seguirán prevaleciendo viejas cuitas de los años kirchneristas (o viejas amistades del PJ porteño, por lo de Toma), aunque digamos que "es con todos", porque fue Boudou el que tuvo la idea de liquidar las AFJP, o Kicillof el que planteó la necesidad de hacer valer los derechos del Estado como accionista en esas empresas, o Cristina la que trató de evitar que se volvieran a privatizar esas participaciones sociales? Gran oportunidad para el presidente para demostrar lo contrario, y de paso, dar una respuesta aleccionadora al poder económico que desafía su autoridad, en momentos tan difíciles para el país y la sociedad; que da muestras de confiar en su liderazgo.