REFUTANDO LEYENDAS III

Continuamos con otra entrega de una sección de este blog que ya amenaza con convertirse en clásica: la destinada a refutar las leyendas circundantes respecto al alineamiento con el kirchnerismo en el Congreso de las diferentes "pymes" progresistas; a la hora de votar leyes impulsadas por el gobierno, tanto el de Néstor como el de Cristina.

En una primera entrega nos dedicamos al caso de la ley de medios, y en la segunda, a la reestatización de los fondos jubilatorios, y la liquidación del sistema de AFJP.; demostrando que la afirmación tan categórica de que esta buena muchachada al final son kirchneristas disfrazados, admite algunos matices no poco importantes.

Hoy nos vamos a ocupar de otro caso, vinculado al decreto 1722 dictado el miércoles por Cristina (cuya imagen tomada del Boletín Oficial ilustra el inicio del post); por el cual se exige a las empresas petroleras y mineras liquidar en el país la totalidad de las divisas provenientes de sus operaciones de comercio exterior.   

Como se puede ver en las partes resaltadas del decreto, el Poder Ejecutivo nacional lo dictó en uso de las atribuciones que le otorga la Ley 25.561 para dictar regulaciones en materia cambiaria, algo que en principio sería competencia del Congreso. 

En este post se explicó en detalle el asunto; anticipando lo que ahora se vendrá: la discusión en el Congreso de la prórroga de la ley, que no es la de emergencia económica como la suelen llamar los medios (no existe tal cosa hoy), sino de Emergencia Administrativa y Reforma del Régimen Cambiario, como que fue la norma dictada en el 2002 para salir del esquema de la Convertibilidad.

Desde los distintos sectores del "progresismo" como Proyecto Sur, Libres del Sur y otros que hoy están dentrlo o fuera del FAP que levantó la candidatura de Binner en las pasadas elecciones, se venía reclamando la medida, junto a otros controles a las petroleras y mineras. 

Incluso Claudio Lozano (al igual que Ricardito Alfonsín) acaba de decir que la medida es acertada, pero como no podía ser de otro modo tratándose de él, insuficiente,

Pero sucede que, como dijimos, la medida se sustenta en la Ley 25.561, que vence en diciembre de este año, y fue prorrogada por última vez en el año 2009; con lo que cabe preguntarse como votaron Lozano y los demás "progres" la última vez que se discutió el asunto en el Congreso.

Acá pueden ver la parte pertinente del acta de la sesión en Diputados:

Por si la imagen no es clara: todos votaron en contra.

Y cuando decimos todos, son todos: los socialistas, los de Proyecto Sur como Lozano, los de Liebres del Sur como Victoria Donda y Cecilia Merchán, los del GEN de Stolbizer, los del SI de Macaluse (empezando por el propio Macaluse), y hasta el amigo Bonasso, tan preocupado él por lo que hacen las mineras.

Y los que no votaron en contra es porque estuvieron ausentes, como el caso de Roy Cortina (Partido Socialista de la CABA, reelecto el domingo por el FAP); o Mónica Fein (PS, Santa Fe), entonces diputada y hoy intendenta electa de Rosario, igual pasó con el socialista entrerriano Lisandro Viale.

Lo que implica que la ley salió gracias a los votos del Frente Para La Victoria y sus aliados (hasta algunos "progres" amigos como Raimundi y Basteiro votaron en contra), porque obviamente la UCR, la Coalición Cívica, el hoy extinto peronismo federal y el PRO, también votaron en contra.

Eso quiere decir que, si hubieran ganado la votación, la Ley 25.561 no se hubiera prorrogado, hoy no estaría vigente y Cristina no podría haber sacado el decreto que sacó el miércoles.

Vamos a ver como se portan cuando se discuta la nueva prórroga, lo mismo que la de la Ley 26.217, para seguir con las retenciones móviles a las exportaciones petroleras. 

Siempre están a tiempo de redimirse los muchachos.